El CESE ha anunciado sus recomendaciones políticas relativas a una nueva generación de recursos propios para el presupuesto de la UE. En un nuevo Dictamen, el Comité insta a la Comisión a que siga desarrollando el Marco para el impuesto sobre sociedades (BEFIT) y propone que se estudie la posibilidad de un impuesto a escala de la UE sobre las transacciones digitales, así como de una tasa adicional para las empresas que importen productos de fabricantes de terceros países que no garanticen una protección adecuada de los trabajadores.

Las fuentes de ingresos del presupuesto de la UE deben reconsiderarse, en el contexto de las presiones presupuestarias posteriores a las que enfrentan los Estados miembros a raíz de la pandemia, las tensiones que se están produciendo en la escena internacional y el actual entorno de tipos de interés más elevados. Durante la aprobación del Dictamen en el pleno, el ponente, Philip von Brockdorff, comentó: «Abogamos por un presupuesto de la UE sólido, que dote a la Unión de los medios financieros necesarios para alcanzar sus ambiciones políticas, y por avanzar hacia unos recursos propios más auténticos que nos ayuden a dejar de centrarnos en los saldos netos, lo cual resulta perjudicial para la integración europea». La propuesta de la Comisión sobre un conjunto de recursos propios adaptado basado en el impuesto de sociedades, que se publicó el 20 de junio de 2023, completa las otras tres propuestas de nuevas fuentes de ingresos presentadas en 2021, aún pendientes de adopción por el Consejo.

Como requisito previo para proponer un recurso propio basado en el impuesto de sociedades, el CESE insta a la Comisión a que desarrolle lo antes posible la iniciativa «Empresas en Europa: Marco para el impuesto sobre sociedades» (BEFIT). El Comité también considera razonable estudiar la posibilidad de incluir en el BEFIT los servicios financieros o trabajar en un impuesto mundial sobre las transacciones financieras, tal como propone el Parlamento Europeo. Además, el CESE pide a la Comisión que tenga en cuenta la posibilidad de aplicar una tasa adicional a las empresas de la UE que importen productos de fabricantes de terceros países que no garanticen una protección adecuada de los trabajadores. (tk)