Con un gasto anual que representa alrededor del 14 % (o 2 billones EUR) del PIB global de la UE, los Gobiernos son los mayores consumidores de Europa. Sus gastos proceden principalmente de licitaciones públicas de las obras, los servicios y los suministros que necesitan de las empresas.

En los últimos años la UE ha puesto un gran empeño en animar a los organismos del sector público a adoptar modelos de consumo más sostenibles, que vayan más allá de las necesidades a corto plazo y tengan en cuenta las repercusiones a largo plazo de cada compra.

Desde 2017, la Comisión Europea ha publicado orientaciones en forma de criterios de contratación pública ecológica, introduciendo progresivamente elementos de economía circular para cerrar los bucles de energía y materiales en las cadenas de suministro, al tiempo que se minimizan las repercusiones negativas para el medio ambiente y la producción de residuos.

Sin embargo, estas medidas han tenido un impacto limitado ya que su cumplimiento es voluntario. El CESE considera llegado el momento de introducir criterios mínimos obligatorios de contratación pública ecológica y de dar un fuerte impulso a la economía circular mediante Directivas de contratación y legislación sectorial específica.

La contratación pública circular permitirá a las administraciones ir más allá del criterio del precio más bajo en el momento de la compra.

«La contratación suele ser controvertida porque los criterios de selección de los proyectos son con demasiada frecuencia muy parciales, sin tener en cuenta el impacto del ciclo de vida o lo que un proyecto consigue», afirma Ferdinand Wyckmans, ponente del Dictamen. «Hay que abandonar la idea de que el precio más bajo debe ser el único criterio de asignación, y favorecer la "oferta económicamente más ventajosa", que engloba la innovación, la calidad de los productos y servicios, la sostenibilidad, la integración de consideraciones medioambientales y el impacto social».

La Comisión Europea ya ha desarrollado una serie de plantillas de cálculo del coste del ciclo de vida (CCV) que están disponibles de forma gratuita para que los compradores puedan emplearlas tanto con productos como con servicios. Estas herramientas permiten a los organismos del sector público tener en cuenta los costes del ciclo de vida del producto, la obra o el servicio, desde la compra hasta el final de la vida útil, pasando por la fase de utilización y de mantenimiento. En opinión del CESE, estas plantillas deberían actualizarse para incluir el coste del carbono.

El Comité también considera fundamental garantizar que las pymes tengan la oportunidad de presentar sus ofertas de contratos públicos circulares, obteniendo para ello la ayuda que necesiten. Las pymes ofrecen un enorme potencial, pero corren el riesgo de quedar marginadas debido a la complejidad de los procedimientos. Solo si se les proporciona el apoyo necesario podrán contribuir a unas licitaciones más locales y orientadas al ser humano. (dm)