CESE info

En un debate sobre los retos y las perspectivas para las pymes en la UE, organizado por el CESE, se acogieron favorablemente las medidas anunciadas en el discurso sobre el estado de la Unión y se abordaron las propuestas del CESE para facilitar la transmisión de empresas en un contexto de preocupación por el aumento de las transmisiones. 

El pleno del CESE del 22 de septiembre incluyó un debate sobre el tema «Pymes en Europa: retos y perspectivas». El debate contó con la participación de David Clarinval, ministro belga de Pequeña y Mediana Empresa, Isabelle Schömann, secretaria confederal de la Confederación Europea de Sindicatos, y Véronique Willems, secretaria general de SMEunited, y también se presentó un informe del CESE sobre transmisiones de empresas en la UE.

El Sr. Clarinval habló de las luces y sombras de la situación que deben afrontar las pymes belgas, con sus puntos fuertes (digitalización, innovación y acceso a financiación) y débiles (escasez de mano de obra cualificada, indexación salarial automática y retrasos en los pagos). «El mercado único es fundamental para estas empresas», afirmó. «Pero no siempre es perfecto e incluso en la actualidad sigue dándose respuesta a los retos energéticos a nivel nacional en muchos casos». Describió a continuación las medidas adoptadas por las autoridades belgas para ayudar a las empresas a afrontar la crisis energética, en particular los mecanismos de flexibilidad en los pagos. 

La Sra. Schöman admitió que es acertado apoyar a las pymes en estos tiempos difíciles mediante la revisión de las normas sobre ayudas estatales y la política de competencia. Y que es bueno también invertir en educación, mejora de las capacidades y reciclaje profesional para ayudar a las empresas a hacer frente a las transiciones ecológica y digital, pero que sería un error que las empresas y las pymes tuviesen en cuenta la dimensión social de la doble transición únicamente desde la perspectiva de las capacidades. Afirmó que, al igual que en las recientes crisis, «no es aceptable que las empresas, ya sean grandes o pequeñas, tengan acceso al dinero público sin ningún tipo de condiciones. Es necesario que existan condiciones sociales para mantener el empleo, sobre todo el empleo de calidad, lo que incluye también el ejercicio efectivo de la democracia en el lugar de trabajo a través de la información y la consulta a los trabajadores. Anticipar el cambio no es una cuestión que afecte solo a las empresas. Las empresas deben abordar la cuestión con los trabajadores si se quiere que todo el mundo haga suya las medidas adoptadas».

La Sra. Willems celebró las nuevas medidas anunciadas en el discurso sobre el estado de la Unión de la presidenta de la Comisión, especialmente el tope de ingresos para los productores de electricidad y el paquete de ayuda a las pymes que lo necesiten y, sobre todo, la Directiva sobre la morosidad, porque «no es justo que una de cada cuatro quiebras se deba a la incapacidad de pagar las facturas en plazo. En este mandato la Comisión ha puesto en marcha numerosas iniciativas que afectarán a las pymes. Sin embargo, no puede hablarse todavía de un marco jurídico propicio», afirmó, señalando los elementos que su organización echa en falta, especialmente la necesidad de hacer que la prueba de las pymes sea más efectiva y aligerar la carga normativa: «el principio de “una más, una menos” no es suficiente. Debemos trabajar con un enfoque de “una más, muchas menos”», subrayó. (dm)

En su pleno de septiembre el CESE aprobó un Dictamen de iniciativa sobre la Evaluación de la UE desde el punto de vista de los jóvenes. La juventud lleva años pidiendo que se escuche su voz en los procesos de toma de decisiones. Con este Dictamen el CESE se convierte en el primer órgano de la UE en apoyar su llamamiento en pro de la creación de un mecanismo que permita evaluar qué repercusiones tendrá la legislación futura para los jóvenes.

