Un reciente informe del CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de revisar el Reglamento de Aarhus de la UE y de mejorar el acceso a los mecanismos de recurso administrativo y judicial para los ciudadanos y las ONG, pero subraya que el Reglamento revisado no es suficientemente ambicioso.

A pesar de ser parte en el Convenio de Aarhus desde 2005, la Unión Europea aún no cumple plenamente sus disposiciones en materia de «acceso a la justicia».

El Reglamento modificado propuesto por la Comisión es un paso adelante y un instrumento esencial para la aplicación del Pacto Verde Europeo, afirma el CESE, que en términos generales acoge favorablemente las modificaciones propuestas en el informe aprobado en enero.

Sin embargo, el ponente Arnaud Schwartz ha señalado lagunas en el nuevo Reglamento, que las instituciones podrían utilizar para no tener que rendir cuentas.

Por ejemplo, el CESE no apoya la propuesta de la Comisión de excluir los actos de la UE que requieran «medidas de ejecución nacionales», ya que existe una posibilidad real de que esta exclusión invalide el Reglamento de la Comisión o lo desnaturalice.

Además, al CESE le preocupa la reforma del «mecanismo de revisión interna», un mecanismo del Reglamento de Aarhus original que permitía a determinadas ONG medioambientales interponer recursos contra actos administrativos u omisiones de la UE. Permitir a las organizaciones de la sociedad civil solicitar una revisión únicamente cuando se hayan adoptado las medidas de ejecución exime de revisión interna muchos de los actos y omisiones de la UE, cuando no la mayoría de ellos.

El CESE también pide a la Comisión que facilite el acceso a la justicia para todas las organizaciones de la sociedad civil.

«Los interlocutores sociales son agentes clave en las cuestiones medioambientales, y deberían ser reconocidos explícitamente en lo que respecta al acceso a la justicia», destacó Isabel Caño Aguilar, coponente del CESE. «Para que el control judicial sea accesible en la práctica, las organizaciones de la sociedad civil no deben tener que enfrentarse a cargas adicionales, como costes suplementarios y trabas burocráticas», concluyó la Sra. Caño. (mr)