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El Comité Económico y Social Europeo, que en octubre comienza su mandato 2020-2025, contará con 137 nuevos miembros de un total de 329.

Los nuevos miembros del CESE iniciarán su mandato bajo las limitaciones de la COVID-19. Ante el repunte de las tasas de infección en toda Europa, el distanciamiento social y las reuniones híbridas seguirán siendo la norma en Bruselas.

Los 329 miembros del CESE se renuevan cada cinco años. Esta vez se estrenarán en sus funciones más del 40 %, que aportarán, con su trabajo junto a los miembros que repiten mandato, una nueva visión, ideas y energía.

Las mujeres representarán el 33 % de los miembros de este nuevo período, frente al 27,30 % del último y el 24,70 % del de 2010-2015. Los países con mayor número de mujeres son Estonia, con un 85,71 %, y la República Checa y Croacia, con un 66,67 %. En el otro extremo de la escala figuran Portugal y Chipre, sin mujeres entre sus miembros. Suecia cuenta con un perfecto equilibrio de género.

La miembro más joven tiene 27 años, y el de mayor edad, que presidirá el pleno que elegirá el nuevo equipo que liderará el CESE, 76.

Los miembros son nombrados por el Consejo, por un período de cinco años, sobre la base de la propuesta de los Estados miembros. La lista completa de miembros del nuevo mandato —que abarcará el período de 2020 a 2025— estará disponible en breve en el sitio web del CESE.

Los 329 miembros, nuevos o que repiten mandato, tienen previsto reunirse por primera vez en Bruselas el 27 de octubre. El 28 de octubre elegirán a un nuevo presidente y a dos vicepresidentes, encargados estos últimos de la comunicación y el presupuesto, por un período de dos años y medio. 

El cargo de presidente rota entre los tres Grupos del Comité (Empresarios, Trabajadores y Diversidad Europa). Los dos anteriores fueron elegidos del Grupo de los Trabajadores y del de Diversidad Europa.

Cada miembro se incorporará a uno de los tres Grupos, los cuales elegirán también a su presidente por un mandato renovable de dos años y medio.

El papel principal del CESE es asesorar a los legisladores de la UE (la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo) sobre proyectos de políticas y actos legislativos mediante la labor de seis secciones y una comisión consultiva, que abarcan una amplia gama de ámbitos políticos, como los de asuntos sociales, económicos, agrícolas, medioambientales y de transporte. (dm)

El 17 de septiembre, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) celebró el final de su mandato en una ceremonia que tuvo lugar durante su último pleno, antes del comienzo del nuevo mandato en el mes de octubre. Luca Jahier, presidente del CESE desde abril de 2018, expresó su agradecimiento a todos los miembros y destacó la importancia que reviste la contribución al proyecto europeo de las organizaciones de la sociedad civil representadas en el CESE.

En su último discurso como presidente, Luca Jahier se refirió a las principales prioridades de su mandato, a saber, el desarrollo sostenible, unas relaciones más estrechas entre la UE y África, la ampliación de la UE y la cultura como elemento unificador en Europa. Destacó, asimismo, la contribución del CESE, durante los últimos años, a la resolución de los problemas a los que se enfrenta la UE, por ejemplo, erigiéndose en la primera institución europea en proponer una Unión Europea de la Salud. Por otra parte, expresó su esperanza de que el CESE pueda participar activamente en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, propuesta por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió un mensaje de vídeo en el que elogió la «excelente labor» realizada por el CESE en el último lustro y su importante contribución al procedimiento legislativo de la UE. David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, también transmitió un videomensaje en el que expresaba su voluntad de colaborar más estrechamente con el CESE para establecer un diálogo estructurado con la sociedad civil organizada. Klara Dobrev, vicepresidenta del Parlamento Europeo, tomó la palabra en el pleno del CESE e hizo hincapié en el hecho de que «nada cambiará en el mundo si no contamos con el apoyo de los ciudadanos; y la función del CESE es interactuar con la sociedad civil organizada y la gente real, todos con contextos y necesidades diferentes». (dgf)

La pandemia de coronavirus está causando estragos en el sector del turismo europeo. En un nuevo Dictamen, el Comité Económico y Social Europeo afirma que, si la UE no interviene rápidamente, en seis meses podría haber desaparecido la mitad de las empresas.

