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La Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA) propuestas por la Comisión Europea para reducir el creciente poder de los gigantes digitales en Europa son adecuadas, a juicio del CESE, siempre que vayan acompañadas de medidas fiscales destinadas a las empresas tecnológicas, mejores condiciones de trabajo para los trabajadores de plataformas y la gobernanza de datos.

En un paquete de Dictámenes aprobado en su pleno de abril, el CESE se pronunció a favor de la DMA y la DSA propuestas por la Comisión Europea para reactivar la competencia en internet.

La DMA es un instrumento legislativo que se esperaba desde hace tiempo. «Desde hace más de diez años, los representantes de la UE abogan por la igualdad de condiciones con las grandes plataformas en línea», afirmó Emilie Prouzet, ponente del Dictamen del CESE sobre esta ley. «Con la DMA, la Comisión Europea introduce un proceso diseñado específicamente para estos operadores de gran tamaño. Respaldamos, por considerarlas una buena solución para Europa, la mayor parte de las propuestas que contiene. La DMA aborda la cuestión de los «guardianes de acceso» en línea de la economía digital, y esto ya representa verdaderamente un gran paso.

Además de respaldar la DMA por sus propios méritos, el CESE insiste en la necesidad de completar este ecosistema jurídico con Reglamentos que aborden el resto de cuestiones fundamentales relacionadas con la economía digital.

El Comité se compromete a seguir muy de cerca la legislación prevista para abordar la fiscalidad de las grandes tecnológicas, las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas, la protección de los consumidores en los mercados mundiales y otras cuestiones espinosas que deben tratarse para garantizar que todas las partes —consumidores, trabajadores y empresas— puedan obtener un beneficio.

El CESE también apoya, en líneas generales, la DSA, que tiene por objeto regular los servicios que han ido configurando y transformando la manera en que las personas se comunican, conectan, consumen y hacen negocios.

A juicio del CESE, es importante apoyar los esfuerzos de la Comisión por mantener normas uniformes en todo el territorio de la UE y elaborar una legislación adaptada a la era digital, ya que esto incrementará la influencia de Europa en la escena mundial.

«Debemos evitar que el mercado interior se vea fragmentado por una proliferación de normas y reglamentaciones nacionales que podrían socavar el sistema e impedir que todas las empresas europeas se beneficien de un mercado único sólido», sostiene Gonçalo Lobo Xavier, ponente del Dictamen del CESE sobre la DSA.

El CESE defiende que contar con normas comunes es también una oportunidad para que Europa establezca estándares mundiales que garanticen a los consumidores un alto nivel de seguridad y protección en lo que respecta a los bienes y contenidos en línea, al igual que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) lo ha hecho en el caso de la protección de datos.

Dado que los datos se están convirtiendo en el «nuevo petróleo» en la economía cada vez más digitalizada de hoy en día, la Comisión también está tomando medidas para fomentar el intercambio seguro de datos con arreglo a normas comunes en toda Europa.

El CESE apoya firmemente el Reglamento sobre la gobernanza de los datos.

«Esta legislación ofrece una posibilidad muy interesante de promover una senda europea de digitalización, ya que la UE es actualmente la única organización que está reflexionando en serio y con detalle sobre cómo gestionar los datos digitales», afirmó Giuseppe Guerini, ponente del Dictamen del CESE sobre la propuesta relativa a la gobernanza europea de datos «No queremos avanzar hacia una liberalización excesiva, y también queremos asegurarnos de que los datos no se utilicen para fines que no suscriban los ciudadanos. Instamos a la Comisión Europea a que continúe por esta senda y preste el apoyo necesario para aplicar este sistema de gobernanza de datos». (dm)

El Comité Económico y Social Europeo acoge con satisfacción la propuesta de introducir un nuevo paquete de medidas de ciberseguridad de la UE, pero señala deficiencias a la hora de abordar el enorme déficit de cibercapacidades de Europa. En opinión del CESE, las entidades críticas también necesitan racionalización, simplificación e indicaciones más claras para su aplicación.

En el Dictamen adoptado en su pleno de abril, el CESE presenta la nueva Estrategia de Ciberseguridad de la UE como un paso positivo para proteger a los gobiernos, los ciudadanos y las empresas de toda la UE frente a las ciberamenazas mundiales y para salvaguardar el crecimiento económico, un ámbito en el que la UE parece muy vulnerable, ya que el impacto económico de la ciberdelincuencia se estima en el 0,84 % de nuestro PIB, frente al 0,78 % en Norteamérica.

