Una de las principales prioridades de las asociaciones de personas con discapacidad, la Tarjeta Europea de Discapacidad, permitirá a esas personas ejercer su derecho fundamental a la libre circulación en la UE en pie de igualdad con las personas sin discapacidad.

El CESE ha celebrado la iniciativa de introducir una Tarjeta Europea de Discapacidad que la Comisión Europea ha puesto en marcha para ayudar a las personas con discapacidad a desplazarse y residir libremente dentro de la Unión Europea.

En un Dictamen aprobado en su pleno de abril, el CESE ha advertido, no obstante, que el éxito de la tarjeta dependerá del reconocimiento mutuo de la condición de discapacidad entre los países de la UE, algo que no ocurre actualmente y que priva a las personas con discapacidad de medidas de apoyo cuando viajan a otros países. Esto constituye una importante violación de su libertad de circulación, que es un valor fundamental de la UE.

El ponente del Dictamen, Ioannis Vardakastanis, declaró: «En la actualidad tenemos ciudadanos europeos de primera y de segunda clase: la primera clase son los que pueden desplazarse de un Estado miembro a otro para viajar, trabajar, estudiar o establecerse y la segunda clase son los que no pueden. La Tarjeta Europea de Discapacidad derribará esas barreras».

El CESE señala en el Dictamen que la Tarjeta Europea de Discapacidad ha tenido una gran prioridad para las asociaciones de personas con discapacidad, que la reclaman desde hace mucho tiempo. Recomienda que la tarjeta se establezca mediante un Reglamento, ya que es el instrumento más adecuado para garantizar su coherencia y aplicación universal y evitar diferencias de aplicación a escala nacional.

También deberían adoptarse medidas complementarias para garantizar que los transportes, los servicios y los edificios sean accesibles para todos, al tiempo que los datos personales que contenga la tarjeta estén protegidos por la normativa de protección de datos. De este modo, la tarjeta funcionará como un pasaporte europeo de discapacidad.

El CESE opina que la tarjeta obligará a los Estados miembros a mejorar los sistemas vigentes, que están basados principalmente en un enfoque médico de la discapacidad, y adaptarlos a los modelos propugnados por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Para garantizar el éxito de la tarjeta, el CESE pide una participación plena de las personas con discapacidad y sus organizaciones en todas las fases de su despliegue y durante el proceso de supervisión.

Otra petición consiste en separar físicamente la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento, lo que facilitaría a las personas con discapacidad utilizar los sistemas de transporte y acceder a los servicios públicos. (ll)