Me sentí realmente sorprendido y preocupado al conocer que, tras las alentadoras noticias del 10 de noviembre cuando los equipos negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo llegaron a un acuerdo sobre los detalles finales del próximo marco financiero plurianual y del Fondo Europeo de Recuperación, dos Estados miembros —a los que después se ha sumado un tercero— habían decidido nada menos que tomar a toda Europa como rehén. La reunión por videoconferencia mantenida por los dirigentes europeos el 19 de noviembre tampoco permitió salir del punto muerto.

El paquete de medidas «Next Generation EU», junto con el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027, que supone en total 1,85 billones de euros, se necesitan urgentemente para permitir una recuperación rápida y eficaz en todos los países y en beneficio de todos nuestros ciudadanos. Si no se alcanza pronto un acuerdo sobre el presupuesto y el Fondo Europeo de Recuperación nos enfrentaremos sin duda a una de las mayores crisis institucionales y políticas de la UE. Y no solo supondrá una crisis política e institucional, sino que profundizará la crisis económica y social en la que ya estamos sumidos.

Reaccioné de inmediato al bloqueo en el Consejo mediante un comunicado de prensa emitido conjuntamente con mis apreciados colegas Aurel Laurențiu Plosceanu, presidente de la sección SOC, y Cristian Pîrvulescu, presidente del Grupo del CESE sobre Derechos Fundamentales y Estado de Derecho.

Lo más asombroso es que dos gobiernos bloqueen el fondo de recuperación para evitar que el presupuesto de la UE se vincule al respeto del Estado de Derecho. Los derechos humanos y el Estado de Derecho son algo intrínseco a las sociedades democráticas. Estos valores están consagrados en el artículo 2 del Tratado UE y nadie debería oponerse a ellos. Son principios no negociables.

Permítanme terminar con una nota positiva: en su larga historia, la UE ha demostrado ser una «máquina de consecución de acuerdos», incluso sobre cuestiones complejas y políticamente controvertidas. Espero sinceramente que, al final, también saldremos de esta situación de parálisis. Ahora mismo no quiero imaginar otra cosa.

Algunos analistas políticos y económicos han planteado la idea de que, si no es posible un acuerdo entre todos los Estados miembros, se lleve adelante el fondo de recuperación mediante un procedimiento de cooperación reforzada, desvinculándolo del MFP. Afirman que el Tratado prevé esa posibilidad. Aunque creo que esto podría considerarse como último recurso, estoy firmemente convencido de que el objetivo debe ser un acuerdo entre los 27 Estados miembros que respete el Estado de Derecho.

El tiempo apremia. Por lo tanto, insto a los Estados miembros, y en particular a aquellos que están bloqueando el acuerdo, a que no priven por más tiempo a los ciudadanos europeos de unos fondos para la recuperación que son tan necesarios.