En el Dictamen «Mejorar la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal», aprobado en su pleno de marzo, el CESE propone que la UE imponga sanciones penales a tantos tipos de delitos contra el medio ambiente como sea posible.

En el Dictamen se examina la nueva propuesta de Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y se presentan medidas concretas para hacerla realmente eficaz, proporcionada y disuasoria.

El CESE expresa su satisfacción por la ampliación de la lista de delitos contra el medio ambiente de nueve a dieciocho pero, a su juicio, la Directiva debería abarcar tantos tipos de delitos medioambientales como sea posible. También cree que los límites máximos de las sanciones aplicables deben aumentarse sustancialmente para que estas sean realmente eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Otra propuesta del Dictamen es que se amplíe la jurisdicción de la Fiscalía Europea a los delitos medioambientales, ya que muchos de ellos tienen vínculos conocidos con la delincuencia organizada.

El CESE también hace un llamamiento para que el delito de ecocidio se inscriba en la Directiva y se defina como «un acto ilícito o deliberado cometido con pleno conocimiento de que existe una probabilidad sustancial de que dicho acto cause daños graves, generalizados o a largo plazo al medio ambiente». El CESE señala que los conflictos armados son prácticamente siempre, por definición, ecocidios. 

La delincuencia medioambiental es la cuarta categoría de delitos más lucrativos a escala mundial y su frecuencia va en aumento en la UE. Aunque el número de condenas por actos delictivos a nivel transfronterizo no se ha incrementado sustancialmente, sí lo ha hecho el porcentaje de delitos medioambientales cometidos en Europa.
El CESE subraya que, por todo ello, la revisión de la Directiva no es suficiente. Una de las deficiencias señaladas en las evaluaciones de la Directiva actual es su aplicación en los Estados miembros. Por consiguiente, el CESE destaca la necesidad de reforzar la «cadena de aplicación» y propone que los Estados miembros de la UE cuenten con fuerzas del orden, fiscales, jueces y tribunales especializados que se ocupen de los delitos contra el medio ambiente.

La Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal de 2008 es el principal instrumento vinculante en vigor con que cuenta la UE para luchar contra la delincuencia medioambiental. Una evaluación realizada en 2019 y 2020 puso de manifiesto que no había tenido mucho efecto sobre el terreno. A lo largo del último decenio, el número de casos de delitos contra el medio ambiente investigados con éxito y sentenciados siguió siendo bajo, las sanciones impuestas no fueron suficientemente disuasorias y no hubo una cooperación transfronteriza sistemática. Tras la evaluación, la Comisión decidió sustituirla por una nueva Directiva de la UE. (mr)