El Comité afirma que, para lograr un impacto duradero y un legado que perdure tras el Año Europeo de la Juventud, es necesario que los jóvenes participen en la elaboración de las políticas.

«La juventud reclama una evaluación de la UE desde el punto de vista de los jóvenes», declaró la ponente del Dictamen del CESE, Katrīna Leitāne. «A fin de mejorar la reglamentación y las políticas, debería introducirse una evaluación de la UE desde el punto de vista de los jóvenes: un instrumento de análisis de impacto concebido para garantizar que ninguna política tenga repercusiones negativas para la juventud o las generaciones futuras, en el que los jóvenes participen de manera significativa y que proponga medidas de mitigación».

El CESE reconoce que la Comunicación de la Comisión Europea sobre los resultados de la Conferencia sobre el Futuro de Europa incluye una referencia a la evaluación de la UE desde el punto de vista de los jóvenes. Sin embargo, subraya que la propuesta de la Comisión no responde a los objetivos originales de la propuesta: se echa en falta en ella un compromiso significativo con las organizaciones juveniles y los expertos, y tampoco consigue integrar a la juventud sistemáticamente en todas las políticas para tener en cuenta su impacto a largo plazo sobre las generaciones futuras.

El CESE también pide una mayor cooperación entre las instituciones para armonizar las iniciativas de éxito existentes como el Diálogo de la UE con la Juventud, «¡Tu Europa, tu voz!» y el Evento Europeo de la Juventud. Además, el CESE esboza una lista de propuestas sobre cómo impulsar la participación de la juventud en el propio Comité y tiene previsto examinar qué opciones existen para introducir en su labor el concepto de evaluación de la UE desde el punto de vista de los jóvenes. (gb)

En un Dictamen de iniciativa el CESE propone la creación de un fondo de adaptación al cambio climático para garantizar una respuesta rápida a las nuevas crisis climáticas y energéticas. Este fondo contribuiría a complementar las políticas existentes de la UE y a asegurar un uso más eficaz de la financiación existente.

Por ejemplo, aunque ha prestado un apoyo impresionante a los Estados miembros desde 2002, el Fondo de Solidaridad de la UE, con su presupuesto anual de 500 millones EUR, no alcanza a cubrir los costes de los daños causados por las catástrofes naturales en 2021. Se estima que, en Europa occidental, solo las inundaciones causaron daños por valor de 38 mil millones EUR.

El ponente, Ioannis Vardakastanis, afirma: «Nuestra visión es que el Fondo sirva para garantizar un mecanismo de financiación sólido que utilice los fondos de la UE existentes para responder rápidamente a las emergencias y ayudar a reconstruir las comunidades afectadas. Se trata de un mecanismo muy ambicioso que permitirá reconstruir y proteger las zonas afectadas por las apremiantes crisis climáticas, energéticas y medioambientales».

Además, la actual crisis energética todavía no podía vislumbrarse cuando se elaboraron el presupuesto del marco financiero plurianual de la UE para el período 2021-2027 y el plan de recuperación NextGenerationEU. El fondo permitiría responder a la necesidad de invertir urgentemente en fuentes de energía alternativas de manera más eficaz que a través de los mecanismos existentes. Esto es especialmente pertinente en la actualidad, ya que muchas personas no pueden pagar sus facturas de gas o de electricidad.

«No estamos adecuadamente preparados para responder a las emergencias y catástrofes debidas al cambio climático y a la crisis energética, ni en términos de volumen de fondos ni de oportunidad», destaca Judith Vorbach, coponente del Dictamen. «La creación de un fondo de adaptación al cambio climático sería una herramienta importante para dar respuesta a este problema». (tk)

En un Dictamen de iniciativa el CESE pide a la Comisión que describa las disposiciones necesarias para ampliar la taxonomía de sostenibilidad de la UE a objetivos sociales. El Reglamento sobre la taxonomía obliga a la Comisión a publicar un informe al respecto, tarea que aún no ha cumplido.

