Por Antje Gerstein, miembro del Grupo de Empresarios del CESE

El 23 de febrero, la Comisión Europea publicó su propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que fija un marco obligatorio para que las empresas, en su propia organización y en toda su cadena de valor, detecten y aborden los impactos adversos sobre el medio ambiente y los derechos humanos.

Lamentablemente, la propuesta, en su forma actual, no cumple los objetivos deseados. Es importante apuntar que el propio Comité de Control Reglamentario de la Comisión señaló graves defectos en la evaluación de impacto: por ejemplo, la descripción del problema es vaga y el informe debería estar mejor alineado con otras iniciativas.

Los colegisladores deben tratar de evitar las disposiciones que se limitan a imponer obligaciones y optar por un enfoque que esté más orientado a los procesos y se asiente en el compromiso y la creación de confianza. Esto significa que cabe esperar que las empresas diseñen sus procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos de manera que se basen en el riesgo y sean proporcionales a los efectos potenciales y reales.

Dado que las empresas necesitan seguridad jurídica y tienen que minimizar los riesgos de responsabilidad, podrían verse obligadas a acortar las cadenas de suministro y retirarse de las regiones que presenten situaciones potencialmente problemáticas en materia de derechos humanos. Esto podría acarrear graves consecuencias, ya que el comercio mundial se vería perjudicado y muchos trabajadores de países en desarrollo y países emergentes perderían su empleo.

El informe del Comité de Control Reglamentario y el Dictamen del CESE «Gobernanza empresarial sostenible» (INT/973) hacen hincapié en la necesidad de coherencia normativa y política. Los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas y las Líneas Directrices de la OCDE son los criterios de referencia que definen con claridad las obligaciones y responsabilidades de todos los agentes: tenemos que atenernos a ellos.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE deben elegir: ¿quieren aplicar a las cadenas de suministro mundiales sostenibles un enfoque constructivo, basado en alianzas, adecuado a las exigencias futuras y orientado a los resultados y al mundo real? ¿Quieren asegurarse de que las iniciativas paralelas relacionadas con los productos estén mejor alineadas? Si es así, aún queda mucho por hacer. Podemos tranquilizar a los colegisladores: los empresarios se han comprometido a hacer lo que les corresponde para garantizar un resultado satisfactorio. Esta Directiva afecta a la actividad principal de nuestros miembros. No nos queda otra opción que hacerlo bien.

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