Muchos europeos todavía no están digitalmente alfabetizados y la mayoría de las administraciones nacionales aún no han implantado soluciones digitales. Condicionar el acceso de las personas a algunos servicios de interés general al hecho de disponer de una identidad digital podría dar lugar a una situación en la que todos pierden: una cantidad significativa de europeos podría ver como se le niega su derecho a acceder a estos servicios.

El Dictamen del CESE aprobado en el pleno de julio y elaborado por Dumitru Fornea alerta sobre la cuestión. Las nuevas herramientas de gobernanza introducidas con la revolución digital e industrial no deben ser opresivas y supeditar la vida cotidiana de las personas a la obligación de adherirse a sistemas de tecnología digital controlados de manera antidemocrática.

«Las ventajas de las soluciones de tecnología digital son evidentes», afirma el Sr. Fornea. «Sin embargo, su rápida aplicación, especialmente para servicios de interés general como la identidad digital, podría llevar a la exclusión de un número significativo de europeos. Debe garantizarse que los seres humanos sigan estando al mando, con control democrático y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil».

Según el CESE, las soluciones de tecnología digital como la identidad digital, los medios de pago digitales y la incorporación a plataformas de realidad virtual y aumentada deben seguir siendo herramientas complementarias y no deben sustituir de forma completa e injusta a otras prácticas desarrolladas y perfeccionadas por los seres humanos a lo largo de miles de años. 

El CESE fue la primera de las instituciones europeas que apeló a un enfoque que permitiese que las personas conservasen su autonomía y control al enfrentarse a sistemas de inteligencia artificial e insiste en que es fundamental que los humanos tengan la última palabra y puedan controlar totalmente los procesos de toma de decisiones respecto de la evolución de las máquinas. (mp)