«El CESE pide una taxonomía integral de la UE que incluya la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social. Una taxonomía social ayudaría a canalizar la inversión hacia objetivos sociales», afirma la ponente, Judith Vorbach. «La taxonomía debe constituir un patrón de referencia que refleje un nivel de ambición superior al contemplado en la legislación».

La taxonomía de la UE es un sistema de clasificación que define una lista de actividades económicas ecológicamente sostenibles para aumentar la inversión sostenible en apoyo del Pacto Verde Europeo.

El CESE considera que una taxonomía social ayudaría a contrarrestar las falsas afirmaciones de empresas que pretenden atraer a inversores socialmente responsables al proporcionar información precisa sobre la huella social de las empresas. Una taxonomía social en un marco inteligente puede contribuir en gran medida a evitar el llamado «blanqueo social», gemelo del «blanqueo ecológico».

Kęstutis Kupšys, miembro del Grupo de Estudio, subraya que el sector financiero está impaciente por debatir la taxonomía social. «Existe una demanda de productos financieros sostenibles en el mercado, incluida la sostenibilidad social», afirmó. «A menos que obtengamos una clasificación clara sobre lo que se considera "social", corremos el riesgo de pasar por alto este aspecto en el ámbito de las inversiones sostenibles». (tk)

El 26 de septiembre el CESE celebró una conferencia sobre el último informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho para debatir formas de garantizar que las recomendaciones recogidas en el informe se traduzcan en mejoras tangibles en los Estados miembros.

El informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho incluye por vez primera recomendaciones específicas por país en lo relativo a la justicia, la corrupción, los medios de comunicación y los controles y equilibrios. El progreso ha sido desigual en la Unión y siguen existiendo serias preocupaciones en relación con diversos Estados miembros.

«La UE debe usar siempre todas las herramientas a su disposición —incluida la condicionalidad presupuestaria— para hacer frente a cualquier nuevo ataque contra la democracia, el Estado de Derecho o los derechos humanos, tan pronto como surjan y allá donde se produzcan», afirmó Christa Schweng, presidenta del CESE, en su alocución de apertura.

El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, explicó que «este año ha vuelto a demostrarnos que es fundamental afianzar una cultura sólida del Estado de Derecho en la UE. Mientras trabajamos para ayudar a Ucrania a defender su soberanía e integridad territorial, solo seguiremos siendo creíbles si protegemos el Estado de Derecho también en la Unión Europea».

La conferencia también sirvió para presentar el segundo informe resumido del Grupo sobre Derechos Fundamentales y Estado de Derecho del CESE (DFED), que ofrece una visión general de las visitas llevadas a cabo por el DEFD a Dinamarca, Alemania, Irlanda, la República Checa, España, Chipre y Lituania en 2020 y 2021. Cristian Pîrvulescu, presidente del DFED, explicó que «si bien los sistemas democráticos de los países visitados han demostrado en general un buen nivel de resiliencia, ha quedado más clara que nunca la necesidad de salvaguardias y controles y equilibrios efectivos, incluido el papel de vigilancia que desempeña la sociedad civil».

En sus observaciones finales, Edita Hrdá, representante permanente de la República Checa ante la UE, hizo hincapié en la importancia de la sociedad civil: «La sociedad civil es capaz de dar vida a los derechos humanos. Promover el Estado de Derecho es una labor incesante que requiere no solo nuestra cooperación, sino también una vigilancia constante». (gb)

El 23 de septiembre, el Comité Económico y Social Europeo anunció los galardonados con los primeros premios ecológicos de la UE, organizados conjuntamente con la Comisión Europea y otros socios para recompensar la excelencia en la cadena de valor ecológica europea.

Los galardones fueron:
•    en la categoría de mejor pyme de transformación de alimentos ecológicos, para: Goodvenience.bio GmbH – Magdala, Turingia (Alemania);
•    en la categoría de mejor minorista de alimentos ecológicos, para: La ferme à l’arbre de Liège – Lantin, Lieja (Bélgica);
•    en la categoría de mejor restaurante ecológico, para: Lilla Bjers HB – Visby, Isla de Gotland (Suecia).