En un Dictamen de Panagiotis Gkofas, aprobado en septiembre, el CESE señala que la crisis de la COVID-19 hace necesaria la actuación de la UE para mantener a flote a las empresas turísticas y garantizar el empleo a sus trabajadores. Y no hay tiempo que perder: si se dejan pasar otros seis meses, la mitad de estas empresas podría haber echado el cierre.

Para respaldar sus afirmaciones, el CESE realizó este verano una encuesta en línea en la que participaron 175 organizaciones en representación de miles de empresas turísticas de toda la UE que proporcionan empleo a cientos de miles de trabajadores.

Sus respuestas al cuestionario del CESE reflejan una situación de catástrofe inminente.

El 88,2 % de las entidades encuestadas asegura que se han visto afectadas «muy negativamente» por la crisis de la COVID-19, el 80,6 % afirma que sus efectos a largo plazo serán aún más duros para ellas, y el 45 % cree posible su supervivencia en 2021.

El Dictamen se elaboró en respuesta a la Comunicación de la Comisión Europea El turismo y el transporte en 2020 y en adelante.

Se estima que el sector turístico de la UE está perdiendo unos mil millones de euros de ingresos mensuales y podría ver desaparecer 6,4 millones de empleos en 2020 como consecuencia de la COVID-19.

Para reactivar el sector, el CESE considera que la UE debe actuar sobre todo para restablecer la confianza de los ciudadanos en la seguridad de los desplazamientos.

En tanto no exista una vacuna, el CESE respalda la idea de un pasaporte sanitario de la UE con armonización del formulario de localización de pasajeros (passenger locator form o PLF) y de los códigos QR, así como una plataforma multilingüe de asistencia sanitaria.

Las personas podrían utilizar el código QR para acceder a información y servicios sanitarios en el país que visitan, incluido el acceso de emergencia a los sistemas sanitarios y de seguridad social.

Otra de las máximas prioridades es proporcionar liquidez a las empresas turísticas y a sus trabajadores lo antes posible, ya que la falta de tesorería amenaza directamente su supervivencia.

En opinión del CESE, el programa SURE para mitigar el desempleo debería cubrir a los parados del sector turístico y proporcionar compensación salarial a las pymes, al menos. hasta el 30 de junio de 2021.

El Comité también considera que la UE debe implantar un mecanismo de seguimiento de la aplicación de las medidas de apoyo, ya que muchas de las entidades participantes en la encuesta se quejaron de que, tras el anuncio de la UE de que pondría fondos a disposición del sector, no se había recibido ninguna ayuda económica. (dm)

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado un Dictamen titulado Salarios mínimos dignos en toda Europa, con el que contribuye al debate en curso al respecto en toda la UE.

El Parlamento Europeo solicitó este Dictamen exploratorio después de que la Comisión manifestara su intención de proponer un instrumento jurídico para garantizar que todos los trabajadores de la UE tengan derecho a un salario mínimo que permita tener un nivel de vida digno.

En su Dictamen, el CESE aboga por unos salarios mínimos justos que —acompañados de políticas de inclusión activas, integradas y centradas en la persona— podrían ayudar a reducir la pobreza entre los trabajadores que la sufren.

No obstante, hace hincapié en que cualquier iniciativa de la UE en ese sentido deberá basarse en un análisis preciso de la situación en los Estados miembros y respetar plenamente el papel de los interlocutores sociales y su autonomía, así como los diferentes modelos de relaciones laborales.

Sobre el camino a seguir, los tres Grupos del CESE, que representan respectivamente a los empresarios, a los sindicatos y a las organizaciones de la sociedad civil de la UE, han expresado puntos de vista divergentes.

