El CESE ha propuesto prohibir la comercialización de los productos irreparables en Europa y considera que no basta con exigir a los fabricantes que informen a los consumidores de la imposibilidad de reparar un producto.

El CESE afirma que, en principio, el nuevo «derecho a la reparación» de la UE constituye un gran paso adelante. Sin embargo, todo consumidor que desee reparar un teléfono inteligente o un electrodoméstico averiado en lugar de comprar uno nuevo podría toparse con una serie de obstáculos prácticos que dificultarán o encarecerán en demasía su reparación, por no decir que directamente la imposibilitarán. La UE debe ir más allá y pedir a los Estados miembros que prohíban toda práctica que impida deliberadamente reparar productos.

«No puede existir un derecho a la reparación si se diseñan objetos irreparables», afirma Thierry Libaert, ponente del Dictamen del CESE.

En su Dictamen sobre la propuesta de Directiva, el CESE propone una serie de medidas prácticas para reforzarla y garantizar que la reparación siga siendo una opción viable y asequible más allá del período de garantía, también desde una perspectiva empresarial. Entre las propuestas figuran:

  • brindar incentivos para optar por la reparación por simples que sean, como ofrecer una ampliación del período de garantía si el producto se repara durante el mismo;
  • contemplar soluciones innovadoras, como la impresión en 3D para fabricar piezas de recambio, el reacondicionamiento, que supone dar una segunda vida a los productos, o la creación de un mercado de piezas de segunda mano;
  • poner en marcha programas de formación y reciclaje profesional para impartir a los profesionales de las reparaciones las competencias necesarias que les permitan ejercer una profesión que antes era mecánica, pero que actualmente tiene cada vez más que ver con los dispositivos conectados. En términos más generales, es necesario paliar la escasez de estos profesionales en Europa.

En este continente, la reparación crea valor y puestos de trabajo de calidad que difícilmente pueden ser objeto de deslocalización. Genera 404 puestos de trabajo por cada 10 000 toneladas de materiales tratados, es decir, cincuenta veces más que la eliminación de dichos materiales como residuos, que se ha convertido en la tendencia predominante en los últimos años. El 65 % de los consumidores se deshace de sus productos defectuosos, lo que supone 7,5 millones de toneladas de residuos anuales.

El blanqueo ecológico: no a las alegaciones basadas en créditos de compensación de emisiones de carbono

Al igual que la Directiva sobre el derecho a la reparación, la Directiva sobre alegaciones ecológicas tiene por objeto capacitar a la ciudadanía europea para que adopte un modelo de consumo sostenible. Los consumidores están cada vez más dispuestos a hacerlo, pero apenas confían en las alegaciones de los fabricantes sobre el comportamiento medioambiental de sus productos y servicios y se sienten confundidos por las numerosas etiquetas ecológicas presentes en el mercado.

Con la nueva Directiva se pretende reforzar la credibilidad y la fiabilidad de las etiquetas y alegaciones ecológicas, pero presenta insuficiencias. El CESE considera que la Directiva debe prohibir las alegaciones basadas en créditos de compensación de emisiones, ya que diversos organismos de protección de los consumidores y varias sentencias judiciales han constatado que las alegaciones como «climáticamente neutro» o «compensado por el plástico», basadas en la compensación de emisiones mediante la inversión en proyectos de solución climática (como la plantación de árboles), son científicamente incorrectas y, en cualquier caso, engañosas para los consumidores.

Asimismo, el CESE destaca la necesidad de elaborar una legislación coherente. Angelo Pagliara, ponente del CESE, declaró: «Existe el riesgo de desencadenear un efecto bumerán. La Directiva sobre declaraciones ecológicas debe servir de modelo para un nivel mínimo de protección contra el blanqueo ecológico. Es necesario reflejar sus requisitos en la legislación sectorial para evitar renunciar a sus disposiciones, detectar vacíos legales o reducir la protección de los consumidores».

Lea los Dictámenes del CESE «Derecho a la reparación» y «Declaraciones ecológicas».