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En su pleno de diciembre, el CESE debatió las cuestiones que afectan a los jóvenes en el mercado laboral. Con este debate, se puso fin al Año Europeo de la Juventud 2022 y se dio paso al Año Europeo de las Capacidades 2023. El Comité abogó por una estrategia a largo plazo para la participación de los jóvenes y recomendó que los Años Europeos no se limiten a meras actividades promocionales y permitan elaborar planes claros.

La presidenta del CESE, Christa Schweng, quien abrió el debate, subrayó que en el mundo posterior a la pandemia de COVID-19 se vuelve a poner el énfasis en las necesidades cambiantes del mercado laboral, con todas las oportunidades y riesgos que ello conlleva. «En el marco del Año Europeo de las Capacidades 2023, el CESE seguirá centrándose en las necesidades de los jóvenes y los retos a los que se enfrentan en un mundo cambiante».

Nicolas Schmit, comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, expuso su visión para Europa: «Unas mejores perspectivas para la juventud, lo que incluye velar por su seguridad y responder a sus aspiraciones de puestos de trabajo significativos y una vida social robusta e inclusiva»

En una Resolución aprobada en el mismo peno, el CESE instó también a las instituciones de la UE y a los gobiernos nacionales a que reforzaran la participación de los jóvenes en la toma de decisiones y dieran curso a su propuesta de una evaluación de impacto de la UE desde el punto de vista de la juventud. Katrĩna Leitāne, presidenta del Grupo de Coordinación del CESE para el Año Europeo de la Juventud, afirmó que es importante garantizar «un legado tangible y duradero para el Año Europeo de la Juventud y velar por que los jóvenes tengan voz en las decisiones que afectan a su futuro».

De cara a 2023, el Comité ha emitido un Dictamen sobre el Año Europeo de las Capacidades (AEC), en el que expresa su preocupación por la sobrecarga de la agenda y las prioridades del AEC. La ponente, Tatjana Babrauskienė, afirmó que «todas las actividades que se lleven a cabo en el marco de la AEC 2023 deben tener como objetivo el mayor progreso posible en todos los ámbitos de la educación y la formación, y las capacidades sociales y transversales deben figurar entre las "competencias adecuadas" que deben promoverse».

El Dictamen también anima a la Comisión a que garantice que los refugiados y solicitantes de asilo puedan validar sus capacidades y competencias en la UE y que se les ofrezcan oportunidades de perfeccionamiento y reciclaje profesional para integrarse en el mercado laboral. «Debe prestarse especial atención a nuestros amigos ucranianos. Queremos fomentar una generación joven ucraniana fuerte y no crear una nueva generación perdida en Ucrania, como espera el régimen ruso», concluyó el comisario Schmit. (gb)

En el pleno de diciembre, el CESE celebró un debate sobre el papel de las políticas de finanzas y de recuperación pública en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres en la UE. Dicho debate estaba relacionado con la aprobación de dos dictámenes: uno sobre la adopción de un enfoque de género en la elaboración de presupuestos y la inversión y el otro sobre la forma en que los Estados miembros pueden mejorar los efectos que tienen las medidas directas e indirectas previstas en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia sobre la igualdad de género.

La igualdad de género está aún lejos de ser una realidad en Europa, sobre todo por lo que se refiere al empoderamiento económico y al acceso a capital de riesgo y financiación. «No podemos permitirnos pasar por alto el potencial de las mujeres en la recuperación posterior a la pandemia. La incorporación de la perspectiva de género debe convertirse en una realidad en los planes nacionales de recuperación, en las políticas macroeconómicas y en el desarrollo mundial», declaró Christa Schweng, presidenta del CESE, al abrir el debate.

Maria Nikolopoulou, ponente del Dictamen del CESE sobre el tema «Inversiones con perspectiva de género en los planes nacionales de recuperación y resiliencia», añadió: «La igualdad de género es una cuestión que nos concierne a todos, no solo a las mujeres. La participación tanto de hombres como de mujeres y de organizaciones de la sociedad civil es crucial para determinar los ámbitos que deben abordarse a través del presupuesto».

Ody Neisingh, ponente del Dictamen del CESE sobre el tema «La inversión con perspectiva de género», declaró: «La dimensión financiera de la igualdad de género sigue siendo la gran olvidada en las políticas de la UE. Si bien la elaboración de presupuestos y la inversión con perspectiva de género están cobrando importancia entre los responsables políticos, estos aún siguen sin prestarles toda la atención que merecen».

Por último, Cinzia Del Rio, coponente del Dictamen sobre el tema «Inversiones con perspectiva de género», formuló observaciones sobre las medidas con perspectiva de género previstas en los planes nacionales de recuperación y resiliencia: «Debe darse prioridad a la intensificación de las medidas directas e indirectas en materia de igualdad de género a la hora de aplicar los planes de recuperación y resiliencia, lo que requiere políticas públicas específicas y canales de inversión claros y sostenibles con una planificación de recursos a medio y largo plazo». (tk)

La crisis mundial de los precios de los alimentos se ha visto agravada por la guerra en Ucrania, pero de hecho se debe a problemas más estructurales y sistémicos en el mercado de productos básicos que provocan hambrunas y amenazan los medios de subsistencia de las personas, como destaca el CESE en un Dictamen de iniciativa aprobado el 14 de diciembre.