No obstante, el CESE insiste en el déficit crítico de capacidades en materia de ciberseguridad en Europa y en que la Estrategia no bastará para subsanarlo. La demanda de profesionales en ciberseguridad ha ido creciendo en los últimos años y ha aumentado vertiginosamente con la pandemia.

Pero hay más empleos disponibles que profesionales para ocuparlos: se prevé que las vacantes de empleo en materia de ciberseguridad en la UE lleguen a ser 200 000 en 2022.

«Es evidente que la UE necesita urgentemente profesionales cualificados que asuman funciones de ciberseguridad en los sectores privado y público para proteger a los ciudadanos, las empresas y la UE», afirmó Philip von Brockdorff, ponente del Dictamen del CESE sobre esta Estrategia. «Por este motivo, el CESE recomienda encarecidamente instaurar una trayectoria profesional de ciberseguridad armonizada a escala la UE para ayudar a colmar el creciente déficit de capacidades».

Los Estados Unidos han desarrollado una herramienta de trayectorias profesionales de ciberseguridad (Cyber Security Career Pathways Tool) para ayudar a las personas a seleccionar, construir y completar una carrera profesional en este ámbito. El CESE propone que Europa desarrolle una herramienta de trayectorias profesionales de ciberseguridad a escala de la UE, orientada a capacitar a su mano de obra con cualificaciones comparables, de manera que pueda cruzar las fronteras y satisfacer la demanda de sectores industriales de alto crecimiento en todo el territorio europeo.

En otro Dictamen elaborado por Maurizio Mensi y aprobado en el pleno de abril, el CESE acoge favorablemente las dos propuestas de la Comisión encaminadas a aumentar la resiliencia de las entidades públicas y privadas frente a las amenazas de los ataques cibernéticos y físicos y señala la necesidad de reforzar la industria y la capacidad de innovación de manera inclusiva mediante una estrategia basada en cuatro pilares: la protección de datos, los derechos fundamentales, la seguridad y la ciberseguridad.

No obstante, en beneficio de una mayor simplificación, el Comité pide que se fusionen las dos propuestas en un texto único al observar que están estrechamente relacionadas y son complementarias —pues una se centra en los aspectos de ciberseguridad y la otra en la seguridad física— y que se solapan algunas de sus disposiciones.

Por lo que respecta a su ámbito de aplicación, el Comité insiste en la necesidad de brindar indicaciones más claras y precisas para determinar las entidades consideradas críticas y, por lo tanto, sujetas a la observancia de la Directiva propuesta. El Sr. Mensi comentó al respecto que: «Deben definirse con mayor precisión los criterios de distinción entre entidades «esenciales» e «importantes» en sectores considerados críticos para la economía y la sociedad. Tenemos que cerciorarnos de que los enfoques nacionales divergentes no generen obstáculos al comercio y a la libre circulación de bienes y servicios, lo que podría perjudicar a las empresas y los intercambios comerciales. (dm/mp)

La Comisión Europea ha aprendido de las deficiencias del anterior marco de la UE para la integración de los gitanos en la última década y está decidida a lograr los objetivos principales del nuevo marco estratégico y reducir al menos a la mitad la brecha de discriminación y exclusión socioeconómica de los gitanos de aquí a 2030. Sin embargo, el papel de los Estados miembros resulta crucial para obtener resultados tangibles. Sin unas estrategias eficaces y medidas pragmáticas a nivel nacional, el nuevo marco corre el riesgo de fracasar igual que su predecesor.

Los participantes en una audiencia en línea sobre el tema El nuevo marco europeo para la integración de los gitanos – puntos de vista y expectativas sobre el futuro de las comunidades gitanas señalaron que, si la estrategia anterior no logró resultados satisfactorios, ello se debió a la situación política existente en algunos Estados miembros y a la falta de apoyo por parte de dichos Estados.

El nuevo marco para la población gitana se centra en un enfoque basado en tres pilares —igualdad, inclusión y participación—, que complementa la integración socioeconómica de los gitanos marginados contemplada en el marco anterior e introduce reformas considerables.

El nuevo marco para la población gitana contiene muchos elementos positivos, pero persiste el mismo problema en cuanto a su puesta en práctica.

Isabela Mihalache, de la Red Europea de Organizaciones de Base Romaníes (ERGO), elogió el nuevo marco por prever una serie de sinergias y políticas complementarias de la UE, si bien aseguró que los compromisos mínimos comunes de los Estados miembros son de carácter bastante general.

Por su parte, Bernard Rorke, del Centro Europeo de Derechos Romaníes, advirtió: «A menos que la justicia prevalezca sin prejuicios respecto de los ciudadanos y ciudadanas romaníes de la UE, este marco fracasará exactamente de la misma manera que su predecesor».

