EESC info: ¿Cuál es la postura del CESE respecto de la propuesta de la Comisión sobre la nueva gobernanza económica?

Javier Doz: La Comisión ha formulado esta propuesta con vistas a la expiración, en enero de 2024, de la cláusula general de salvaguardia incluida en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), los elevados niveles de déficit y deuda en muchos Estados miembros de la UE tras la pandemia y, tal vez, a raíz de una reflexión crítica sobre las consecuencias negativas de la aplicación rígida de los preceptos del PEC en la gestión política de la Gran Recesión.

En la propuesta, pese a mantenerse los límites de déficit y deuda (del 3 % y el 60 % del PIB, respectivamente), se flexibilizan y diferencian —según la situación de los Estados miembros— el modo y los plazos para lograr la consecución de dichos objetivos.

Además, se simplifican las reglas, pues la tasa de crecimiento del gasto neto primario pasa a ser el indicador clave, lo cual supone que se excluyen el interés de la deuda, las prestaciones por desempleo y los gastos financiados por medidas discrecionales o fondos europeos. La novedad principal son los planes fiscales y estructurales de cuatro a siete años de duración, que cada gobierno negociará con la Comisión y en los que se incluirán reformas estructurales.

El 26 de abril la Comisión publicó dos propuestas de Reglamento y una propuesta de Directiva, por las que se modifican los objetivos correspondientes del PEC sobre la coordinación de las políticas económicas y la supervisión presupuestaria, el procedimiento de déficit excesivo (PDE) y los requisitos de los marcos presupuestarios. Tras las presiones ejercidas por el Gobierno alemán, se han introducido algunas disposiciones más rígidas con respecto a la Comunicación presentada en noviembre, en particular la obligación de reducir la deuda a un ritmo anual del 0,5 % del PIB para los países con un nivel de déficit superior al 3 % o la aplicación automática del PDE a los que se desvíen del plan a medio plazo.

Si bien el CESE apoya los aspectos nucleares del paquete de la Comisión, los planes fiscales y estructurales nacionales diferenciados y los elementos de flexibilidad que introduce en el PEC, cree que deben mantenerse las condiciones de la propuesta inicial de noviembre y pide entablar un debate sobre la necesidad de ir más allá del marco de 1997.

El CESE también estima que debe abordarse, entre otras cuestiones, la posibilidad de crear una «capacidad fiscal permanente» de la UE para poder financiar una creciente gama de «bienes comunes europeos». Asimismo, considera que la participación de los parlamentos nacionales, los entes locales y regionales, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de los planes fiscales y estructurales reforzaría la «apropiación nacional» de los compromisos que agrupan dichos planes.

El CESE juzga necesario garantizar un tratamiento diferenciado de la inversión en los planes fiscales y estructurales, en particular en materia de transición ecológica y defensa, reforzar los objetivos sociales y laborales en inversiones y reformas y revisar minuciosamente la metodología de análisis de la sostenibilidad de la deuda y la participación de los gobiernos y las agencias fiscales nacionales independientes en la definición de la «trayectoria técnica» de reducción de la deuda.