En su pleno de diciembre, el CESE acogió favorablemente la propuesta de Directiva de la Comisión sobre recuperación y decomiso de activos como un paso importante en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la UE. A pesar de una mejora general en algunos Estados miembros, el porcentaje de activos de origen delictivo embargados o decomisados sigue siendo extremadamente bajo en la Unión.

La nueva Directiva mejora la cooperación transfronteriza entre todas las autoridades que se ocupan de la recuperación de activos, anima a los países de la UE a desarrollar estrategias nacionales y les obliga a crear al menos un organismo de recuperación de activos, un órgano especializado en el rastreo y la detección de los productos del delito y otros bienes relacionados con la delincuencia: así lo afirmó el CESE en su Dictamen sobre recuperación y decomiso de activos, aprobado en el pleno de diciembre.

«Creemos que la propuesta de la Comisión es muy buena, ya que responde a la necesidad de ampliar el alcance de los mecanismos de decomiso. También establece mecanismos de cooperación transfronteriza para aumentar la tasa de recuperación de activos. En la actualidad, los índices son muy bajos: solo un 2 % de activos de origen delictivo se embarga y solo un 1 % se decomisa», afirmó el ponente del Dictamen, Ionuţ Sibian.

A los delitos ya recogidos en la Directiva sobre decomisos de 2014 la nueva Directiva añade una considerable lista de delitos, entre los que se incluyen el tráfico de órganos, el secuestro, los delitos medioambientales y el tráfico de vehículos robados, por citar solo algunos.

Sin embargo, el CESE señaló que la Directiva se queda corta a la hora de incluir de forma explícita en su ámbito de aplicación el tráfico ilícito de migrantes y el comercio ilícito de tabaco, a pesar de los notables ingresos anuales de estos mercados delictivos —cuyo valor se estima en 289,4 millones EUR y 8 309,3 millones EUR, respectivamente—, e instó a la Comisión a añadirlos a la lista.

El CESE también pidió a la Comisión que sea más ambiciosa en cuanto a la reutilización con fines sociales de los activos decomisados y que fije a los Estados miembros un porcentaje mínimo para ello.

El Sr. Sibian aseveró: «Es muy importante que las comunidades afectadas reciban una compensación directamente y que se beneficien del fruto de dichas compensaciones Es un ámbito en el que esperábamos avances, pero que está estancado. La sociedad civil tiene que participar en la gestión de los bienes decomisados y en su destino».

Asimismo, el CESE pidió que la Comisión sea más precisa a la hora de fijar los derechos de las víctimas a una indemnización. El Comité concluyó que debe concederse prioridad a las víctimas en el orden de prelación de los acreedores. (ll)