Hace falta un nuevo contrato social para América Latina que garantice la responsabilidad política, la inclusión, la protección social y el empleo de calidad: así lo afirma el CESE en un Dictamen de iniciativa sobre la situación socioeconómica en América Latina tras la COVID-19 aprobado el pasado mes de diciembre. Unas sociedades civiles organizadas de forma libre y democrática son el mejor punto de partida.

La pandemia de COVID-19 afectó extremadamente a América Latina poniendo de manifiesto las deficiencias de las políticas aplicadas a lo largo de décadas, que resultaron ineficaces a la hora de afrontar los retos actuales. La invasión rusa de Ucrania ha exacerbado las turbulencias económicas al trastornar las cadenas de suministro mundiales y contribuir al aumento de la inflación.

El Dictamen, titulado «La situación socioeconómica en América Latina tras la crisis de la COVID‑19: el papel de la sociedad civil en el proceso de recuperación», considera que la región necesita un nuevo contrato social, que puede alcanzarse mediante acuerdos transversales entre grupos socioeconómicos, entre regiones y entre generaciones.

En relación con el papel de la sociedad civil, el miembro del CESE Josep Puxeu Rocamora, ponente del Dictamen, afirma: «Europa y América Latina están comprometidas con la democracia y el Estado de Derecho, lo que significa que la sociedad civil participará activamente, desempeñará un papel de liderazgo en el proceso de desarrollo y en la superación de las crisis y promoverá el diálogo indispensable para lograr un nuevo contrato social».

Europa debe reforzar sus vínculos con América Latina y centrarse especialmente en las transiciones social, ecológica y digital. «Tenemos que invertir urgentemente en más esfuerzos por construir alianzas con socios afines en América Latina —asegura el Sr. Puxeu Rocamora—. Hemos dado por sentada esta relación durante demasiado tiempo. Debemos hacer un esfuerzo por ponernos al día, ya que ahora mismo afrontamos una fuerte competencia por parte de otros agentes».

El CESE considera que esta alianza requiere el pleno reconocimiento y la participación de las sociedades civiles organizadas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales y empresariales y asociaciones medioambientales. (at)