Impulsada por los conflictos, las catástrofes climáticas y la COVID-19, la crisis de los precios de los alimentos está experimentando una escalada porque la guerra de Ucrania incrementa los costes de los alimentos, los combustibles y los fertilizantes. El índice de precios de los alimentos alcanzó un máximo histórico en 2022 a la vez que la inseguridad alimentaria aumentaba en todo el mundo.

Sin embargo, el alcance y la escala de la actual volatilidad de los precios solo pueden explicarse parcialmente por los fundamentos del mercado. Uno de los defectos subyacentes es el carácter opaco y disfuncional de los mercados de cereales.

«Mi abuela decía que con la comida no se juega. Sin embargo, hoy en día muchas personas olvidan el valor real de los alimentos y especulan con ellos», asegura el ponente del Dictamen, Peter Schmidt, presidente de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del CESE. «Exponemos claramente que el mercado actual de productos básicos no contribuye al desarrollo sostenible, a las aspiraciones en materia climática ni a la transición justa. Todo lo contrario: socava los esfuerzos por acabar con el hambre y fomentar unos ingresos y unos precios justos».

En el Dictamen del CESE se subraya que el comercio físico mundial de cereales está muy concentrado. Se calcula que cuatro empresas controlan entre un 70 % y un 90 % de dicho comercio. «Mientras el aumento de los precios de los alimentos amenaza la seguridad alimentaria a escala mundial, las grandes empresas comerciales se están beneficiando. Esto resulta inaceptable», afirma el Sr. Schmidt.

El CESE insta a los Estados miembros y a las instituciones de la UE a que adopten las medidas necesarias para frenar la especulación excesiva con productos básicos, si bien reconoce que los mercados de derivados sobre productos básicos prestan servicios clave —como la gestión del riesgo y la formación del precio— a los productores y usuarios de productos alimentarios básicos. El CESE recomienda:

• regular el mercado de futuros de derivados alimentarios, algo que se venía haciendo hasta finales del siglo pasado;
• regular los índices de productos básicos y de alimentos, en particular regulando y prohibiendo los fondos de índices de productos básicos y la replicación a través de permutas y productos cotizados;
• abordar la financierización del sector alimentario, por ejemplo introduciendo un impuesto global sobre los beneficios extraordinarios de las empresas comerciales y financieras y un impuesto sobre la especulación alimentaria y rompiendo los oligopolios en todos los niveles de la cadena del comercio internacional de alimentos;
• aumentar la transparencia del mercado mejorando la información sobre aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) y divulgando información no financiera sobre los agentes que participan en la especulación. (ks)

En un nuevo Dictamen en el que también aboga por una «agenda de competitividad» de la UE, el CESE sostiene que el control de la competitividad debería aplicarse a cualquier proceso político o legislativo de la UE.

En el Dictamen, aprobado en el pleno de diciembre, el CESE señala que el impacto de las iniciativas políticas y reglamentarias de la UE en la competitividad de las empresas europeas debe evaluarse de manera mucho más exhaustiva y sistemática que en la actualidad. 

El control de la competitividad debe abarcar la legislación, las medidas fiscales, las estrategias, los programas, los acuerdos internacionales e incluso el Semestre Europeo. Debe examinar su impacto en las empresas, el empleo, las condiciones de trabajo y los costes de cumplimiento. Además, debe tener en cuenta el modo en que pueden afectar a empresas de distintos sectores, de diferentes tamaños y con diferentes modelos de negocio, tanto a corto como a largo plazo.

La participación de Europa en el PIB mundial ha estado disminuyendo desde hace bastante tiempo y podría representar menos del 10 % en 2050. Las perspectivas a corto plazo tampoco invitan al optimismo si se tienen en cuenta los efectos de la pandemia de COVID-19, la guerra de Ucrania, el aumento de la inflación, la fuerte subida de los precios de la energía y la dependencia de importaciones extranjeras clave. Y si a esto añadimos la doble transición ecológica y digital nos podemos hacer una idea bastante precisa de los enormes retos a los que se enfrentan las empresas de la UE.

¿Qué podemos hacer para garantizar que la competitividad y las empresas desempeñen un papel más destacado en la toma de decisiones de la UE? El CESE propone un enfoque triple.

En primer lugar, a nivel técnico, preconiza reforzar la evaluación de impacto de la Comisión Europea mediante un control de competitividad de carácter obligatorio y mucho más amplio. 

«La Comisión Europea ya tiene que llevar a cabo evaluaciones de impacto en las que se tengan en cuenta los efectos de una iniciativa en la competitividad», afirmó Christian Ardhe, ponente del Dictamen del CESE. «Sin embargo, consideramos que también hay margen de mejora, especialmente en términos de aplicación y ejecución».