En nombre del Grupo de Empresarios del CESE, el ponente, Stefano Mallia, afirmó: «El Grupo de Empresarios considera que la UE no tiene competencias en materia de salarios —y, en particular, en materia de niveles salariales— y que la fijación de salarios mínimos es un asunto nacional y se lleva a cabo conforme a las características específicas de los respectivos sistemas nacionales. Debe evitarse cualquier acción equivocada por parte de la UE, especialmente en este momento concreto. Cuando los interlocutores sociales necesiten apoyo, deberíamos buscar el modo de abordar las necesidades concretas promoviendo el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de capacidades, sin caer en la trampa de imponer un modelo único que podría tener graves consecuencias negativas».

En representación del Grupo de Trabajadores del CESE, el ponente Oliver Röpke afirmó: «Garantizar que los trabajadores de toda la UE disfruten de salarios mínimos dignos debe ser parte esencial de la estrategia de recuperación de la UE. Para el Grupo de Trabajadores es indiscutible que todos los trabajadores deben estar protegidos por salarios mínimos justos que permitan un nivel de vida digno dondequiera que trabajen. La negociación colectiva sigue siendo la forma más eficaz de garantizar salarios justos, y también debe reforzarse y promoverse en todos los Estados miembros. Por ello celebramos que la Comisión reconozca que hay margen para que la UE promueva el papel de la negociación colectiva en apoyo a la adecuación y la cobertura del salario mínimo». (ll)

La emergencia climática a la que se enfrenta hoy el planeta ha movilizado a millones de jóvenes en todo el mundo, muchos de los cuales se ven profundamente afectados por la amenaza que supone para su futuro. Al mismo tiempo, son los jóvenes quienes han demostrado en repetidas ocasiones su energía, creatividad y motivación a la hora de combatir los actuales modelos insostenibles e incitar a los responsables de la toma de decisiones a adoptar políticas ambiciosas. No obstante, sigue existiendo un gran trecho entre prestarles oído y obrar en consecuencia.

Mediante este Dictamen, el CESE pretende reducir esta brecha, pues considera esencial que la juventud participe de forma estructurada y formal en todas las etapas de los procesos decisorios de la UE.

«Europa, y el mundo, necesitan ambición, liderazgo y acción. Nuestros sistemas se basan en tomar prestado del futuro; ha llegado el momento de empezar a invertir en él», recalcó Cillian Lohan, ponente del Dictamen.

En este contexto, el CESE propone constituir mesas redondas sobre clima y sostenibilidad dirigidas a los jóvenes, organizadas por el propio Comité en colaboración con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, así como la incorporación de un delegado de los jóvenes a la delegación oficial de la UE en las reuniones de la CP en la CMNUCC.

Se trata de una oportunidad, que se da una sola vez en cada generación, para corregir las desigualdades sistémicas y avanzar hacia un futuro mejor. (mr)

Hace varios años que el CESE está en primera línea a la hora de impulsar una política alimentaria integral para la UE, con el fin de proporcionar dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles, que vinculen la agricultura con la nutrición y los servicios de los ecosistemas y que garanticen que las cadenas de suministro protejan la salud pública de toda la sociedad europea.

A juicio del Comité, estos objetivos no se ven suficientemente reflejados en la estrategia «de la granja a la mesa» propuesta.

Una de las herramientas más importantes para llevar a cabo la estrategia es el presupuesto de la política agrícola común (PAC), ya que representa alrededor del 40 % del gasto total de la UE. Por consiguiente, el presupuesto de la PAC debe incrementarse de acuerdo con los objetivos citados.

Por otra parte, la estrategia no aborda la gestión sostenible del suelo ni el acceso al suelo, uno de los principales obstáculos para la renovación generacional de la población agrícola. Al mismo tiempo, la función de apoyo a la renta de los pagos de la PAC es vital y seguirá siéndolo en los próximos años, aunque se adopten medidas para garantizar que los precios de los alimentos reflejen los costes de producción reales.

Otra gran preocupación para los agricultores de la UE es que tienen que competir con productos importados que no cumplen los criterios de sostenibilidad establecidos. En consecuencia, el CESE pide a la UE que vele por una verdadera reciprocidad de las normas en los acuerdos comerciales preferenciales.

