El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha acogido de forma positiva el nuevo Pacto de Migración y Asilo, pero afirma que las propuestas que presenta serán difíciles de aplicar y no pueden considerarse un avance claro para crear en la UE una estrategia común resiliente y con visión de futuro en materia de migración y asilo. En dos Dictámenes recientes, en los que analiza varias propuestas de Reglamento relativas a la gestión del asilo y a los procedimientos de asilo, el CESE afirma que el nuevo Pacto podría no garantizar una tramitación justa y eficiente de las solicitudes de asilo.

En cambio, la responsabilidad y los inconvenientes para los países de primera entrada no harán sino aumentar, ya que el mecanismo de solidaridad propuesto, que pretende regular el control de los flujos migratorios en las fronteras, se basa en un sistema de solidaridad hipotético y voluntario.

Y es que, con arreglo a dicho mecanismo, los Estados miembros podrán elegir si desean participar en la reubicación o en el retorno patrocinado de las personas en situación irregular. Sin embargo, no se mencionan incentivos para fomentar la participación de los países, ni criterios claros sobre el grado en que cada país debe contribuir.

Si a ello se le añaden las nuevas propuestas del Pacto relativas a los controles previos y el control fronterizo, que probablemente den lugar a procedimientos complejos y prolongados en las fronteras exteriores de la UE, el mecanismo puede hacer que los países de primera entrada se conviertan en grandes centros previos a la salida o centros de detención, lo que aumentará las posibilidades de violaciones de los derechos humanos y la presión sobre las comunidades de acogida.

«Nos complace que los Reglamentos propuestos en el Pacto invoquen los principios de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad, pero las obligaciones de solidaridad de los Estados de primera entrada resultan desproporcionadas», afirma el ponente del Dictamen sobre la gestión del asilo, Dimitris Dimitriadis.

Panagiotis Gkofas, ponente del Dictamen sobre los procedimientos de asilo, teme que la normativa propuesta acabe suponiendo una enorme carga para los Estados miembros del sur de Europa: «Al final, se verán obligados de facto a rechazar numerosas solicitudes de asilo, incluso aunque cumplan las condiciones para la concesión del asilo, con el fin de evitar un aumento del número de personas a las que se mantiene concentradas en condiciones inhumanas».

Y concluyó: «La consecuencia inevitable será que la normativa no se podrá aplicar y no logrará el resultado que pretende». (ll)