En segundo lugar, a nivel político, se ha de prestar la debida atención a la competitividad a la hora de configurar nuevas iniciativas, que deben evaluarse en función de la manera en que apoyan la competitividad y contribuyen a ella.

En tercer lugar, el Comité aboga por una agenda de competitividad específica con el objetivo a largo plazo de reforzar la competitividad de la UE. 

Giuseppe Guerini, coponente del Dictamen, afirmó que «con este Dictamen realmente queremos volver a examinar las diversas formas de control de la competitividad y tener en cuenta las complejidades existentes en este ámbito». «Hoy en día, la competitividad ya no es algo que afecte a empresas individuales, sino que afecta realmente a los ecosistemas, por lo que debemos adoptar un enfoque más complejo al examinarla». 

El Dictamen se elaboró en respuesta a una solicitud de la Presidencia checa del Consejo de la UE. (dm)

En su pleno de diciembre el CESE celebró un debate sobre la reconstrucción y la resiliencia de la región euromediterránea tras la pandemia de COVID‑19 centrado en la cultura digital.

Christa Schweng, presidenta del CESE, al poner de relieve el papel fundamental que desempeñan la cooperación y el diálogo regionales, en general, y la creación de redes de organizaciones de la sociedad civil, en particular, declaró que la Unión por el Mediterráneo y la Fundación Anna Lindh son socios muy importantes para el CESE y los pilares fundamentales de la colaboración euromediterránea.

Álvaro Albacete Perea, secretario general adjunto de la Unión por el Mediterráneo, y Josep Ferré, director ejecutivo de la Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el Diálogo de las Culturas, destacaron la importancia fundamental de reforzar las relaciones entre la UE y la región del Mediterráneo meridional.

La digitalización resulta fundamental para el progreso económico y social en la región euromediterránea. El Dictamen de iniciativa sobre el tema «Transición digital en la región euromediterránea», elaborado por Dolores Sammut Bonnici y aprobado en el pleno, señala la importancia de reducir la brecha digital entre los distintos países, las zonas urbanas y rurales y las generaciones. (mp)

El CESE pide a la UE y los Estados miembros que se esfuercen por comunicar mejor a la ciudadanía sobre los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. En un Dictamen aprobado en diciembre, el Comité propone centrarse en la equidad y la justicia y dar voz a quienes sufren en primera persona las violaciones de los derechos humanos.

Algunas personas pueden percibir el Estado de Derecho y los derechos fundamentales como conceptos excesivamente abstractos, distantes, jergales y legalistas, pero el Comité considera que se trata de un peligro real que la UE debe afrontar.

Cristian Pîrvulescu, ponente del Dictamen del CESE «Comunicar sobre los derechos fundamentales y el Estado de Derecho», explicó que «la falta de una comunicación y educación claras a escala europea y nacional sobre estos principios beneficia a los enemigos de la democracia. Pedimos que se apoyen en mayor grado las actividades de sensibilización de la sociedad civil y se refuercen los planes de estudio escolares».

El coponente, José Antonio Moreno Díaz, subrayó que «los individuos no pueden defender sus derechos fundamentales si no saben lo que realmente significan. Los agentes, las instituciones, los Estados miembros y la sociedad civil de la UE pueden marcar la diferencia traduciendo conceptos abstractos en cuestiones significativas y prácticas y creando una cultura europea compartida de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho».
 
El Dictamen del CESE sostiene que la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho no son posibles en ausencia de un Estado del bienestar. Ambos están interconectados: cuando el Estado del bienestar deja de funcionar, la sociedad puede percibir el Estado de Derecho como un concepto vacío. Este vínculo está reconocido en el pilar europeo de derechos sociales, un instrumento político fundamental para construir una Unión más inclusiva.

El Comité insta a todas las instituciones de la UE a mostrar tolerancia cero con las infracciones del Estado de Derecho en los Estados miembros de la UE. A tal fin, la UE debe seguir basándose en la definición del Estado de Derecho de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, que ofrece una descripción clara de los principios clave cubiertos por el Estado de Derecho.  (gb)
 

En un Dictamen aprobado en el pleno de diciembre, el CESE afirma que el valor límite técnico de exposición al amianto previsto en la Directiva sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto debe fijarse, con el tiempo, en un nivel inferior al propuesto actualmente por la Comisión.

En el Dictamen sobre el tema «Protección contra la exposición al amianto durante el trabajo», el CESE señala que «los interlocutores sociales pueden ir más allá del nuevo valor límite que se aplicará en virtud de la Directiva y adoptar las medidas adecuadas para reducir aún más la presencia de fibras de amianto en los lugares de trabajo».

El CESE determina que este valor límite técnico debe fijarse, con el tiempo, en 0,001 fibras/cm^³ tras un período de transición razonable.

«Acogemos con satisfacción la ambición de la Comisión de reducir la incidencia del cáncer y los esfuerzos específicos por minimizar la exposición al amianto durante el trabajo. Constituye una buena base para avanzar, con el tiempo, hacia una tolerancia cero en materia de exposición al amianto. Sin embargo, consideramos que la UE debe ir más allá del máximo propuesto por la Comisión», aseveró Ellen Nygren, ponente del Dictamen del CESE.