Europa y el resto del mundo tienen un largo camino por recorrer para ser completamente sostenibles. Europa cuenta con los instrumentos y conocimientos técnicos necesarios para ello. Demostremos que también tenemos la voluntad política y el compromiso necesarios, y mostremos el camino a los demás.(mr)

El Comité Económico y Social Europeo insta a la UE y a los Estados miembros a que trabajen para clarificar las condiciones de empleo en la economía de las plataformas, ya que la ausencia de definiciones normalizadas del estatuto tanto de los trabajadores como de los empleadores puede complicar la aplicación de la legislación laboral y el ejercicio de muchos derechos de protección del empleo.

Los principales conceptos que necesitan aclararse son aquellos que definen a las plataformas como «intermediarios entre la oferta y la demanda» en vez de «empleadores». Esto hace que los trabajadores sean considerados «trabajadores por cuenta propia» en vez de «trabajadores por cuenta ajena», lo que a menudo les priva de protección sanitaria y jurídica, incluida la salud y la seguridad en el trabajo o la protección del empleo, cuya importancia ha puesto de manifiesto en particular la pandemia actual.

Para determinar si un empleado es «trabajador por cuenta propia» o «trabajador por cuenta ajena», el CESE afirma que la UE y los Estados miembros deberán guiarse por el concepto de dependencia económica y subordinación. También señala que la UE y los Estados miembros deben examinar con cuidado la adopción del principio según el cual se presupone que un trabajador de una plataforma es un trabajador asalariado hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, los auténticos trabajadores independientes deberían poder conservar su estatuto si así lo desean.

Aunque entre las ventajas de la economía de las plataformas el CESE cita la flexibilidad y la autonomía del trabajo así como la posibilidad de garantizar un ingreso suplementario a los trabajadores y permitir la participación en el empleo de personas vulnerables, advierte también de que entraña riesgos que no pueden minimizarse.

Aparte de los trabajadores que pueden ver como se les deniegan sus derechos básicos, incluidos los derechos de organización y negociación colectiva, también se ciernen amenazas sobre la sociedad en su conjunto, dado el aumento del riesgo de una competencia basada en recortar los estándares sociales, con las consiguientes consecuencias perjudiciales, tanto para los empleadores, sujetos a una presión competitiva insostenible, como para los Estados miembros, que se privan de ingresos fiscales y cotizaciones a la seguridad social

EL CESE expuso todos estos argumentos en su Dictamen Trabajo digno en la economía de plataformas, elaborado a petición de la Presidencia alemana de la UE y aprobado en el pleno de septiembre. El ponente del Dictamen fue el miembro portugués Carlos Manuel Trindade. (ll)

Desde 1992, la UE ha estado intentando ejecutar estrategias en materia de biodiversidad sin resultados significativos. Ello se debe principalmente a la aplicación incorrecta del marco jurídico y a la insuficiente financiación de las medidas necesarias.

El CESE acoge con satisfacción el compromiso renovado de la Comisión y el esfuerzo que realiza para elaborar una Estrategia sobre Biodiversidad para 2030 como uno de los itinerarios hacia el Pacto Verde Europeo. 

Como señalan el ponente Antonello Pezzini y el coponente Lutz Ribbe, esta Estrategia es el camino que hay que recorrer para que la biodiversidad europea ocupe un lugar central en la recuperación tras la pandemia de COVID-19, en beneficio de las personas, el clima y el planeta, para reintegrar la naturaleza en nuestras vidas.

La UE tiene que incrementar de forma significativa los esfuerzos destinados a proteger los recursos naturales que todavía existen, mediante campañas de concienciación y comunicación. El CESE considera igualmente necesario ampliar el tamaño de los espacios protegidos y, en particular, los que son objeto de una protección estricta para recuperar los hábitats y combatir el declive de las especies.

El CESE insiste, además, en que la protección de la biodiversidad no puede, desde el punto de vista económico, recaer en los agricultores y los propietarios de bosques. El suministro de este «bien y valor público» debe convertirse más bien en una interesante oportunidad de ingresos para estos.