En la misma línea, Florin Botonogu, del Centro de Políticas para los Gitanos y las Minorías, con sede en Bucarest subrayó que las soluciones deben ser realistas.

Finalmente, el presidente del Grupo de Estudio Temático del CESE sobre la Integración de los Gitanos, Alfredas Jonuška, animó a las organizaciones de la sociedad civil y a las ONG a que hagan oír su voz, ya que pese a los progresos realizados aún queda mucho más por lograr. (at)

Este año, el Día de Europa se celebró de manera virtual en el CESE, el foro de la sociedad civil organizada de la UE. El Comité organizó una serie de actividades en su sitio web y rindió homenaje a la Unión Europea en el 71.º aniversario de la Declaración Schuman —el punto de partida de la integración europea— mostrando el papel clave e insustituible que desempeñan en estos momentos en Europa las organizaciones de la sociedad civil, desde su participación en la recuperación hasta su labor vital para hacer frente a nuestros retos cotidianos.

El amplio programa del día incluyó charlas en línea, una visita virtual de 360° a las instalaciones del Comité, y otras actividades interactivas que permitieron a los visitantes conocer mejor el funcionamiento del CESE, su función consultiva en el proceso de toma de decisiones de la UE, y las actividades de sus miembros.

El Comité organizó también un seminario web sobre el tema «La democracia participativa: un pilar clave de la Conferencia sobre el Futuro de Europa», moderado por el Sr. Lohan, vicepresidente de Comunicación, en el que los miembros del CESE Milena Angelova, Tatjana Babrauskienė, Miroslav Hajnoš, Violeta Jelić y Elena Sinkevičiūtė debatieron el modo en que las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar un papel más destacado a escala europea y conseguir que sus valiosas contribuciones resulten aún más eficaces.

Esperamos con impaciencia la Jornada de Puertas Abiertas del CESE del próximo año y confiamos en que pueda volver a celebrarse físicamente en su sede oficial: el edificio Jacques Delors, situado en el barrio europeo de Bruselas. (mp)

La UE aplica una de las normativas más estrictas del mundo en lo que respecta al uso de productos fitosanitarios y plaguicidas en la agricultura. Sin embargo, se puede hacer mucho más para mejorar la convergencia en este sentido a fin de reducir los riesgos asociados al uso de productos fitosanitarios y garantizar un suministro de alimentos sanos y seguros para una población mundial en constante crecimiento.

Como contribución a la evaluación de la Comisión de la Directiva 2009/128/CE relativa al uso sostenible de los plaguicidas, el CESE ha aprobado un Documento informativo sobre este tema.

Tras más de diez años de aplicación, es imprescindible evaluar si la Directiva resulta adecuada para su finalidad.

Si bien se han constatado avances significativos en el manejo y tratamiento de plaguicidas, la falta de conocimientos adecuados sigue siendo el principal obstáculo para un uso óptimo de los plaguicidas.

El seguimiento y la vigilancia del cumplimiento de la ley se consideran también un punto débil de la Directiva, como también lo es la ausencia de sanciones efectivas para los Estados miembros que incumplan las normas.

Aunque los agricultores europeos siguen firmemente comprometidos a avanzar hacia prácticas agrícolas más sostenibles, también existe un amplio consenso sobre la falta de soluciones alternativas y nuevas tecnologías suficientemente rentables para garantizar un mantenimiento ideal de los cultivos.

«Necesitamos un enfoque integral y ambicioso para crear un marco legislativo que nos permita abordar el uso de plaguicidas de manera sistemática, coherente y científica», subrayó el ponente del CESE, José Manuel Roche Ramo. (mr)

Después que uno de los valores fundamentales de la UE haya estado bloqueado más de un año, el certificado COVID Digital de la UE, en lugar del denominado «certificado verde digital» propuesto anteriormente por la Comisión, allana el camino para una circulación libre y segura dentro de Europa. El CESE se congratula por la introducción del certificado y lo considera una excelente norma común que reduce la complejidad para los viajeros y facilita su desplazamiento, pero señala que deben respetarse plenamente los derechos fundamentales y los requisitos de protección de datos.

En su Dictamen, el CESE señala que aunque el certificado facilitará los desplazamientos de los viajeros, el Reglamento propuesto no establece ni la obligación ni el derecho a ser vacunado. «El certificado debe ser transparente y proteger nuestra vida privada», insiste el ponente del Dictamen, George Vernicos.

Aspectos sociales y éticos que deben tenerse en cuenta

No solo certificará si una persona ha sido vacunada, sino que también reflejará los resultados de pruebas PCR recientes o indicará si la persona ya ha superado una infección por SARS-CoV-2.

