Por Mariya Mincheva

Bulgaria y Rumanía cumplieron las condiciones para formar parte del espacio Schengen en 2011. Sin embargo, trece años después, aún no se les han concedido todas las ventajas de la libre circulación. Esta paradoja acarrea un precio político y alimenta el euroescepticismo.

En la reunión que el Consejo celebró el 22 de noviembre en Budapest, los ministros de Interior de Hungría, Austria, Bulgaria y Rumanía acordaron poner en marcha las medidas necesarias para fijar una fecha de supresión de los controles en las fronteras terrestres, a condición de que se redoblen los esfuerzos para frenar a los migrantes irregulares que llegan a través de la ruta de los Balcanes Occidentales.

El Acuerdo de Schengen es esencial para la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales dentro de la UE, y constituye un factor clave para el éxito económico de esta. Las limitaciones socavan la competitividad y el crecimiento económico de la UE e impiden que la economía social de mercado, tal como se establece en los Tratados, sea una realidad.

A lo largo de los años, los Estados miembros han restablecido temporalmente los controles fronterizos. Sin embargo, el impacto económico y social de estas decisiones en el mercado único no ha sido objeto de evaluación. La Comisión Europea analiza las barreras físicas al comercio, pero abarcando únicamente los bloqueos fronterizos, las manifestaciones y los ataques a camiones, sin tener en cuenta los efectos de los controles en las fronteras terrestres, incluido su restablecimiento temporal por parte de los Estados miembros de Schengen.

En 2023, el Consejo acordó suprimir los controles en las fronteras aéreas y marítimas interiores con Bulgaria y Rumanía a partir del 31 de marzo de 2024. Sin embargo, se han mantenido los controles en las fronteras terrestres interiores, sin que se haya fijado una fecha para su supresión, lo que genera costes elevados e impide a las empresas aprovechar plenamente los beneficios del mercado único.

La adopción de medidas para la plena integración de Bulgaria y Rumanía en el espacio Schengen puede reforzar la cohesión interna de la UE, aumentar su competitividad y apuntalar los principios fundamentales de libre circulación y solidaridad que sustentan el proyecto europeo.

El Parlamento Europeo ha argüido que la no pertenencia al espacio Schengen podría afectar a las expectativas del mercado en relación con la situación de estos países dentro de la UE. Se trata de una señal política que podría influir en el rendimiento de la deuda pública, los precios de los activos financieros y los tipos de interés que se aplican a las empresas y los hogares, y podría perjudicar a la economía real.

Ambos países pagan miles de millones de euros al año debido al aumento de los costes logísticos, de combustible y de manutención de los conductores y a los retrasos en la entrega de bienes y equipos. Todos estos costes directos se repercuten inevitablemente sobre los consumidores en forma de precios más elevados, y afectan a la salud física y mental de los trabajadores.

La situación supone trabas para el turismo. Además, socava la libre circulación de trabajadores, al limitar las oportunidades de los trabajadores de Bulgaria y Rumanía de buscar empleo en los Estados miembros vecinos, lo que afecta a los sectores de la construcción, la agricultura y los servicios, que dependen en gran medida de los trabajadores estacionales y temporales.

En su informe sobre el futuro del mercado único, Enrico Letta aboga por una firme oposición ante cualquier intento de limitar la libertad de circulación entre los Estados miembros, incluidas las restricciones técnicas en las rutas y el transporte por carretera, y ante toda suspensión del Acuerdo de Schengen.

Ha llegado el momento de que el Consejo fije una fecha para la supresión de los controles en las fronteras terrestres entre Bulgaria, Rumanía y los demás Estados miembros que forman parte del espacio Schengen. Se espera una decisión definitiva sobre esta cuestión en la sesión del Consejo de la UE dedicada a Justicia y Asuntos de Interior que tendrá lugar el 12 de diciembre.