El objetivo de la taxonomía de la UE es canalizar las inversiones hacia la sostenibilidad proporcionando un sistema de clasificación transparente para los inversores y las empresas. En la actualidad, tanto el Reglamento de la UE sobre la taxonomía como sus actos de ejecución se centran en objetivos relacionados con el clima y el medio ambiente, acompañados de unas garantías sociales mínimas. Aunque el CESE acoge favorablemente los objetivos ecológicos, pide un concepto de sostenibilidad integral en el que se incluya tanto la sostenibilidad medioambiental como la social.

Las garantías sociales mínimas son útiles, pero no suficientes para garantizar la sostenibilidad social para los trabajadores, los consumidores y las comunidades. La taxonomía social prevista adquirirá importancia si forma parte de una política global orientada a la sostenibilidad social —lo que implica también la financiación del bienestar social mediante el gasto público— y la importancia de la inversión pública.

El CESE pide a la Comisión que publique su informe pendiente sobre las disposiciones que serían necesarias para ampliar el ámbito de aplicación de la taxonomía a «otros objetivos de sostenibilidad, como los objetivos sociales», tal y como se pide en el Reglamento sobre la taxonomía. El CESE señala el amplio trabajo preparatorio realizado por la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, y recomienda la adhesión a los objetivos propuestos de trabajo digno, un nivel de vida adecuado y comunidades inclusivas, reflejados en un enfoque multinivel. Por otro lado, la futura Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad aportaría un complemento a la taxonomía social con el que se podrían evaluar las actividades. El CESE recomienda empezar con criterios sencillos, que prevean procedimientos fáciles y transparentes. Uno de los objetivos debería ser una estrecha integración de las taxonomías social y verde, pero como primer paso podría resultar práctico contar con unas garantías mínimas mutuas.

La creciente demanda de inversiones orientadas a lo social debería apoyarse proporcionando una taxonomía fiable que dé mayor visibilidad a las empresas que contribuyen a la sostenibilidad social. Una taxonomía social bien diseñada contribuiría significativamente a abordar el problema del blanqueo en materia social, que se da cuando una organización realiza afirmaciones engañosas sobre la responsabilidad social en relación con sus productos o servicios. Dicha taxonomía debería constituir un patrón de referencia, que refleje un nivel de ambición superior al contemplado en la legislación. En particular, debería hacer referencia al pilar europeo de derechos sociales y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el ODS 8 sobre el trabajo digno. Los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil deberían participar plenamente en el diseño de la taxonomía; asimismo, se les deberían facilitar mecanismos de denuncia de los que servirse. Al igual que ocurre con la taxonomía verde, la definición de lo que debería incluirse en una taxonomía social será fuente de polémicas. Pero esta es precisamente la razón por la que el proceso de definición debería estar sujeto a una toma de decisiones democrática. El éxito de la taxonomía está ligado a su credibilidad, y las actividades incluidas deben responder a una definición de sostenibilidad ampliamente aceptada.