por Alberto-Horst Neidhardt

Un mes después del fin del brutal régimen de Bashar al-Asad, la respuesta oficial de la UE sigue limitándose en gran medida al anuncio de ayuda para el desarrollo y la estabilización económica. Aún sigue sin estar claro si se levantarán las sanciones contra Siria o cuándo. El apoyo europeo estará supeditado a la protección de las minorías y otras garantías, cuyas perspectivas siguen siendo inciertas. La compleja dinámica política, humanitaria y de seguridad de Siria hace prever que cualquier consolidación democrática será larga y difícil, lo que pondrá a prueba la capacidad de la UE de hablar con una sola voz y actuar conjuntamente en lo relativo al futuro del país. Con todo, varios países europeos no han dudado en hacer hincapié en una prioridad inmediata y común: el retorno de los desplazados sirios. En diciembre, pocos días después de que el régimen de Asad perdiera Damasco, Austria —donde Herbert Kickl, líder del FPÖ, ha recibido el encargo de formar un nuevo Gobierno— anunció una «prima de retorno» y un programa de deportación para las personas que tengan antecedentes penales. En los Países Bajos, el Gobierno de coalición liderado por el nacionalista de derechas Geert Wilders tiene previsto definir zonas seguras para los retornos. Alemania también ha anunciado que la protección concedida a los sirios se «revisará y revocará» si el país se estabiliza. Otros países europeos han hecho declaraciones similares o siguen de cerca la evolución de la situación. En este sentido, cabe la posibilidad de que la decisión sobre el levantamiento de las sanciones llegue a estar motivada por el objetivo de ejecutar retornos, más que por un cambio de parecer sobre la nueva dirigencia siria.

En un clima de creciente apoyo en toda Europa a los partidos de extrema derecha y opuestos a la inmigración, y con las elecciones federales alemanas a la vuelta de la esquina, la visión de los Estados miembros en relación con Siria corre el riesgo de verse dictada por prioridades nacionales y cálculos electorales cortoplacistas. Entre 2015 y 2024, los Estados miembros de la UE —sobre todo Alemania— concedieron protección a más de un millón de sirios. Su presencia se ha convertido en una cuestión política y social polémica. Este contexto también se ve marcado por la amplia difusión de incidentes relacionados con la seguridad, además de por una elevada inflación y un aumento de los costes de la energía, todo lo cual ha propiciado que la respuesta de la ciudadanía de muchos países que reciben refugiados se incline en menor medida hacia la acogida. Estos cambios han «normalizado» una retórica y unas políticas hostiles. Pese a los llamamientos de la Comisión Europea y del ACNUR para que se adopte un enfoque prudente con respecto a los retornos, la dinámica actual podría empujar a los Gobiernos europeos a agilizarlos, incluso de forma unilateral.

Desde que cayera el régimen de Asad en diciembre, más de 125 000 refugiados han regresado a Siria, en su mayoría procedentes de países vecinos. Sin embargo, sus perspectivas son poco prometedoras. Ya antes de los recientes acontecimientos, más de la mitad de la población siria se enfrentaba a inseguridad alimentaria, con tres millones de personas en situación de hambruna. Numerosas viviendas han quedado destruidas con el conflicto, y las instalaciones de acogida han alcanzado el máximo de su capacidad. Según el ACNUR, se necesitan cerca de 300 millones de EUR para proveer de refugio, alimentos y agua a las personas que regresan. Si bien la UE y los Estados miembros deberían desarrollar enfoques coordinados que faciliten la repatriación segura y voluntaria de los sirios a largo plazo, la prioridad inmediata debe ser abordar las necesidades humanitarias del país en este contexto. Presionar a los refugiados para que regresen rápidamente a un país devastado por la guerra e inestable podría en realidad resultar contraproducente, limitando aún más el acceso a alimentos, energía y refugio. Los retornos a gran escala también podrían perturbar el tejido étnico y socioeconómico de regiones ya de por sí frágiles. Un enfoque equilibrado y sostenible se justifica además por la posible contribución de la diáspora siria a los esfuerzos de reconstrucción. El país necesitará ingenieros, médicos, administradores, profesores y trabajadores manuales con diversos niveles de cualificación. Los sirios han adquirido valiosas capacidades y experiencia en Europa en todos los sectores pertinentes, como la educación, la construcción y la asistencia sanitaria, pero no será fácil reclutar los perfiles adecuados. Un retorno permanente tampoco tiene por qué ser un requisito para contribuir a la reconstrucción: las remesas procedentes de Europa podrían desempeñar un papel crucial en la reducción de la pobreza y en el desarrollo sostenible. A través de su participación en la diáspora, los sirios afincados en Europa también podrían ayudar a reforzar los vínculos diplomáticos y culturales entre la UE y la Siria que emerja tras Asad.

Puede que los Estados miembros encuentren dificultades a la hora de adoptar un enfoque equilibrado y no consigan poner en práctica una agenda coordinada. Es posible que algunos países den prioridad a la estabilidad a largo plazo y a la reconstrucción de Siria, permitiendo que los retornos se produzcan de forma espontánea, mientras que otros se apresuren a ofrecer incentivos económicos para la repatriación voluntaria, o incluso revisar de forma sistemática la situación de los sirios en cuanto la situación humanitaria mejore, por poco que lo haga. Sin embargo, una revisión sistemática del estatuto de refugiado encontraría importantes obstáculos jurídicos y conllevaría considerables costes económicos y administrativos. Entretanto, cualquier incentivo para el retorno tendrá que tener en cuenta el hecho de que la mayoría de los sirios desplazados en Europa ya están asentados, y que más de 300 000 han adquirido la nacionalidad de un Estado miembro de la UE. Al mismo tiempo, las desalentadoras perspectivas económicas y laborales del país podrían disuadir de volver incluso a los más motivados. Una cuestión fundamental en este contexto será si se permitirá a los sirios participar en los denominados «movimientos pendulares», es decir, regresos durante períodos limitados mientras los países europeos de acogida siguen ofreciendo oportunidades sostenibles para un retorno más permanente. Estas cuestiones se verán inextricablemente ligadas a las discusiones más generales en torno a la política migratoria de la UE. Las futuras negociaciones en torno a la reforma de la Directiva de la UE que regula los retornos —para la que se espera en breve la propuesta de la Comisión Europea— podrían cobrar un impulso decisivo en función de cómo evolucione el debate sobre el retorno de los sirios. No obstante, la reforma de la Directiva también podría dar lugar a nuevas divisiones entre los Estados miembros de la UE. Si se quieren abordar eficazmente los retos actuales, será necesario un replanteamiento fundamental de las políticas migratorias, por lo que el enfoque que adopte la UE con respecto a los desplazados sirios constituirá probablemente un primer punto crítico de inflexión en el nuevo ciclo.