«No existe un nivel de exposición que pueda considerarse que excluya con certeza el riesgo de cáncer. A pesar de la prohibición, ya en vigor, de utilizar amianto nuevo, sigue habiendo muchos trabajos en los que los trabajadores siguen estando expuestos a esta sustancia letal», advirtió.
Según cifras presentadas en una audiencia reciente del CESE, en la Unión Europea mueren cada año unas 90 370 personas como consecuencia de un cáncer relacionado con el amianto, lo que demuestra la necesidad de reducir el valor límite de exposición.

Para alcanzar este objetivo, el CESE ha recomendado elaborar una hoja de ruta que incluya medidas complementarias que vayan más allá de la propuesta de la Comisión y que deberán prever un apoyo financiero a las empresas y regiones sin el que no podrían cumplir el objetivo marcado.
Muchas personas pueden verse expuestas al amianto sin tan siquiera darse cuenta, por lo que el CESE ha instado a la Comisión a que, a través de todos los canales posibles —incluidos los medios de comunicación—, organice una campaña de información que eduque a la población sobre el amianto y los peligros letales que representa.

En caso de que los trabajadores estén o sospechen estar expuestos al amianto, deben someterse a un seguimiento cuyos resultados han de documentarse, a fin de garantizar una supervisión y una revisión adecuadas de su estado de salud cada vez que cambien de empleo a lo largo de su carrera profesional. (ll)

En su pleno de diciembre, el CESE acogió favorablemente la propuesta de Directiva de la Comisión sobre recuperación y decomiso de activos como un paso importante en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la UE. A pesar de una mejora general en algunos Estados miembros, el porcentaje de activos de origen delictivo embargados o decomisados sigue siendo extremadamente bajo en la Unión.

La nueva Directiva mejora la cooperación transfronteriza entre todas las autoridades que se ocupan de la recuperación de activos, anima a los países de la UE a desarrollar estrategias nacionales y les obliga a crear al menos un organismo de recuperación de activos, un órgano especializado en el rastreo y la detección de los productos del delito y otros bienes relacionados con la delincuencia: así lo afirmó el CESE en su Dictamen sobre recuperación y decomiso de activos, aprobado en el pleno de diciembre.

«Creemos que la propuesta de la Comisión es muy buena, ya que responde a la necesidad de ampliar el alcance de los mecanismos de decomiso. También establece mecanismos de cooperación transfronteriza para aumentar la tasa de recuperación de activos. En la actualidad, los índices son muy bajos: solo un 2 % de activos de origen delictivo se embarga y solo un 1 % se decomisa», afirmó el ponente del Dictamen, Ionuţ Sibian.

A los delitos ya recogidos en la Directiva sobre decomisos de 2014 la nueva Directiva añade una considerable lista de delitos, entre los que se incluyen el tráfico de órganos, el secuestro, los delitos medioambientales y el tráfico de vehículos robados, por citar solo algunos.

Sin embargo, el CESE señaló que la Directiva se queda corta a la hora de incluir de forma explícita en su ámbito de aplicación el tráfico ilícito de migrantes y el comercio ilícito de tabaco, a pesar de los notables ingresos anuales de estos mercados delictivos —cuyo valor se estima en 289,4 millones EUR y 8 309,3 millones EUR, respectivamente—, e instó a la Comisión a añadirlos a la lista.

El CESE también pidió a la Comisión que sea más ambiciosa en cuanto a la reutilización con fines sociales de los activos decomisados y que fije a los Estados miembros un porcentaje mínimo para ello.

El Sr. Sibian aseveró: «Es muy importante que las comunidades afectadas reciban una compensación directamente y que se beneficien del fruto de dichas compensaciones Es un ámbito en el que esperábamos avances, pero que está estancado. La sociedad civil tiene que participar en la gestión de los bienes decomisados y en su destino».

Asimismo, el CESE pidió que la Comisión sea más precisa a la hora de fijar los derechos de las víctimas a una indemnización. El Comité concluyó que debe concederse prioridad a las víctimas en el orden de prelación de los acreedores. (ll)

El CESE ha acogido favorablemente las iniciativas de la Comisión Europea en favor de la libertad de los medios de comunicación, pero advierte de que simples recomendaciones y un enfoque de Derecho indicativo no bastarán para garantizar la libertad de los medios de comunicación en Europa y su independencia de injerencias políticas, comerciales y de otro tipo.

En su Dictamen sobre la «Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación» (Propuesta de Reglamento y de Recomendación), el CESE señala que la libertad y la diversidad de los medios de comunicación revisten una importancia fundamental para la democracia liberal y el Estado de Derecho.

«La libertad de los medios de comunicación está en peligro. El autoritarismo está cobrando fuerza, también en Europa. El considerado “cuarto poder” se erige como la primera defensa contra este ataque a la libertad; de ahí que resulte fundamental reforzar la libertad de los medios de comunicación, por lo que la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación constituye una iniciativa importante y muy oportuna», declaró Christian Moos, ponente del Dictamen.

