Las normas sobre concentraciones, defensa de la competencia y control de las ayudas estatales deben revisarse para responder a las ambiciones de la Unión en materia climática y digital y contribuir a lograr la autonomía estratégica, todo lo cual requerirá inversiones masivas. Dos nuevos Dictámenes del CESE explican cómo debería llevarse a cabo esta revisión.

Un debate celebrado el 19 de mayo en el pleno del CESE se centró en dos nuevos Dictámenes que tratan desde la política de competencia de la UE y las ayudas estatales hasta los servicios sanitarios y sociales en un contexto mundial diferente.
En su Dictamen sobre «Una política de competencia adaptada a los nuevos retos» el CESE insta a la Comisión Europea a llevar más lejos que nunca la actualización de la política de competencia que está efectuando en este momento. 

Las medidas adoptadas, tanto para hacer frente a la COVID-19 como, posteriormente, a la agresión rusa en Ucrania, han ayudado enormemente a las empresas, pero las últimas deben mejorarse. También es necesario garantizar que los criterios de admisibilidad permitan beneficiarse a todos los sectores y no cierren las puertas a las empresas más afectadas. 

En cuanto al marco general del Derecho de la competencia, si bien se ha adaptado a una serie de retos, no ha sido suficiente para asumir los objetivos estratégicos de la UE, es decir, las transiciones ecológica y digital, así como la resiliencia. Estas ambiciones exigen enormes inversiones públicas y privadas y deben recibir el máximo apoyo, como subraya el CESE.

A veces las medidas de control de las concentraciones y fusiones parecen frenar la competitividad en relación con los Estados Unidos y China. Las disposiciones sobre abuso de posición dominante no están necesariamente adaptadas a los nuevos retos ecológicos y digitales. 

«Proponemos algunas adaptaciones técnicas para facilitar el acceso a las ayudas, pero también mejores maneras de tener en cuenta la innovación y la evolución digital. También hemos hecho sugerencias para que puedan beneficiarse todos los sectores, no solo la industria. Pienso, en particular, en el sector comercial y las pymes», declaró la ponente del Dictamen, Emilie Prouzet.

En otro Dictamen el CESE se ocupa de las ayudas estatales para servicios sociales y sanitarios. 

«La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto que los sistemas de protección social y sanitaria tienen que ser capaces de adaptarse rápidamente a los cambios», declaró el ponente, Giuseppe Guerini (Diversidad Europa, IT), «y las medidas que proponemos ayudarían a simplificar y acelerar la concesión de ayudas estatales».

El CESE señala que este sector no tiene un gran impacto sobre la competencia transfronteriza. Los servicios sanitarios y sociales se organizan en su mayoría a escala local dentro de los países y se utilizan esencialmente allí donde se prestan. No debería considerarse que las ayudas estatales a este sector distorsionen la competencia.

Otra propuesta importante se refiere al importe máximo autorizado de ayudas estatales. El CESE afirma que el límite máximo de notificación a la Comisión de las ayudas (actualmente de 500 000 EUR a lo largo de tres ejercicios fiscales), que da lugar a un proceso largo y complejo, debería ser más elevado para estos servicios que para otros servicios de interés económico general (SIEG). Esto estaría justificado por su función de interés público, por su impacto limitado en el comercio transfronterizo y por el retorno de la inflación. (dm)