La inflación en la Unión Europea se encuentra en su nivel más alto desde la introducción del euro. En la actualidad, 96,5 millones de europeos se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social: estas personas son las más afectadas por la acusada alza de los precios de bienes y servicios, el aumento de los costes energéticos y la pérdida de poder adquisitivo.

Estas son solo algunas de las alarmantes cifras que revela el Dictamen del CESE elaborado por Felipe Medina Martín y aprobado en el pleno de julio.

El impacto de la crisis energética en la economía europea es grave. Los elevados precios de la energía, las materias primas, los servicios y los bienes industriales han provocado una elevada inflación, han debilitado el crecimiento económico y han ejercido una fuerte presión en las finanzas públicas y las empresas, socavando así la competitividad económica exterior.

Para revertir esta tendencia, el CESE señala que los hogares y los sectores clave (agroalimentario, transporte, comercio minorista, entre otros) deben beneficiarse de planes dirigidos a reducir el impacto de los elevados precios de la energía y pide a las instituciones europeas que establezcan mecanismos de control. Las futuras políticas han de adaptarse a los objetivos, ser selectivas y capaces de afrontar las transiciones y apoyar, en particular, a las familias que tienen menores ingresos y se enfrentan a mayores dificultades.

Algunas medidas nacionales de control de precios han resultado ser las más adecuadas para atenuar los efectos de los elevados precios de los productos básicos en los presupuestos de las familias. Por ejemplo, la «excepción ibérica» del sistema de precios del mercado de la electricidad ha permitido a España y Portugal limitar el precio del gas en las centrales de producción de electricidad, lo que se ha traducido en una drástica reducción de las facturas. Otro ejemplo es la reducción temporal del IVA sobre los precios de la electricidad, los alimentos y los combustibles, aplicada en algunos Estados miembros. (mp)