«Observamos cada vez más injerencias políticas y económicas en diversos países de la UE, en los medios de comunicación tanto públicos como privados que están estrechamente vinculados al poder, lo que resulta incompatible con la función que ejercen los medios de comunicación en tanto que “cuarto poder”», añadió el coponente, Tomasz Andrzej Wróblewski.

El CESE respalda plenamente las propuestas que refuerzan y defienden la independencia periodística y editorial. También hace especial hincapié en la independencia e imparcialidad de los medios de comunicación públicos y ha señalado que es necesario disponer de recursos financieros estables y adecuados que las aseguren.

La amenaza para el pluralismo de los medios de comunicación que conlleva la concentración del mercado es otro de los problemas preocupantes que se ponen de relieve en el Dictamen. En efecto, los monopolios informativos son una amenaza para el pluralismo, por lo que deben tomarse medidas para evitar que los magnates y oligarcas del sector tomen el control de los medios de comunicación.

La propiedad de los medios de comunicación debe ser transparente y los requisitos para dicha transparencia deben ser vinculantes, si bien no deben dar lugar a una carga administrativa excesiva para los pequeños medios de comunicación. La falta de independencia de algunos organismos reguladores nacionales es también preocupante. Su participación en el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación estará vetada en caso de no ser totalmente independientes.

El CESE ha subrayado que, al promulgarse en forma de Reglamento, la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación surtirá efectos directos. Al mismo tiempo, se pregunta si el enfoque de Derecho indicativo de la Recomendación es una forma eficaz de cumplir los objetivos que fija dicha ley.

«Las meras recomendaciones no bastan para garantizar la libertad y la diversidad de los medios de comunicación en los Estados miembros. La existencia de unos medios de comunicación libres e independientes debe ser un criterio vinculante en el Informe sobre el Estado de Derecho y a la hora de activar el mecanismo en los Estados miembros cuyos gobiernos conculcan las libertades e independencia de los medios de comunicación», concluyó el Sr. Moos. (ll)

La educación puede ayudar a que las sociedades dejen de basarse en los combustibles fósiles y pasen a ser circulares y sostenibles. En un Dictamen de iniciativa aprobado en diciembre, el CESE pide una educación transformadora que capacite a la juventud para contribuir a la transición ecológica.

Los valores humanistas deben ocupar un lugar central en la educación para el desarrollo sostenible, con énfasis en las consecuencias medioambientales y sociales del comportamiento de las personas. Esto requiere redefinir la educación desde la etapa preescolar hasta la universidad y más allá.

«La sostenibilidad no solo se refiere al medio ambiente. Presenta muchos aspectos, y los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son todos igual de importantes. La educación desempeña un papel crucial por ser un factor clave para facilitar el resto de ODS», asegura Tatjana Babrauskienė, ponente del Dictamen del CESE «Empoderar a la juventud para lograr un desarrollo sostenible a través de la educación».

El pensamiento crítico y la toma de decisiones con conocimiento de causa deben enseñarse en las escuelas para que los niños y niñas puedan afrontar las cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible. En un nivel básico, la enseñanza infantil debe abordar la energía, el consumo y la producción sostenibles, la reducción del desperdicio de alimentos y la toma de decisiones de alimentación responsables.

El informe «Evaluación del Programa escolar de la UE», recientemente aprobado, plantea recomendaciones adicionales para mejorar el sistema escolar en aras del desarrollo sostenible. «Mejorar las medidas de educación alimentaria —dedicando tiempo en clase al origen y el valor de los productos alimenticios y visitando explotaciones agrícolas y empresas agroalimentarias— podría aumentar la eficacia del Programa escolar de la UE y contribuir a educar a la juventud sobre una alimentación sana y sostenible», afirma el ponente de dicho informe, Arnold Puech d’Alissac. El CESE también aboga por un mejor uso de los fondos en apoyo de la educación para el desarrollo, como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Erasmus+, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo Plus.

La educación para el desarrollo sostenible se encuentra actualmente en distintas fases de implantación en los Estados miembros.

«Debemos transformar la educación sin pérdida de tiempo para garantizar un futuro sostenible en los Estados miembros, y resulta fundamental incluir activamente en ese proceso a la juventud, al profesorado y a las familias», afirma la Sra. Babrauskienė. (ks)

El CESE afirma en un reciente dictamen exploratorio que el sector de las tecnologías marítimas necesita urgentemente políticas e inversiones para hacer frente a la competencia internacional. Se ha de prestar especial atención a la formación en materia de capacidades, la financiación y el acceso al mercado.

Si Europa no aplica una estrategia industrial marítima específica, corre el riesgo de ser cada vez más dependiente de Asia en lo que respecta a sus buques y equipos marítimos. Muchos puertos europeos ya son propiedad, en parte o en su totalidad, de empresas chinas. Una estrategia sostenible debe reevaluar esta estructura de propiedad.