El anuncio de los galardonados en cada categoría se realizó durante una ceremonia especial organizada por la Comisión Europea y presidida por el Comisario de Agricultura de la UE, Janusz Wojciechowskicon ocasión del Día de la Producción Ecológica de la UE.

La presidenta del CESE, Christa Schweng, declaró: «El CESE lleva años liderando la defensa de una política alimentaria más sostenible e integral en la UE. Por ello, es un gran orgullo para nosotros coorganizar de estos premios y ayudar a sensibilizar sobre el potencial del sector ecológico para contribuir a lograr unos sistemas alimentarios más sostenibles».

«Los galardonados han demostrado cómo trabajan en su vida cotidiana para hacer realidad la transición hacia unos sistemas alimentarios más sostenibles y justos», afirmó por su parte Peter Schmidt, presidente de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (NAT) del CESE.

Los premios se instituyeron como parte de un compromiso asumido en el marco del Plan de Acción para el Desarrollo de la Producción Ecológica de la Comisión, que tiene por objeto reconocer la excelencia a lo largo de la cadena alimentaria ecológica, desde el agricultor o agricultora hasta el restaurante. (ks)

En su pleno de septiembre, el CESE aprobó un Dictamen de iniciativa sobre el papel de las tecnologías en la descarbonización de la industria de la UE.

Con la aprobación de la Legislación Europea sobre el Clima se ha establecido un ambicioso objetivo de reducción de emisiones para 2030 y se ha confirmado el objetivo de neutralidad climática para 2050. La consecución de estos objetivos requeriría el despliegue de tecnologías de eliminación del dióxido de carbono. Cuanto más lentas y menos estrictas sean las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero, mayor será la dependencia de las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono para lograr las metas del Acuerdo de París.

«La descarbonización requerirá una profunda transformación de las actividades industriales, con un horizonte temporal de treinta años», asegura Andrés Barceló Delgado, ponente del Dictamen. «Aunque ya existen muchas tecnologías hipocarbónicas, aún están poco avanzadas. Necesitaremos ambiciosas hojas de ruta tecnológicas para ampliar e implantar a gran escala estas tecnologías de vanguardia, y la UE debe fomentar la innovación a través de los fondos destinados al clima y a la innovación.

Según el momento en que se desplieguen las tecnologías de eliminación del dióxido de carbono, pueden servir para dos fines distintos: i) acelerar la consecución de cero emisiones netas compensando las emisiones generadas en sectores en los que es más difícil reducirlas, para así aumentar la probabilidad de que no se superen los umbrales de temperatura establecidos; o ii) disminuir el calentamiento global por debajo de dichos umbrales tras un pico de temperatura que los haya rebasado.

«El desarrollo de tecnologías, así como la educación y el reciclaje profesional de la mano de obra, son vitales para la transición ecológica de la industria manufacturera. El diálogo social, a nivel tanto europeo como nacional y regional, debería contribuir a concienciar sobre una transición ecológica y justa en la industria, aceptar dicha transición y respaldarla. El desarrollo de capacidades y unos proyectos que definan las competencias clave serán esenciales para garantizar una transición industrial eficaz que no deje a nadie atrás», afirma la coponente del Dictamen, Monika Sitárová. (ks)

En un reciente Dictamen, el CESE apoya el Plan REPowerEU de la Comisión Europea para independizar a la UE del gas y el petróleo rusos, pero señala que muchos de los problemas que ahora se están abordando con carácter urgente podrían haberse evitado o imitado si se hubiera reducido la dependencia de las importaciones de energía hace mucho tiempo y completado el mercado de la energía, tal y como pide el CESE desde hace años.