Con vistas a la próxima Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad prevista en China en 2021, aún queda mucho por hacer para salvaguardar la biodiversidad del planeta. Ha llegado el momento de que Europa asuma su papel de liderazgo y convenza a las demás partes de que vale la pena seguir las estrategias adoptadas. (mr)

La actual crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad de las cadenas de suministro mundiales. Del mismo modo, ha dejado patente la vulnerabilidad de los trabajadores y las repercusiones adversas —en materia social, de salud y de seguridad— que entrañan las operaciones comerciales en las cadenas de suministro actuales. En un momento crucial para la adopción de políticas concretas y la toma de decisiones, la Presidencia alemana de la UE y el Parlamento Europeo han solicitado al CESE que formule sus recomendaciones. En dos Dictámenes aprobados en su pleno de septiembre, el Comité solicita a la Comisión Europea que elabore un plan de acción europeo y plantee unas normas de diligencia debida obligatorias para las cadenas de suministro mundiales.

En un Dictamen exploratorio, el CESE pide un plan de acción europeo en relación con los derechos humanos, el trabajo digno y la sostenibilidad en las cadenas de suministro mundiales, con la mirada puesta en una legislación intersectorial vinculante de la UE sobre la diligencia debida en el ámbito de los derechos humanos y la conducta empresarial responsable. Una definición amplia debería abarcar los derechos humanos —incluidos los derechos laborales y sindicales— y basarse en una serie de instrumentos internacionales.

Paralelamente a sus actividades relativas a este plan de acción, el CESE ha venido asesorando al Parlamento Europeo en lo referente a una iniciativa jurídica europea que introduzca la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos y repercusiones medioambientales en las prácticas empresariales. Con esta iniciativa, anunciada por el comisario Didier Reynders en abril de 2020 y prevista para 2021, las empresas que operan en la UE estarán obligadas jurídicamente a detectar, prevenir, mitigar y notificar las repercusiones negativas de sus actividades a efectos de los derechos humanos y de los trabajadores, así como del medio ambiente. (dgf)

Para la economía de la UE, donde al menos 30 millones de empleos dependen de la disponibilidad de materias primas, el acceso sostenible a estas —en particular metales, minerales industriales y materias primas para la construcción, pero especialmente materias primas fundamentales— reviste una enorme importancia. La actual pandemia de COVID-19 está poniendo de relieve la importancia de la transformación digital. 

En su pleno de septiembre, y en un momento crucial para la aplicación del Pacto Verde Europeo y el plan de recuperación de la UE, el CESE aprobó el Dictamen de iniciativa La minería digital en Europa: nuevas soluciones para la producción sostenible de materias primas.

En dicho Dictamen, el CESE recomienda la digitalización del sector de las materias primas de la UE como oportunidad singular para reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro industriales europeas, mejorar el desempeño medioambiental del sector de los minerales, y potenciar la transparencia y el diálogo con los ciudadanos y las comunidades afectadas por las actividades mineras.

El ponente del Dictamen, Marian Krzaklewski, afirma «que la transformación digital del sector minero exige un esfuerzo ambicioso para introducir cambios legales y normativos y que dicho esfuerzo debe llevarse a cabo bajo los auspicios de organizaciones supranacionales y en el ámbito del derecho internacional».

El CESE señala la importancia de disponer de una red global exhaustiva de información especializada sobre minerales para sostener la transformación digital y la toma de decisiones con conocimiento de causa a escala de la UE. El Centro Común de Investigación (CCI) está impulsando el establecimiento y mantenimiento de un sistema de información europeo sobre materias primas, un esfuerzo que el CESE reconoce.

