En el período transcurrido entre la concepción de la idea de un mercado único europeo, en la década de 1980, y su diseño y puesta en marcha a principios de la década de 1990, son muchos los cambios históricos que se han producido en nuestro continente y fuera de él. Desde entonces, la propia UE ha aumentado, tanto en superficie como en número de miembros, en más del doble, y ha tenido que lidiar con crisis y conflictos y con retos de carácter medioambiental, económico, social y tecnológico.

También la situación geopolítica ha cambiado radicalmente. Ha surgido una nueva superpotencia en Asia, que se ha erigido en un rival sistémico para la UE a muchos niveles. A lo largo de los años, los principios del mercado interior, es decir, la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y trabajadores, han demostrado ser muy beneficiosos para los resultados económicos de la UE. No obstante, el mercado interior dista de ser perfecto.

La aplicación de las normas aprobadas por consenso está en ocasiones fragmentada, han proliferado los requisitos administrativos y las capacidades de vigilancia del mercado resultan deplorablemente limitadas. Además, actualmente se están persiguiendo objetivos contradictorios: peticiones de subvenciones por parte de la industria y otros agentes del ámbito nacional frente a llamamientos a limitar las ayudas estatales y mantener unas condiciones de competencia equitativas entre los Estados miembros; requisitos de producción local para mantener la creación de valor y el empleo en Europa frente a demandas de mercados abiertos y acceso a ellos como forma de mantener la competitividad en términos de costes y ofrecer a los consumidores unos productos asequibles; acceso a materias primas indispensables para la producción de bienes que van desde coches, turbinas eólicas o paneles solares hasta electrodomésticos de cocina o equipos de jardinería frente a las condiciones de suministro de estos recursos, como garantizar el cumplimiento de las normas laborales y medioambientales y hacer frente a los competidores por esos mismos recursos.

El carácter abierto de los mercados y las fronteras de la UE, aspecto clave que subyace a la idea original del mercado único, se ha vuelto insuficiente en un mundo que ya no respeta las normas comerciales internacionales acordadas de forma multilateral. De hecho, corre el riesgo de convertirse en una debilidad para la UE si no se le dota de algunas salvaguardias, como una vigilancia estricta de la calidad y la seguridad de los productos que entran en el mercado de la UE o el control de las inversiones y los objetivos conexos por parte de los inversores. En un mundo que se está apartando de los sistemas multilaterales basados en normas para dar paso a unos Estados que restringen o limitan el acceso a los recursos en función de sus intereses nacionales, la economía de la globalización, de las cadenas de suministro integradas internacionalmente, ya no funciona.

Por ello, el mercado interior, que se basaba en esas normas, necesita de una nueva estrategia, que debe centrarse en varios aspectos, como una política industrial europea, un marco favorable para las empresas y las pymes, las empresas de la economía social, el apoyo público al proyecto europeo, unos servicios de interés general eficientes y debidamente organizados y medidas para preservar y desarrollar nuestro modelo social.

En opinión del CESE, para profundizar en el mercado interior es fundamental culminar el mercado de capitales de la UE, el cual conviene orientar hacia la financiación de la producción, la adquisición y la circulación de bienes y servicios, en particular apoyando la I+D+i de las empresas y los servicios de interés general, y fomentando el espíritu empresarial.

Además, deben priorizarse las políticas que faciliten a las empresas privadas un marco para la innovación y la favorezcan mediante el acceso al capital de riesgo y la cooperación entre la industria y la ciencia. El control del cumplimiento del acervo debe ser una prioridad adicional de cara al refuerzo del mercado interior. Lamentablemente, muchas de estas normas no se han transpuesto en los ordenamientos jurídicos nacionales y se aplican de manera muy diferente o en grados muy distintos, lo que constituye un obstáculo grave e importante para el buen funcionamiento del mercado interior.