El CESE ha pedido a la Presidencia española del Consejo de la UE que impulse la propuesta de convertir el Protocolo de Progreso Social en un instrumento jurídico vinculante que contribuya a reforzar y preservar los derechos sociales en Europa.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha expresado su acuerdo con las recientes propuestas de modificación de los Tratados de la UE para incluir en ellos el Protocolo de Progreso Social, un instrumento que, en caso de conflicto, priorizaría en las políticas de la UE los derechos sociales fundamentales frente a las libertades económicas. Esto brindaría seguridad jurídica y garantizaría la igualdad de trato de los trabajadores en todos los Estados miembros.

En un Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia española del Consejo de la UE, el CESE afirmó que el Protocolo garantizaría el progreso social al promover y salvaguardar las normas más estrictas en materia de derechos sociales en todas las políticas de la UE y evitaría los retrocesos.

El Dictamen se aprobó en el pleno del 15 de junio por 132 votos a favor, 102 en contra y 7 abstenciones. Sin embargo, no recibió el apoyo del Grupo de Empresarios del CESE, que presentó una enmienda a la totalidad en la que se oponía a la inclusión del Protocolo en el Derecho primario de la UE. La enmienda a la totalidad fue rechazada, pero obtuvo más de una cuarta parte de los votos emitidos, por lo que se adjuntó al Dictamen.

La ponente del dictamen, María del Carmen Barrera Chamorro, declaró: «El Protocolo de Progreso Social defendería el principio de no retroceso con respecto a las normas sociales y evitaría que se adoptaran políticas contrarias a los intereses de la ciudadanía, algo que sí sucedió con las políticas de austeridad».

El coponente, Diego Dutto, aseveró: «Ahora más que nunca tenemos que estar en guardia para asegurarnos de defender esos derechos sociales y cívicos y cerciorarnos de que se aplican de manera uniforme en toda la UE. Esos derechos tienen que ser considerados como más importantes que el libre mercado, especialmente en caso de conflicto».

El CESE señaló que la Presidencia española será una gran oportunidad para impulsar la propuesta y la animó a convocar una reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Sociales que acuerde una propuesta conjunta y organizar una cumbre europea específica para aprobarla.

En 2008 la Confederación Europea de Sindicatos (CES) propuso por primera vez el Protocolo de Progreso Social en respuesta a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en favor de las libertades económicas. El llamamiento se retomó el año pasado, en las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, y el Parlamento Europeo aprobó una Resolución en la que pedía la incorporación del Protocolo de Progreso Social a los Tratados de la UE.

El Grupo de Empresarios del CESE afirmó que, en su opinión, los derechos sociales y los derechos económicos deben gozar del mismo nivel de protección y que el Protocolo podría socavar gravemente los propios cimientos del progreso social. (ll)