«El CESE considera que es necesario actuar de inmediato para reforzar la resiliencia marítima de Europa, recuperar la competitividad mundial, proteger la sólida posición de Europa en la construcción naval compleja y salvaguardar la autonomía marítima estratégica de Europa», afirmó Anastasis Yiapanis, ponente del Dictamen del CESE.

Debe crearse un grupo de expertos marítimos y una alianza industrial europea para el sector de las tecnologías marítimas si se quiere ayudar al sector a recuperar su competitividad.

A pesar de un Dictamen de iniciativa del CESE de 2018 sobre «La estrategia LeaderSHIP 2020 como planteamiento de la industria de las tecnologías marítimas», que pidió un apoyo más firme para el sector marítimo, las autoridades nacionales y de la UE no han adoptado las políticas necesarias.

El CESE expresó su preocupación por los obstáculos a los que se enfrentan las empresas europeas que quieren hacer negocios en Asia. Pidió a la Comisión Europea que redoblara sus esfuerzos para establecer normas comerciales mundiales y señaló que es necesario actuar con carácter prioritario contra las subvenciones extranjeras y las prácticas perjudiciales en materia de precios en la construcción naval.

Los actuales acuerdos bilaterales de libre comercio deben actualizarse a fin de garantizar el libre acceso al mercado para las empresas marítimas de la UE, lo que debe incluirse en los futuros acuerdos. Si las negociaciones emprendidas a escala internacional para lograr este objetivo no tienen éxito, la UE deberá considerar acciones unilaterales con el fin de ejercer presión sobre sus competidores internacionales.

En su Dictamen, el CESE también señaló el importante papel que desempeña la industria de las tecnologías marítimas en la consecución de una economía azul sostenible.

«El Comité pide medidas urgentes que estimulen la demanda interna de buques ecológicos y de alta tecnología, incluido un programa de la UE para la renovación de las flotas y la adaptación de los buques existentes en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo», señaló el coponente, Christophe Tytgat.

Según el CESE, los interlocutores sociales y los productores locales han esperado en vano un estímulo para que el sector emprenda la transición a buques ecológicos, combustibles alternativos y tecnologías para cumplir el paquete de medidas «Objetivo 55». No obstante, acogió con satisfacción la aprobación de la asociación Waterborne para el transporte de cero emisiones, que está trabajando para lograr un transporte marítimo sin emisiones.

El CESE pidió un mayor apoyo financiero para el Pacto Europeo por las Capacidades y para campañas que hagan que el sector sea más atractivo para todos los trabajadores, desde ingenieros hasta soldadores y electricistas.  Según el CESE, se necesitan programas de reciclaje profesional, mejora de las capacidades y educación y formación profesionales a gran escala, para garantizar que el sector pueda acometer las transiciones ecológica y digital. (ks)

Hace falta un nuevo contrato social para América Latina que garantice la responsabilidad política, la inclusión, la protección social y el empleo de calidad: así lo afirma el CESE en un Dictamen de iniciativa sobre la situación socioeconómica en América Latina tras la COVID-19 aprobado el pasado mes de diciembre. Unas sociedades civiles organizadas de forma libre y democrática son el mejor punto de partida.

La pandemia de COVID-19 afectó extremadamente a América Latina poniendo de manifiesto las deficiencias de las políticas aplicadas a lo largo de décadas, que resultaron ineficaces a la hora de afrontar los retos actuales. La invasión rusa de Ucrania ha exacerbado las turbulencias económicas al trastornar las cadenas de suministro mundiales y contribuir al aumento de la inflación.

El Dictamen, titulado «La situación socioeconómica en América Latina tras la crisis de la COVID‑19: el papel de la sociedad civil en el proceso de recuperación», considera que la región necesita un nuevo contrato social, que puede alcanzarse mediante acuerdos transversales entre grupos socioeconómicos, entre regiones y entre generaciones.

En relación con el papel de la sociedad civil, el miembro del CESE Josep Puxeu Rocamora, ponente del Dictamen, afirma: «Europa y América Latina están comprometidas con la democracia y el Estado de Derecho, lo que significa que la sociedad civil participará activamente, desempeñará un papel de liderazgo en el proceso de desarrollo y en la superación de las crisis y promoverá el diálogo indispensable para lograr un nuevo contrato social».

Europa debe reforzar sus vínculos con América Latina y centrarse especialmente en las transiciones social, ecológica y digital. «Tenemos que invertir urgentemente en más esfuerzos por construir alianzas con socios afines en América Latina —asegura el Sr. Puxeu Rocamora—. Hemos dado por sentada esta relación durante demasiado tiempo. Debemos hacer un esfuerzo por ponernos al día, ya que ahora mismo afrontamos una fuerte competencia por parte de otros agentes».

El CESE considera que esta alianza requiere el pleno reconocimiento y la participación de las sociedades civiles organizadas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales y empresariales y asociaciones medioambientales. (at)

En una reunión del CESE celebrada en Estocolmo el 15 de diciembre, Christian Danielsson, secretario de Estado sueco de Asuntos Europeos, expuso el rumbo político de la próxima Presidencia sueca del Consejo de la UE, que ha solicitado al CESE que aporte información sobre seis cuestiones centrales.

