La actual crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad de las cadenas de suministro mundiales. Del mismo modo, ha dejado patente la vulnerabilidad de los trabajadores y las repercusiones adversas —en materia social, de salud y de seguridad— que entrañan las operaciones comerciales en las cadenas de suministro actuales. En un momento crucial para la adopción de políticas concretas y la toma de decisiones, la Presidencia alemana de la UE y el Parlamento Europeo han solicitado al CESE que formule sus recomendaciones. En dos Dictámenes aprobados en su pleno de septiembre, el Comité solicita a la Comisión Europea que elabore un plan de acción europeo y plantee unas normas de diligencia debida obligatorias para las cadenas de suministro mundiales.

En un Dictamen exploratorio, el CESE pide un plan de acción europeo en relación con los derechos humanos, el trabajo digno y la sostenibilidad en las cadenas de suministro mundiales, con la mirada puesta en una legislación intersectorial vinculante de la UE sobre la diligencia debida en el ámbito de los derechos humanos y la conducta empresarial responsable. Una definición amplia debería abarcar los derechos humanos —incluidos los derechos laborales y sindicales— y basarse en una serie de instrumentos internacionales.

Paralelamente a sus actividades relativas a este plan de acción, el CESE ha venido asesorando al Parlamento Europeo en lo referente a una iniciativa jurídica europea que introduzca la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos y repercusiones medioambientales en las prácticas empresariales. Con esta iniciativa, anunciada por el comisario Didier Reynders en abril de 2020 y prevista para 2021, las empresas que operan en la UE estarán obligadas jurídicamente a detectar, prevenir, mitigar y notificar las repercusiones negativas de sus actividades a efectos de los derechos humanos y de los trabajadores, así como del medio ambiente. (dgf)