Por Stefano Mallia, presidente del Grupo de Empresarios del CESE

La propuesta de la Comisión es incompleta y debe integrarse en una visión a largo plazo para una agenda de competitividad.

El 1 de febrero de 2023, la Comisión Europea formuló sus primeras observaciones respecto del paquete de medidas climáticas sin precedentes presentado por Joe Biden, presidente de los Estados Unidos: la Ley para la Reducción de la Inflación, que apoya a la industria estadounidense con un importe récord de 369 000 millones USD en concepto de subvenciones. La propuesta reúne muchas condiciones: un marco regulador predecible, el acceso a la financiación. una mano de obra suficientemente cualificada y una agenda comercial abierta; sin embargo, tras una primera evaluación, los empresarios de la UE coinciden en que aún queda mucho trabajo por hacer si queremos seguir siendo competitivos a largo plazo.

En primer lugar, no debemos olvidar la otra parte de la ecuación en la transición ecológica: la transición digital.

En segundo lugar, conviene señalar que las subvenciones por sí solas no bastan. El importe de las subvenciones, que en realidad es inferior a lo que ofrecen el presupuesto de la UE y los diferentes fondos de financiación, no es el único problema que plantea la Ley estadounidense para la Reducción de la Inflación, sino más bien la combinación de subvenciones y los bajos precios de la energía en los Estados Unidos. Dicha ley resulta problemática para Europa debido al efecto conjunto de ambos factores. Y si a ello añadimos la productividad relativamente baja de las industrias de la Unión, llegamos a la conclusión de que la economía europea afronta una situación de muy alto riesgo. Las subvenciones ya han sido motivo de división entre los Estados miembros de la UE y terminarán por fragmentar el mercado único, promover contiendas negativas y debilitar el desarrollo regional.

En tercer lugar, parece que el plan de la Comisión se basa en un planteamiento anticuado consistente en«apostar a caballo ganador». Deja entrever un escenario en el que los responsables políticos fijarían objetivos para la capacidad industrial a partir de análisis sectoriales y teniendo en cuenta las cadenas de suministro y de valor en su conjunto, decidiendo de este modo las empresas a las que conceder apoyo reglamentario y financiero. El término «industria de tecnología limpia» es de por sí arbitrario, pues la transición ecológica pasa por todas las industrias y por todo tipo de empresas.

Todos somos conscientes de que el verdadero problema radica en la competitividad. Existe una necesidad urgente de recuperar terreno, y la transición hacia una economía ecológica nos brinda esa oportunidad. Sin embargo, la competitividad y la creación de empleo deben convertirse en un modo de vida y en un elemento fundamental de nuestro proceso de elaboración de políticas. Esta es la razón por la que los empresarios de la UE abogan por la elaboración de una agenda de competitividad.