El CESE es consciente de que el apoyo a Ucrania y la atención a la transición ecológica y la competitividad de la UE serán algunas de las consignas de la Presidencia sueca del Consejo de la Unión Europea, que tendrá lugar de enero a junio de 2023.

En una reunión de la Mesa, la instancia rectora del CESE, celebrada en Estocolmo el 15 de noviembre de 2022, Christa Schweng, presidenta del CESE, subrayó que, frente a todos los retos que se presentan, la UE solo podrá tener éxito si cuenta con la participación constante de las organizaciones de la sociedad civil europea.

«Dadas las sombrías perspectivas económicas de Europa, tenemos que establecer prioridades correctas y claras», señaló. «Garantizar la recuperación y apoyar a las empresas y a las personas que se enfrentan a una elevada inflación y, en particular, a unos precios exorbitantes de la energía es de vital importancia para nuestras economías, nuestras sociedades y nuestras democracias».

Christian Danielsson, secretario de Estado sueco de Asuntos Europeos, declaró: «No debemos rehuir el hecho de que las prioridades son importantes, pero la Presidencia se dedicará ante todo a su propia labor: hacer avanzar los trabajos y lograr resultados que redunden en el bien de la ciudadanía, los Estados miembros y Europa. En ella pondremos todo nuestro empeño».

El Sr. Danielsson subrayó que la Presidencia sueca seguirá prestando ayuda humanitaria a Ucrania y centrando su atención en mejorar el rendimiento y la competitividad de la economía de la Unión.

Más concretamente, la Presidencia sueca se centrará en los ámbitos siguientes:

• acelerar la transición climática;
• reforzar la competitividad de la UE para el empleo del futuro;
• salvaguardar los valores fundamentales de la UE;
• proporcionar seguridad a la ciudadanía de la UE y reforzar el papel de la UE en el mundo;
• combatir la delincuencia organizada.

La Presidencia sueca ha solicitado al CESE que, por medio de «dictámenes exploratorios», aporte la información y el asesoramiento especializado de que dispone sobre las cuestiones siguientes:

• El mercado único cumple treinta años – ¿Cómo podría mejorarse el funcionamiento del mercado único?
• La transición hacia un sistema de transporte sostenible a largo plazo
• El papel de los jóvenes en la transición ecológica
• Las ventajas de la construcción industrial moderna de madera
• Seguir mejorando la competitividad digital de la UE
• El desarrollo de competencias y capacidades en el contexto de la doble transición ecológica y digital

Para más información, acuda a nuestro sitio web, donde encontrará el último folleto del CESE titulado «Las actividades del CESE durante la Presidencia sueca del Consejo», que se ha publicado en inglés, sueco, francés y alemán. (mp/dm)

Por Stefano Mallia, presidente del Grupo de Empresarios del CESE

El primer semestre de 2023 es el momento idóneo de presionar para que la agenda de competitividad se convierta en una prioridad absoluta de la Unión Europea.

2022 ha sido un annus horribilis para Europa. Rusia ha hecho que vuelva a estallar la guerra en nuestro continente, por lo que se han visto truncadas las presunciones y expectativas de una paz duradera en el espacio europeo.

Sin embargo, es evidente que no puede prosperidad sin paz. El Grupo de Empresarios ha respaldado plenamente las medidas adoptadas por la UE para ayudar a Ucrania en su momento de necesidad y empezar a trabajar en la reconstrucción del país, incluso antes de que finalice la guerra.

Por lo tanto, en 2022, mantendremos nuestro esfuerzo para ayudar a Ucrania, pero también seguiremos impulsando la recuperación de la UE. En cuanto a nuestra labor en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, hemos abogado firmemente por una acción más decisiva en favor de la competitividad, mediante la instauración de la buena práctica de llevar a cabo un control de la competitividad para construir una economía más fuerte y resiliente. La Comisión y las sucesivas presidencias de la UE se han mostrado muy atentas a nuestro llamamiento y actualmente se está preparando un instrumento con este fin. Y lo que es más importante, cada vez es más evidente para todos que la UE debe adoptar una agenda de competitividad centrada en la sostenibilidad y la fortaleza de la empresa. Solo de esta manera se puede garantizar una sociedad saludable y ofrecer una buena calidad de vida a la ciudadanía.

De cara a 2023, debemos seguir actuando con urgencia. Hay que redoblar esfuerzos para desarrollar una agenda ambiciosa y con visión de futuro, que tenga debidamente en cuenta las necesidades y preocupaciones de las empresas. La situación actual exige una serie de objetivos fundamentales:

• un acceso competitivo a los factores de producción (energía, materias primas, mano de obra, capital y datos);
• aprovechar todo el potencial del mercado único y sus libertades mediante la creación de un verdadero mercado único digital;
• garantizar que el comercio exterior abierto y basado en normas se convierta en un nuevo pilar de la economía de la UE;
• la doble transición ecológica y digital, que cuenta con nuestro firme apoyo, debe lograrse de una manera rentable que fomente el espíritu empresarial y la innovación.