El CESE considera que la UE y los Estados miembros tienen que apoyar activamente la transformación digital del sector minero de la Unión. Se trata de un paso crucial para aumentar la resiliencia de la industria de la UE y de la cadena de valor de las materias primas. Las minas que utilizan tecnologías digitales, como la automatización integrada, las redes cognitivas y el uso de análisis en tiempo real, son más eficientes, limpias y seguras. La reducción de las huellas ambientales y los entornos más seguros resultan más fáciles de lograr en las «minas inteligentes», y esto es crucial para obtener la licencia social que permita operar en Europa. (ks)

El CESE pide a la Comisión Europea que elabore una hoja de ruta exhaustiva para la recuperación del sector europeo de la aviación en su conjunto, con recursos específicos para apoyar a todos los subsectores y a sus plantillas. En este Dictamen, elaborado por Thomas Kropp y aprobado en el pleno en septiembre, el Comité señala la necesidad de dar una respuesta política ambiciosa y coordinada que establezca una distinción clara entre la fase inicial de recuperación del sector de la aviación a corto plazo, y la necesidad de asegurar la competitividad internacional y la igualdad de condiciones a medio-largo plazo.

Paralelamente al pleno, el Sr. Kropp comentó: «Aunque la aviación ya se ha enfrentado a crisis anteriores, esta no tiene precedentes. Según las estimaciones actualizadas, la recuperación del sector no se producirá antes de 2024. Ni las instituciones europeas ni los organismos internacionales han sido capaces de coordinar las medidas reguladoras para establecer normas internacionales. La aviación no se circunscribe a las compañías aéreas: abarca también otros agentes importantes como, por ejemplo, aeropuertos, proveedores de servicios de navegación aérea, servicios de asistencia en tierra y otros proveedores de servicios, de manera que al buscar soluciones hay que tener en cuenta a todos ellos».

En general, el Comité pide a la Comisión que busque y mantenga un buen equilibrio entre las medidas de recuperación necesarias para superar la crisis del coronavirus y los requisitos financieros derivados del Pacto Verde Europeo, evitando la imposición de cargas normativas adicionales, en particular en la fase de recuperación, cuando el conjunto del sector está extremadamente debilitado en términos financieros.

La transición energética requiere una visión política clara, ya que no es únicamente una cuestión tecnológica, sino también un profundo desafío social. En el Dictamen elaborado por Lutz Ribbe y Thomas Kattnig, adoptado en su pleno de septiembre, el CESE hace hincapié en que el futuro sistema energético europeo deberá contar con elementos tanto centralizados como descentralizados, pero la manera de organizarlo no debe conducir a la arbitrariedad.

Durante el debate, el Sr. Ribbe afirmó: «Se necesita una orientación clara acerca de la prioridad de la descentralización o de la centralización. En efecto, la transición energética europea necesita, sobre todo, seguridad en las inversiones, tanto para el sector público como para los agentes privados, lo que solo puede lograrse con decisiones fundamentales claras».

Abundando en el mismo sentido, el Sr. Kattnig añadió: «Debe garantizarse la participación de los trabajadores y los sindicatos, así como la de los consumidores y consumidoras en esta transición energética, prometida por los responsables políticos y que el CESE reclama expresamente. No obstante, en este punto, la Comisión y los Estados miembros dejan sin responder más preguntas de las que responden. Y lo que es más, las iniciativas en materia de política energética emprendidas en la actualidad impedirán, en lugar de fomentar, una amplia participación de los ciudadanos».

Todos los sistemas, ya sean centralizados o no, presentan ventajas e inconvenientes. En un sistema centralizado, es habitual que el valor añadido se concentre en unos pocos agentes. En cambio, en un sistema descentralizado, los consumidores podrán participar de la creación de valor añadido como clientes activos, comunidades ciudadanas de energía, agricultores, pymes y empresas municipales. (mp)

La revisión de la gobernanza económica acometida por la Comisión Europea en 2020 resulta oportuna y debería allanar el camino para una reforma integral, haciendo un «giro» hacia un marco revisado y reequilibrado en lugar de una «vuelta a la normalidad». En un Dictamen elaborado por Judith Vorbach y Tommaso Di Fazio, adoptado en su pleno de septiembre, el CESE señala la necesidad de una nueva política económica a escala de la UE, que esté centrada en la prosperidad para promover el bienestar de la ciudadanía y en una serie de objetivos fundamentales, entre ellos, el crecimiento sostenible e inclusivo, el pleno empleo y el trabajo digno, un reparto equitativo de la riqueza material, la salud pública y la calidad de vida, la sostenibilidad medioambiental, la estabilidad del mercado financiero, la estabilidad de los precios, unas relaciones comerciales equilibradas, una economía social de mercado competitiva y unas finanzas públicas estables.

