por el Grupo de Trabajadores del CESE

Apoyamos firmemente el fomento del trabajo digno por parte de la Comisión, pero nos preocupa que las actuales propuestas acaben aplicándose de manera inadecuada debido a las lagunas de las que adolecen

Puede que muchos europeos perciban el trabajo forzoso como un problema del pasado, pero se trata en realidad de una cuestión mucho menos remota de lo que parece. Muchos bienes de uso cotidiano, que van desde prendas de vestir hasta teléfonos inteligentes, contienen materiales que se han producido mediante el trabajo forzoso.
Los esfuerzos que se emprendieron en el pasado para reducir y prevenir la esclavitud moderna se tradujeron en una disminución constante del número de personas obligadas a realizar trabajos forzosos. Sin embargo, esta tendencia se invirtió en 2016.

Según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2021 había 28 millones de personas en situación de trabajo forzoso, lo que supone 10 millones más que en 2016.  El número de menores de entre cinco y diecisiete años sometidos al trabajo infantil aumentó en más de 8 millones hasta un total de 160 millones durante el mismo período.

La Unión Europea ha intentado utilizar la política comercial para combatir la esclavitud moderna fuera de su territorio. Estos esfuerzos no han sido en vano. A principios de este año, la OIT declaró a Uzbekistán libre de trabajo infantil y trabajo forzoso gracias a la labor realizada conjuntamente por la UE, Estados Unidos, Alemania, Suiza y la OIT.

Más recientemente, la UE ha intentado reforzar sus instrumentos de lucha contra las malas prácticas laborales en terceros países. En febrero, la Comisión publicó una Comunicación sobre el trabajo digno en todo el mundo que reafirma el compromiso de Europa con la defensa del trabajo digno dentro y fuera de sus fronteras. La Comunicación también esboza los ámbitos en los que la Comisión tiene previsto centrarse para reforzar los instrumentos actuales y futuros. La propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad impondría a los grandes empleadores la obligación de abordar cualquier impacto negativo sobre el medio ambiente y los derechos humanos en su cadena de suministro. Además, en su discurso sobre el estado de la Unión, la presidenta von der Leyen anunció una propuesta para prohibir en el mercado de la UE los productos obtenidos con trabajo forzoso.

Seguimos apoyando firmemente el fomento del trabajo digno por parte de la Comisión. No obstante, nos preocupa que las actuales propuestas se apliquen de manera deficiente debido a las lagunas de las que adolecen. Son muchas las pymes que no alcanzarán el umbral de personal o de volumen de negocios neto que las incluiría en el ámbito de aplicación de la legislación. El uso de una terminología poco precisa en la Directiva pone en peligro su eficacia, por lo que requiere una mayor clarificación. Los trabajadores podrían quedar excluidos en tanto que herramienta eficaz de supervisión si no se codifican las estructuras para el diálogo social. Sin duda, los esfuerzos de Europa por mejorar las normas laborales en todo el mundo son loables, pero queda por ver si sus propuestas se aplicarán adecuadamente. (lc)