CESE: La UE debe tomar medidas enérgicas contra las vulneraciones del Estado de Derecho

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha adoptado una postura firme con respecto a las vulneraciones del Estado de Derecho en la UE, declarando que ha asumido el compromiso de garantizar que el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea impongan sanciones disuasorias elevadas a los Estados miembros que vulneran sistemáticamente el Estado de Derecho, poniendo en peligro el presupuesto de la UE.

En su Dictamen de iniciativa «El Estado de Derecho y el fondo de recuperación» aprobado en el pleno del 20 de enero, el CESE acoge favorablemente el Reglamento 2020/2092 de la UE, que faculta a la Comisión para imponer sanciones económicas por deficiencias sistemáticas del Estado de Derecho en un determinado país de la Unión, y pide una aplicación estricta del Reglamento en todos los ámbitos relacionados con el presupuesto.

«El Estado de Derecho es una condición indispensable para una sociedad europea democrática y pluralista y para la continuidad de la UE», afirmó el ponente del Dictamen, Christian Bäumler.

A fin de abordar la inobservancia sistemática del Estado de Derecho, el CESE recomienda que la UE emplee cualquier otro medio de sanción, tal como el procedimiento de infracción contemplado en el artículo 263 del TFUE y el procedimiento previsto en el artículo 7 del TUE.

En opinión del CESE, la vulneración sistemática del Estado de Derecho por parte de un país de la UE siempre socava —o, cuando menos, pone seriamente en peligro— la ejecución de los programas financiados por la UE y es perjudicial para el presupuesto de la UE. Es por esta razón que resulta fundamental que todos los beneficiarios de pagos con cargo al presupuesto de la Unión cumplan con las normas de transparencia y puedan demostrar a qué se dedican los fondos.

Los planes nacionales de recuperación y resiliencia también deben detallar las medidas que los gobiernos respectivos adoptarán para reforzar el Estado de Derecho.
Sin embargo, la mayoría de los planes presentados hasta el momento incluyen muy pocas iniciativas en este sentido. Además, el CESE lamenta que la Comisión no concediese la importancia suficiente al Estado de Derecho al evaluar dichos planes.

El CESE pide en su Dictamen que todos los Estados miembros se sumen a la cooperación reforzada sobre la Fiscalía Europea y que tal cooperación se convierta en un requisito indispensable para participar en los programas financiados por la UE. Esta cooperación ya está empezando a dar sus frutos y es probable que contribuya a largo plazo a una mejora considerable de la persecución de delitos de ámbito transfronterizo. (ll)