El primer semestre de 2023 es el momento idóneo de presionar para que la agenda de competitividad se convierta en una prioridad absoluta. En un mundo en el que reina la incertidumbre, hay algo de lo que podemos estar seguros: sin una Unión próspera y competitiva, el bienestar de nuestra sociedad se encuentra seriamente amenazado.

Puede leer el texto íntegro del artículo aquí. (dv/kr)

Por el Grupo de Trabajadores del CESE

En una exposición de la OIT, que tuvo lugar en el CESE el pasado mes de diciembre, se mostraron las mejores viñetas de un concurso de la OIT que relataban historias desgarradoras de personas de todo el mundo obligadas a realizar trabajos forzosos. 

Según las estimaciones de la OIT, el número de personas en situación de trabajo forzoso se elevó a 27,6 millones en 2021, lo que constituye una cifra impresionante.

Estas personas se ven obligadas a trabajar en contra de su voluntad, para lo cual se les intimida de diferentes formas: retención deliberada de salarios, amenazas de despido, confinamiento forzoso y violencia física y sexual. La lista es muy larga. El trabajo forzoso es un fenómeno generalizado en todo el mundo y la situación ha empeorado con la pandemia de COVID-19. Los niños, las mujeres y los trabajadores migrantes se encuentran entre los más vulnerables. Según las estimaciones de la OIT relativas al número total de personas en situación de trabajo forzoso, 11,8 millones son mujeres y niñas. Del número total de personas en situación de trabajo forzoso, más de 3,3 millones son niños y niñas.

Pero los hechos y las cifras no reflejan plenamente la dramática situación que atraviesan estas personas. Esta es la razón por la que se organizó esta exposición en el CESE, en colaboración con la OIT, a iniciativa del presidente del Grupo de Trabajadores, Oliver Röpke. Se mostraron las mejores viñetas de un concurso de la OIT que describen la experiencia de personas de todo el mundo obligadas a padecer estas condiciones de trabajo intolerables. 

Este tipo de iniciativa nos induce a reflexionar sobre las medidas que pueden adoptarse para acabar con esta lacra, como abordar los déficits de trabajo digno en la economía informal, tal como preconiza la OIT. Un Dictamen del CESE en curso, elaborado por Thomas Wagnsonner, ponente del Grupo de Trabajadores, se centra en la prohibición de los productos realizados con trabajo forzoso en el mercado de la Unión. Durante la inauguración de la exposición, el presidente del Grupo de Trabajadores, Oliver Röpke, señaló: «Esta exposición pone de manifiesto el sufrimiento de las víctimas del trabajo forzoso, pero también explora lo que podemos lograr cuando trabajamos conjuntamente y actuamos con firmeza, como estamos haciendo en la actualidad. Por esta razón queremos que todos los Estados miembros de la UE ratifiquen el Protocolo de 2014 del Convenio sobre el trabajo forzoso de la OIT». (mg)

por el Grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil del CESE

El 14 de diciembre, los miembros del Grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil del CESE reeligieron por aclamación a Séamus Boland como presidente del Grupo por otros dos años y medio. 

Séamus Boland presidirá el grupo durante su segundo medio mandato, de abril de 2023 a septiembre de 2025. El irlandés, que es agricultor y representa en el Comité a una organización que impulsa el desarrollo rural y comunitario, preside el grupo desde octubre de 2020. El Sr. Boland es miembro del Comité desde 2011.

La erradicación de la pobreza y el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra la pobreza seguirán siendo la principal prioridad durante su presidencia.

Séamus Boland afirmó: «La pobreza se encamina hacia un máximo histórico como consecuencia de la COVID-19, el cambio climático y la agitación geopolítica causada por la guerra de Ucrania. Afecta a todas las esferas de la vida y nos impide lograr un futuro sostenible para todos». Y añadió: «Por lo tanto, erradicar la pobreza sigue siendo la prioridad absoluta de mi presidencia, y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la pobreza. Esas organizaciones ayudan a canalizar las preocupaciones locales, definir las necesidades locales y encontrar soluciones locales, algo crucial para alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible: erradicar la pobreza extrema en todas partes».

Para 2023, Séamus Boland propone concentrar el trabajo del grupo en las siguientes áreas prioritarias:

• Sistemas sanitarios y asistenciales europeos resistentes;
• Cambio climático, pobreza energética y grupos vulnerables;
• Cualificaciones, digitalización y personas vulnerables;
• Papel de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa y el fortalecimiento de la democracia europea;
• Capacitación de la juventud y protección de la infancia.

Durante su reunión, el Grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil también designó a los candidatos a otros puestos de dirección del Comité para la segunda mitad del mandato 2020-2025.

• Krzysztof Pater como vicepresidente del CESE encargado del Presupuesto
• Baiba Miltoviča como presidenta de la Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información (TEN)
• Ioannis Vardakastanis como presidente de la Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social (ECO)
• Panagiotis Gkofas como cuestor

Estos candidatos serán confirmados por votación durante la renovación intermedia del Comité en abril de 2023.

Obtendrá más información en europa.eu/!mmX8NV (jk)