por el Grupo de Trabajadores del CESE

Unos salarios mínimos adecuados son un componente clave de la cohesión social y de la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el trabajo. Sin embargo, en Europa muchas personas trabajan en condiciones muy duras, en particular los trabajadores precarios. Y aunque en algunos países la negociación colectiva tiene fuerza suficiente para garantizar unas buenas condiciones laborales, esto no es así en todas partes.

La ausencia de protección social acarrea consecuencias nefastas, sobre todo cuando se acumulan otros problemas, como ocurre actualmente con la brutal crisis sanitaria y social provocada por la pandemia de la COVID-19.

En este contexto, la propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea tiene por objetivo garantizar que nadie en Europa trabaje sin cobrar un salario digno y que se refuerce y amplíe la negociación colectiva, todo ello respetando las diferentes tradiciones de los Estados miembros en materia de diálogo social. Gracias a los planes de acción nacionales, acordados mediante un proceso tripartito con la participación de los interlocutores sociales, puede lograrse una convergencia salarial al alza, al tiempo que se combate la discriminación salarial de cualquier tipo y la pobreza de los ocupados.

Considerando la urgencia de la propuesta, especialmente dadas las dificultades ocasionadas por la COVID-19, la ponente Cinzia del Río comentó: «Todos los trabajadores deben recibir un salario mínimo justo y adecuado —ya sea fijado por ley o acordado mediante negociación colectiva— que permita una vida digna y el acceso a la protección social. Es preciso afrontar con un sólido compromiso europeo el dumping social y salarial, las profundas desigualdades salariales y el aumento de la pobreza de los ocupados, que afecta sobre todo a la juventud, las mujeres y los grupos desfavorecidos».

El Dictamen del CESE sobre la propuesta de Directiva, aprobado el 25 de marzo de 2021 por su pleno, reconoce la urgencia y la necesidad de este conjunto de medidas, la idoneidad de una Directiva y su base jurídica (lo que también se ve corroborado por la evaluación jurídica del Consejo de la UE), así como la pertinencia de las cláusulas que garantizan la conformidad con la autonomía de los interlocutores sociales. (prp)