En el Dictamen aprobado en el pleno de septiembre y elaborado por Stefan Back, Thomas Kattnig y Lutz Ribbe, el Comité subraya que los efectos económicos y sociales combinados de la crisis actual presionarán sobre el sistema democrático de la UE, a menos que se encuentren soluciones adecuadas. Deben implantarse medidas inmediatas para garantizar la seguridad del suministro a un coste que sea «lo más asequible posible» para los consumidores y la industria —perjudicados por la actual crisis de precios— a fin de evitar una marea social.

El CESE considera que el Plan REPowerEU constituye un paso en la dirección correcta, pero advierte que estas medidas de emergencia no deben dar lugar a nuevas dependencias ni contravenir los esfuerzos por lograr la neutralidad climática lo antes posible.

Antes de instaurar asociaciones con países no democráticos o políticamente inestables, la Comisión debe desarrollar una estrategia geopolítica de importación de energía que tenga en cuenta los acuciantes problemas energéticos y climáticos.

A juicio del Comité, la necesidad urgente de garantizar el suministro requiere flexibilidad sobre el uso temporal de combustibles fósiles y de bajas emisiones. (mp)

La UE debe hacer frente a la crisis climática mediante un enfoque triple: movilizar la financiación, involucrar a la ciudadanía y al sector privado y ejercer un fuerte liderazgo político. Este es el mensaje que transmite un Dictamen de iniciativa del CESE aprobado en el pleno de septiembre.

El Dictamen elaborado por Thomas Kattnig y Lutz Ribbe expone que, para satisfacer la creciente demanda de electricidad y cumplir los objetivos climáticos, la UE debe invertir más en sistemas de energía inteligente y renovable e infraestructuras de almacenamiento, y todo el mundo debe desempeñar su papel.

Según la Federación de la Industria Eléctrica Europea, Eurelectric, la UE debe duplicar las inversiones en la red eléctrica hasta alcanzar los 55 000 millones EUR al año y aumentar los fondos anuales destinados a la construcción de capacidad de generación limpia hasta los 75 000 millones EUR.

«Necesitamos una inversión pública masiva para realizar la transición energética y cumplir los objetivos climáticos, algo esencial para garantizar la seguridad del suministro, luchar contra la pobreza energética, mantener precios asequibles y crear puestos de trabajo», afirmó el Sr. Kattnig.

Por lo que se refiere a la futura organización de los sistemas e infraestructuras energéticos, el CESE apoya la intención de la Comisión de mejorar el diseño del mercado de la electricidad y apoya firmemente las evaluaciones del mercado para analizar el comportamiento de todos los agentes potenciales. «Para diseñar un mercado de la energía que funcione correctamente, es fundamental para la Comisión evaluar las ventajas y desventajas de la propiedad pública y privada o de la financiación privada de las infraestructuras energéticas», afirmó el Sr. Ribbe.

Para financiar las inversiones en infraestructuras, el CESE recomienda que se reduzcan los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y que se aplique una «regla de oro» a cualquier proyecto relacionado con la independencia energética. (mp)

En su pleno de septiembre, en un debate que contó con la participación del vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, el CESE instó a la Comisión a mostrarse ambiciosa a la hora de aplicar la nueva Estrategia Europea de Cuidados. El CESE hizo hincapié en el personal sanitario y sus capacidades, así como en su formación y sus condiciones de trabajo, y señaló que el éxito del espacio europeo de datos sanitarios pasa por la creación de un clima de confianza.

En su pleno del 22 de septiembre, el CESE celebró un debate sobre las iniciativas de política sanitaria de la UE con el vicepresidente de la Comisión Europea para la Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas.
La presidenta del CESE, Christa Schweng, declaró: «El CESE apoya todas las iniciativas de la UE destinadas a crear una Unión Europea de la Salud y aumentar la resiliencia y preparación ante cualquier amenaza futura».

