El proyecto de Ley sobre la industria de cero emisiones netas carece de una visión sobre cómo garantizar que la industria europea siga siendo competitiva y atraiga inversiones.
El CESE considera positivos en términos generales el Plan Industrial del Pacto Verde (GDIP, por sus siglas en inglés) y la Ley sobre la industria de cero emisiones netas, si bien estos deberían ser más específicos en cuanto a las medidas que se adoptarán para mejorar los factores de localización, impulsar la competitividad de las economías europeas y diferenciar a la UE de sus rivales sistémicos.
«Merece una rotunda crítica el hecho de que haya sido necesaria la Ley de Reducción de la Inflación en los EE.UU. para que la UE se mueva», afirma Sandra Parthie, ponente del Dictamen del CESE sobre el GDIP y la Ley sobre la industria de cero emisiones netas. «Nos hubiera gustado que este paso se diera antes; también que la UE reaccionara con más fuerza y convicción, mostrando a nuestras empresas y sociedades que de verdad queremos que Europa siga teniendo relevancia como emplazamiento industrial y ofreciendo buenos empleos y salarios a los trabajadores».
La industria europea se ha vuelto menos competitiva que la de sus principales rivales en las últimas décadas. El PIB per cápita de la UE ha disminuido: mientras que en la década de los 2000 representaba en torno a un 70 % del de los Estados Unidos, en la actualidad es inferior al 66 %. Las cuotas correspondientes a los Estados Unidos y la UE en la inversión bruta mundial han descendido, respectivamente, del 29 % y 23 % en 1999 al 20 % y 15 % en 2020.
Si queremos invertir esta tendencia descendente, el CESE recomienda que se lleve a cabo una auditoría para determinar de qué manera puede la UE controlar y mejorar sus cadenas de valor y evitar dependencias excesivas. También propone someter todos los proyectos legislativos de la UE a un control de la competitividad.
Uno de los problemas ante los que el CESE reclama una actuación más decidida es la burocracia y los tiempos de tramitación. Tómese como ejemplo representativo el ámbito de la financiación pública, donde las decisiones para conceder ayudas económicas a los proyectos y el acceso a los fondos tardan demasiado. El CESE sostiene que, si queremos evitar que los inversores trasladen su actividad a otro lugar, necesitamos medidas que garanticen una financiación oportuna y accesible, en lo relativo tanto a los costes de funcionamiento como a los gastos de capital, para cualquier tipo de empresa, ya sea grande o pequeña.
La concesión de permisos es otro punto en el que el GDIP no responde a las expectativas: en él se señalan una serie de tecnologías de cero emisiones netas que deberían obtener permisos por la vía rápida y un mayor apoyo financiero para sus proyectos, mientras que a otros sectores se les deja en una situación más difícil.
En opinión del CESE, el GDIP y la Ley sobre la industria de cero emisiones netas se centran demasiado en la promoción de las tecnologías verdes y en la selección de «ganadores». Antes bien, deberían fomentar una industria diversificada, con una amplia gama de sectores.
Europa alberga numerosas industrias primarias y pesadas de gran consumo de energía que necesitan descarbonizarse y que no están incluidas en el GDIP.
La flexibilización de las normas de la UE sobre ayudas estatales también puede resultar engañosa, ya que podría ampliar la brecha entre los Estados miembros más ricos y los más pobres, que no disponen del margen presupuestario para invertir en la transición ecológica y apoyar a sus industrias líderes y a sus hogares. Por este motivo, debería entablarse un debate serio sobre un Fondo para la Soberanía Europea que proporcione financiación adicional a escala de la UE para la transición.
Las cifras de la Comisión Europea demuestran la existencia de un potencial significativo de creación de empleo en el ámbito de la tecnología de cero emisiones netas, y apuntan a la necesidad de disponer de 180 000 trabajadores para la producción de hidrógeno con pilas de combustible, 66 000 para la generación de energía solar fotovoltaica y 800 000 para la fabricación de baterías.
El CESE sostiene que el GDIP debería apoyar el desarrollo de toda la gama de capacidades necesarias en la industria, y no solo las ecológicas. También deberían acelerarse y normalizarse la expedición de permisos de trabajo para los trabajadores cualificados procedentes de fuera de la Unión Europea. (dm)