Las autoridades nacionales deben velar por su implantación rápida y gratuita sin discriminación de ningún tipo. Por otro lado, el CESE hace hincapié en que el certificado no debe dar lugar a discriminación laboral ni abrir la puerta a un dumping salarial mediante la contratación de personas vacunadas de terceros países.

Debe prestarse especial a la protección de datos, lo que hace fundamental que los Estados miembros dispongan de sistemas interoperables con disposiciones igualmente estrictas en materia de protección de datos. (at)

La pandemia de COVID-19 ha ralentizado la actividad de numerosos sectores económicos, al tiempo que está provocando un cambio significativo en el equilibrio de poder mundial. En este contexto, la UE está buscando una estrategia adecuada para reforzar su papel en la escena económica mundial, con políticas destinadas a impulsar el papel internacional del euro, reforzar la resiliencia de las infraestructuras de los mercados financieros europeos y mejorar el régimen de sanciones aplicable a terceros países.

Ante este telón de fondo, la Comisión Europea ha presentado una Comunicación sobre el Sistema económico y financiero europeo: fomentar la apertura, la fortaleza y la resiliencia, con el fin de que la UE pueda desempeñar un papel de liderazgo en el sistema económico y financiero mundial, protegiéndose al mismo tiempo de las prácticas desleales y abusivas de terceros países y de empresas establecidas en tales países. El contenido de esta Comunicación se analizó en una audiencia pública organizada por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) con vistas a la elaboración de un dictamen sobre esta cuestión.

En su alocución inaugural, Danuta Maria Hübner, diputada al Parlamento Europeo y ponente de un Informe sobre una mayor relevancia internacional del euro, explicó que «los cambios geopolíticos y los retos mundiales, incluida la pandemia del COVID-19, han puesto de manifiesto la necesidad de una mayor resiliencia de la economía de la UE» y que «el refuerzo del papel internacional del euro contaría con el apoyo de un sistema financiero europeo dotado de una mayor liquidez, lo que también podría contribuir a una menor vulnerabilidad frente a futuras crisis».

Tomasz Wróblewski, ponente del Dictamen del CESE sobre el Sistema económico y financiero europeo: fomentar la apertura, la fortaleza y la resiliencia, resumió los puntos principales del debate: «Necesitamos medidas audaces y no convencionales para reforzar el papel internacional del euro. Esto será fundamental para llevar nuestra economía hacia la senda del crecimiento en un mundo pospandémico». (dgf)

Las personas LGBTIQ sufren en toda Europa una discriminación que incide en sus resultados académicos, sus perspectivas laborales, su bienestar e incluso el ejercicio de sus derechos fundamentales, como la libertad de circulación dentro de la UE.

Para hacer frente a esta situación, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) propone en un Dictamen, aprobado en su pleno del mes de abril, una regulación no discriminatoria del concepto de «familia» a escala de la UE.

El Dictamen acoge favorablemente la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025, adoptada por la Comisión Europea, cuyo objetivo es reducir la discriminación y garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ en la UE mediante la adopción de medidas legislativas a escala europea.

El ponente del Dictamen, Ionut Sibian, destacó el carácter oportuno de la Estrategia y celebró la valentía de la Comisión Europea al adoptarla «en un contexto de auge de la homofobia y la transfobia a nivel europeo».

El texto aprobado aboga por una definición del concepto de «familia» que se vea reconocida por el conjunto de los Estados miembros de la UE, a fin de garantizar el respeto de los derechos de las denominadas «familias arco iris» en toda la UE, especialmente a escala transfronteriza. El CESE insta, asimismo, a la Unión Europea a que establezca líneas de actuación sobre políticas laborales activas, con el objetivo de que los Estados miembros desarrollen planes nacionales de empleo que incluyan medidas específicas para las personas LGBTIQ, y pide que las denominadas prácticas y terapias de «conversión» sean prohibidas por todos los Estados miembros de la UE. (dgf)

El futuro del transporte en la UE tiene que ser sostenible, social e inteligente: este es el reto al que se enfrenta un sector que no solo ha experimentado una profunda transformación en los últimos años, sino que ha sido duramente golpeado por la pandemia de COVID-19. En el debate sobre la nueva estrategia de transporte de la Comisión, celebrado en el pleno del 28 de abril de 2021, Christa Schweng, presidenta del CESE, señaló que se necesita una visión para una Europa posterior a la COVID-19; en el ámbito del transporte, esta visión incluiría una movilidad sostenible, inteligente y resiliente.