Por el Grupo de Trabajadores del CESE

Ahora que se ha dado a conocer el nuevo Colegio de Comisarios, no podemos sino constatar la supresión del puesto de comisario de Derechos Sociales y Empleo. En su lugar, ahora tenemos una comisaria de «Personas, Capacidades y Preparación». El uso de la palabra «personas» plantea numerosas dudas. Al fin y al cabo, ¿no deberían referirse casi todas las demás carteras también a las personas? Podríamos entrar a opinar sobre otras cuestiones como el recurso a la jerga con términos como el inglés preparedness [traducido tentativamente como «preparación»], que también aparece en el nombre de otra cartera.

Sin embargo, de lo que se trata aquí es de lo que falta y de lo que se ha dejado de lado. La política social y el empleo han pasado a un segundo plano, todo ello en aras de la competitividad. El carácter críptico y en cierto modo llamativo de algunos otros títulos de las carteras habla por sí mismo: desde «aplicación y simplificación» hasta «prosperidad y resiliencia hídrica», por nombrar solo algunos.

Desde la década de 1970 venía existiendo una cartera de Empleo y Política Social, que en 2019 pasó a denominarse Empleo y Derechos Sociales. Incluía políticas clave, como el pilar europeo de derechos sociales y sus iniciativas de amplio calado. El empleo de calidad, la igualdad, el diálogo social y las condiciones de vida y de trabajo siguen siendo cuestiones fundamentales para la propia supervivencia de nuestras democracias.

No obstante, en lugar de empleo, ahora tenemos capacidades. La idea de que muchos de nuestros problemas actuales tienen su origen en el déficit de capacidades parece gozar de amplia aceptación en varios círculos. Las empresas tienen dificultades para encontrar la mano de obra cualificada que necesitan. Y ello no resulta sorprendente. Los empleos de incorporación al mercado laboral exigen que se cuente con varios años de experiencia de trabajo, y no es infrecuente que se pidan un doctorado, varios idiomas y una larga lista de certificados de competencias que, en el puesto de trabajo, podrían aprenderse en solo unos meses. Además, los salarios que muy a menudo se ofertan apenas bastan para cubrir el coste de la vida. Y esto por solo hablar de los puestos cualificados, que son los que salen mejor parados.

Resulta profundamente preocupante, como a menudo afirma la Comisión, que a este uso arbitrario de la jerga se sume un discurso con la competitividad como tema claramente predominante. Parece querer dar a entender que garantizar el bienestar, empleos de calidad y salarios dignos ya es una misión cumplida, y que lo único que queda por hacer es colmar el déficit de capacidades. ¿No será que donde más existe este déficit es en el nuevo Colegio de Comisarios, incapaz de comprender la situación actual, ponerla en perspectiva y ofrecer soluciones realistas? Esperemos que, al margen de las carteras iniciales y más allá de las apariencias, podamos encontrar propuestas sólidas para reforzar los derechos sociales y laborales, la democracia y la lucha contra el cambio climático.