La libertad de expresión es un derecho que debemos valorar y defender

La violencia parece ser, cada vez más, el principal combustible de las redes sociales. Esto puede desembocar en violencia verbal o física contra cualquier autoridad, ya sea política, policial, institucional o privada. Existe la impresión de que en las redes sociales puede decirse y defenderse todo, ya sea verdadero o falso. Por ejemplo, un individuo puede sentir como legítima su insatisfacción personal y llegar así a abofetear al jefe del Estado, como ha ocurrido recientemente en Francia.

En ese contexto, y como presidente del Grupo ad hoc sobre Derechos Fundamentales y Estado de Derecho, ¿dónde considera que debe trazarse la línea roja en lo que respecta a los derechos fundamentales y las libertades individuales, en particular la libertad de expresión?

Cristian Pȋrvulescu: La libertad de expresión es un elemento central de nuestras sociedades democráticas. Constituye un derecho fundamental sin el cual no puede ejercerse la democracia. Resulta muy significativo, por cierto, que todos o casi todos se muestren partidarios de ella, incluso aquellos cuyas intenciones no siempre van dirigidas a defender la democracia y los derechos humanos para todas las personas.

Sin embargo, la libertad de expresión es un derecho que a menudo no se entiende correctamente. Mucha gente cree que se trata de un derecho absoluto y utiliza este argumento para justificar toda clase de derivas. Y, a veces, las derivas verbales preparan el terreno para actos de violencia física inaceptables. Es algo que hemos podido ver últimamente con ocasión de algunos acontecimientos trágicos que sitúan en el centro de los debates la regulación de las redes sociales.

Jurídicamente, son las autoridades estatales las responsables de aplicar los derechos. Pueden limitar la libertad de expresión, pero únicamente de manera muy excepcional y limitada: debe tratarse de medidas necesarias en una sociedad democrática, por ejemplo para la seguridad nacional, la prevención de delitos, la protección de la salud, etc. En un Estado de Derecho son los jueces quienes deben resolver los litigios y marcar las líneas rojas. Ni el poder ejecutivo ni ninguna persona o colectivo puede tomarse la justicia por su mano.

Que los dirigentes sientan la tentación de restringir la libertad de expresión para limitar las exigencias y la contestación populares es algo que viene de antiguo. Pero, en la era de las redes sociales, la censura tradicional ya no resulta posible. Esto hace que se observe un desplazamiento de la problemática hacia una cuestión paralela a la libertad de expresión: el derecho a la información. En la actualidad es muy difícil distinguir entre la información basada en hechos reales y la desinformación propagada con diversos fines.

Lo que es seguro es que quienes defienden un enfoque basado en la verdad —como periodistas de investigación o defensores de los derechos humanos— son quienes se hallan más expuestos. Si su trabajo incomoda a determinados dirigentes o grupos, en lugar de censurarlos resulta más fácil denigrarlos en internet o acusarlos en los medios de comunicación y las redes sociales de ser enemigos de la nación o agentes extranjeros. Un ejemplo nos viene de inmediato a la mente: el de la periodista Daphne Caruana Galizia, que antes de su asesinato había sido objeto de decenas de procedimientos judiciales abusivos (las famosas «demandas estratégicas contra la participación pública»). Al no poder silenciarla, decidieron matarla. La irrupción en Europa de la violencia contra periodistas deja aún más claro que la libertad de expresión es un derecho que debemos valorar y defender de manera decidida en esta nueva realidad.