Urgiendo a la Comisión y a los Estados miembros a reanudar su reflexión sobre la legislación en la UE vigente como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la Sra. Vorbach afirmó: «Tenemos que revisar y modernizar urgentemente el marco de gobernanza económica. Debe ser más equilibrada y otorgar prioridad a la prosperidad, promoviendo el bienestar de la población europea. Nadie debe quedarse atrás. Una manera de lograrlo consiste en aplicar la "regla de oro" de la inversión pública para salvaguardar la productividad, así como la base social y ecológica por el bienestar de las generaciones futuras. Otros aspectos importantes estriban en garantizar unos ingresos públicos suficientes, instaurar una política fiscal justa y mitigar la influencia de indicadores cuestionables desde el punto de vista económico en la formulación de las políticas. Es igualmente esencial implicar en mayor medida al Parlamento Europeo, a los interlocutores sociales y a la sociedad civil en su conjunto».

Abundando en el mismo sentido, el Sr. Di Fazio afirmó: «La crisis de la COVID-19 constituye una enorme perturbación que requerirá el despliegue de todo el arsenal de recursos financieros. Hay que armonizar los objetivos para contener las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia y repartir la carga de los daños que ha ocasionado de manera equitativa, tanto dentro de los Estados miembros como entre ellos. Ya se han establecido medidas a corto plazo, como la activación de la cláusula general de salvaguardia contenida en el marco presupuestario. Sin embargo, en lugar de una "vuelta a la normalidad" demasiado apresurada, debemos ir más allá y dar un "giro" hacia una visión económica renovada, que estimule la inversión en formación, investigación y desarrollo, así como en actividades productivas estratégicas». (mp)

La recién revisada Agenda Territorial de la UE debe afrontar los efectos de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, y la política de cohesión podría ser la herramienta adecuada para abordar la recuperación económica de Europa. En dos Dictámenes adoptados en su pleno de septiembre, el CESE hace balance de las políticas territoriales de la UE y esboza el camino a seguir.

En el primer Dictamen, Petr Zahradník y Roman Haken se centran en la revisión de la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles y suscriben los llamamientos que figuran en la Agenda Territorial 2030 para crear una Europa justa y verde, reforzándose además la dimensión territorial de todas las políticas a todos los niveles de gobierno.

A la escala local, las palabras clave con vistas al futuro han de ser integración, sostenibilidad y resiliencia de las ciudades y regiones. Durante el pleno, Petr Zahradník afirmó: «El potencial para poner en marcha proyectos integrados en el marco del desarrollo territorial y urbano es inmenso, así como las ventajas que presenta un planteamiento de este tipo en cuanto a la sinergia de sus efectos, la disminución de las cargas y la interconexión funcional del contenido».

Por su parte, Roman Haken añadió: «Si consideramos los efectos del cambio climático, el uso de los recursos y la necesidad de reducir los riesgos medioambientales, no se pueden tratar de manera aislada de la sostenibilidad y la resiliencia de las ciudades y las regiones. Por ello, el CESE recomienda garantizar una coordinación máxima de la Agenda Urbana con la política de cohesión territorial.»

En consecuencia, la cohesión es esencial, siendo este el mensaje clave del Dictamen elaborado por Gonçalo Lobo Xavier, en el cual el CESE afirma que la política de cohesión es una herramienta fundamental para hacer frente a los enormes retos causados por la pandemia del coronavirus e insta a la Comisión a tomar medidas. «Existe una necesidad urgente de responder con rapidez, y los medios financieros para ayudar y apoyar a los Estados miembros deben desplegarse con arreglo a los criterios pertinentes, pero también con valentía», afirmó el Sr. Lobo Xavier. «Europa necesita, más que nunca, un enfoque diferenciado frente a un único desafío». (mp)