La COP27, el emblemático acto anual de las Naciones Unidas consagrado a las negociaciones sobre el clima, se celebró este año en Egipto. Rompió varios récords, entre ellos el del número de participantes. Casi 35 000 individuos se presentaron en persona: una vuelta a la normalidad tras dos años de COVID-19 y de restricciones a las reuniones públicas.

La conferencia, convocada originalmente para acordar propuestas y soluciones sobre la manera de afrontar el cambio climático y encontrar formas de mitigar sus consecuencias y adaptarse a ellas, se ha convertido más bien en un escenario para poner de manifiesto el impacto que el cambio climático tiene en todas las personas, independientemente de su procedencia y su forma de ganarse la vida. La agenda de la COP27 estuvo sobrecargada de asuntos y expectativas. Además de los esfuerzos por reducir las emisiones de CO₂, se negociaban muchos temas políticos diferentes, desde la salud hasta el género y los derechos humanos. La agricultura también se incluyó por primera vez en la agenda de la reunión. Si bien esto puso de manifiesto el preocupante impacto que la degradación de la tierra y los bosques tiene en nuestros sistemas alimentarios y en los medios de vida de los agricultores, también añadió otra dimensión a un problema ya demasiado complejo.

El resultado final, logrado después de que la conferencia se prolongara durante treinta y seis horas extras, se centra más en la justicia climática y menos en la acción climática. Una sorpresa positiva fue que se alcanzó un acuerdo sobre un fondo de «pérdidas y daños»: una ayuda financiera para compensar los daños y la degradación del medio ambiente que se hayan producido o se produzcan por el cambio climático en los países en desarrollo más vulnerables. Este tema había quedado durante casi una década al margen de la conferencia sobre el clima antes de que finalmente se incluyera en la agenda de la COP de este año.
Menos —o, mejor dicho, nada— se avanzó en cuanto a una acción climática más decidida, es decir, más esfuerzos y compromisos por parte de los países para reducir sus emisiones de CO₂. El intento de los negociadores de la Comisión Europea de vincular su apoyo al fondo de pérdidas y daños a las concesiones de los grandes contaminadores, en concreto China, para que reduzcan significativamente sus emisiones quedó en nada. Incluso existía un alto riesgo de que los países retrocedieran respecto a los objetivos ya acordados en el marco del Acuerdo de París de 2015 y de la COP26 del año pasado en Glasgow.

La «COP de actuación», como se denominó la reunión de Sharm el-Sheij, suponía el riesgo de deshacer muchos de los avances logrados con anterioridad, amenazando en esencia con incumplir el objetivo acordado de limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Los países regatearon sobre el estatus de China (¿sigue siendo realmente un país en desarrollo?), sobre la eliminación o reducción progresiva de todos los combustibles fósiles o solo del carbón, sobre las condiciones de los fondos y las tecnologías, etc.
Esta dinámica plantea en gran medida la cuestión de si el formato sigue siendo adecuado para su finalidad. El objetivo principal —llegar a un acuerdo global sobre la necesidad de reducir las emisiones de CO₂— se logró en la COP21 de París. La manera de aplicarlo, es decir, qué métodos utilizar para contabilizar las emisiones o verificar la reducción o qué entidades deben ser responsables de ello y dónde deben estar ubicadas, son cuestiones muy técnicas que quizás no deban negociarse entre los ministros de casi doscientos países, especialmente si cada conferencia empieza de cero sobre cualquier tema que no sea del agrado de algunas partes. La aplicación debe abordarse más bien en el nivel técnico: no mediante reuniones anuales de jefes de Estado o de Gobierno, sino entre expertos que se reúnan a intervalos más largos, siempre que sean necesarios nuevos acuerdos para avanzar en los trabajos.

Así pues, la COP27 de Egipto no ha cumplido las expectativas en cuanto a una acción por el clima más concreta o ambiciosa, aunque ha avanzado algo en el ámbito de la justicia climática. Pero tuvo gran éxito como plataforma para convocar a los activistas por el clima, los derechos humanos y el medio ambiente, mostrar la acción por el clima —o la falta de tal acción— y seguir concienciando sobre los peligros reales y presentes del cambio climático.