«Es nuestro firme propósito demostrar que la salud no es una mera política, sino que forma parte de nuestra identidad, del modelo de sociedad abierta que defendemos y de nuestro modo de vida europeo», subrayó el Sr. Schinas.

El CESE, que fue la primera institución de la UE en pedir la creación de una Unión Europea de la Salud, ha aprobado dictámenes sobre dos de las recientes iniciativas de la Comisión en materia de salud, cuyo objetivo es garantizar que todos y cada uno de los ciudadanos europeos tengan acceso a una asistencia de calidad a un precio abordable.

En su Dictamen sobre el espacio europeo de datos sanitarios, el CESE elogió la propuesta al considerarla una excelente oportunidad para permitir a las personas acceder a sus datos sanitarios personales y controlarlos. Además, se mostró dispuesto a prestar su apoyo a una campaña de comunicación pública a gran escala para ayudar a la ciudadanía a comprender los beneficios asociados al proceso de puesta en común de los datos y a tener confianza en el sistema.

«La cuestión de la confianza será crucial. Los ciudadanos deben sentirse cómodos con el uso de sus datos, tanto en lo que respecta a la mejora de los servicios públicos como al posible uso de estos datos en la lucha contra las enfermedades y el desarrollo de soluciones innovadoras por parte de los investigadores», afirmó el ponente del Dictamen, Gonçalo Lobo Xavier.

El CESE también aprobó un Dictamen sobre la estrategia de personal sanitario y asistencia, en el que abogó por una estrategia de asistencia ambiciosa y centrada en las personas, que pueda mejorar la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración en toda la UE, garantizando unas normas de calidad equitativas en todos los Estados miembros o entre las regiones de cada país. Asimismo, propuso una garantía asistencial europea para asegurar el acceso de todas las personas que viven en la Unión a unos servicios asistenciales asequibles y de calidad.

«El sistema de cuidados es una piedra de toque para nuestro modo de vida europeo, que debe ser socialmente justo e inclusivo», señaló la ponente del Dictamen, Zoe Tzotze-Lanara.

Danko Relić, coponente del Dictamen, hizo hincapié en la necesidad de contar con un personal sanitario formado, capacitado y motivado. «El personal sanitario tiene que disponer de buenas condiciones laborales. Además, es necesario garantizarles una remuneración adecuada, un horario de trabajo digno y un buen equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, así como la salud y seguridad en el trabajo», subrayó el Sr Relić. (ll)

Dado que es probable que aumente el número de hogares incapaces de calentar su vivienda en la UE y que la inflación interanual de los precios de la energía supera el 40 %, en un reciente Dictamen el CESE insta a la Unión y a los Estados miembros a que adopten medidas urgentes para prevenir y combatir la pobreza energética.

El CESE ha pedido con insistencia a la Unión Europea y a los Estados miembros que den prioridad absoluta a la igualdad de acceso a la energía y a la seguridad del suministro energético a un coste asequible.

En un Dictamen sobre el tema «Abordar la pobreza energética y la resiliencia de la UE», aprobado en su pleno de septiembre, el CESE reconoce la importancia que se da a la energía en las recientes iniciativas de la Comisión Europea, como el paquete de medidas «Objetivo 55», la aplicación del Pacto Verde Europeo y la iniciativa «Oleada de renovación». Sin embargo, el Comité advierte de que, a falta de una rápida aplicación, compromisos firmes y medidas concretas por parte de los Estados miembros, estas iniciativas no serán suficientes para hacer frente a la crisis actual.

«Debería adoptarse un enfoque común que permita comprender y abordar la pobreza energética a escala de la UE», señaló el ponente del Dictamen, Ioannis Vardakastanis, quien añadió que «este enfoque puede llevar a una definición común. Al mismo tiempo, hay que dejar que cada Estado miembro encuentre soluciones adaptadas a sus necesidades. Los Estados miembros deben garantizar que no se deje sin apoyo a los grupos más vulnerables».
Las medidas nacionales destinadas a mitigar los efectos negativos de la subida de precios en las personas más vulnerables deben incluir ayudas financieras directas y políticas sociales, o incentivos y ayudas para disminuir el consumo de energía, en función de las circunstancias concretas a escala nacional y local.

A fin de garantizar un enfoque verdaderamente integral, el CESE pide que se establezca una amplia y ambiciosa coalición política para hacer frente a la pobreza energética. Las acciones de esta coalición se definirían en más detalle en una estrategia de la UE. Su objetivo consistiría en reducir la pobreza energética a un nivel mínimo de aquí a 2030 y eliminarla por completo a largo plazo.
Junto con las instituciones de la Unión, la coalición incluiría a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las que representan a los grupos de población más expuestos a la pobreza energética. Los entes locales y municipales también deberían participar en ella.

El CESE subraya asimismo la importancia de invertir en energías renovables y eficiencia energética, así como en la renovación a gran escala de edificios. Los Estados miembros, en colaboración con los entes locales y regionales, deben dar prioridad a una renovación en profundidad que conduzca a un ahorro de energía superior al 60 %. Para que esto sea viable, es evidente que se necesita un gran volumen de inversión privada. (ll)

Recientemente el CESE ha valorado de forma favorable las orientaciones de la Comisión Europea propuestas para las políticas de empleo de los Estados miembros: las considera adecuadas, puesto que abordan las cuestiones más urgentes que se plantean en el mercado laboral.

En un Dictamen aprobado en su pleno de septiembre, el CESE subrayó que la situación geopolítica —que es cada vez más incierta y probablemente afectará de modo negativo a la economía de la UE, provocará una inflación y una recesión elevadas y disminuirá el poder adquisitivo— justifica una acción decisiva de los Estados miembros, que deben trabajar en pro de un mercado único verdaderamente integrado y ayudar a las pymes a crecer.

Mariya Mincheva, ponente del Dictamen, declaró en el pleno: «La escasez de mano de obra aumenta de nuevo y por eso creemos que deben aplicarse medidas eficaces para animar a los interlocutores sociales a centrarse en las necesidades de capacidades a escala nacional, con iniciativas adaptadas a los distintos sectores y situaciones locales. Adquirir capacidades y competencias pertinentes es cada vez más importante para los trabajadores y las empresas».

Según el CESE, los interlocutores sociales deben desempeñar un papel más importante en la concepción y la aplicación de las reformas y políticas laborales, sociales y económicas, también mediante el desarrollo de sus capacidades.

El CESE argumentó en el Dictamen que un reto fundamental consiste en reducir la tasa de inactividad y que reviste particular importancia apoyar específicamente a los desempleados de larga duración. El Dictamen también hizo especial hincapié en la pobreza de los ocupados y en la necesidad de contar con instrumentos políticos como salarios dignos —incluidos salarios mínimos adecuados— e incentivos financieros temporales bien diseñados, que vayan acompañados de medidas eficaces y específicas de cualificación y mejora de las competencias.

Asimismo, deben reforzarse las políticas de apoyo a los jóvenes, a las personas con discapacidad y a otros grupos vulnerables en el mercado laboral.
En 2022, la Comisión Europea propuso una serie de modificaciones de las políticas laborales de los Estados miembros. Esas modificaciones reflejan recientes iniciativas y añaden nuevos elementos vinculados a la invasión rusa de Ucrania. El CESE celebra que la Comisión ponga el acento en el contexto posterior a la crisis de la COVID-19 al objeto de garantizar un crecimiento sostenible.

Las orientaciones modificadas se centran en diversas cuestiones, como el fomento de la demanda de mano de obra, la mejora del acceso al empleo, la adquisición de cualificaciones y competencias durante toda la vida, la mejora del funcionamiento de los mercados laborales, la eficacia del diálogo social y el fomento de la igualdad de oportunidades para todos. (ll)