De los casi 500 millones de personas que viven en la UE, la mitad aproximadamente son mujeres. Y aproximadamente sobre un tercio de las mujeres de la UE se ha ejercido violencia en algún momento de su vida por el mero hecho de ser mujeres, según un estudio de 2014 de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales.

Estamos hablando de una epidemia de violencia contra las mujeres: se ejerce violencia contra ellas en la pareja, en la familia, en el trabajo, en las calles. Estamos hablando de una forma de terrorismo contra las mujeres que se cobra miles de víctimas cada año en mujeres muertas, heridas, maltratadas, humilladas, violadas, agredidas, ofendidas, insultadas, amenazadas, etc.

Por lo tanto, la violencia contra las mujeres es una cuestión de derechos humanos, esto es, de vulneración de los derechos humanos por el hecho de ser mujer: el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la seguridad, el derecho a no ser discriminadas, el derecho a la intimidad, etc.

Por lo tanto, es responsabilidad de los poderes públicos de los Estados miembros y de las instituciones de la UE garantizar los derechos humanos de las mujeres: la propuesta de Directiva presentada por la Comisión el pasado 8 de marzo —Día Internacional de la Mujer— es un primer paso imprescindible y urgente.

El CESE celebra la innovación normativa que supone una Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres desde un enfoque interseccional. Dicha Directiva es ampliamente demandada por la sociedad.

Asimismo, dado el alcance y extensión de las múltiples formas de violencia que sufren las mujeres es necesario que las políticas para luchar contra las mismas no sean políticas neutrales, sino que se desarrollen con una clara e inequívoca perspectiva de género, planteada de manera que facilite la comprensión de su necesidad y efectividad.

Es necesario abrir el debate sobre la violencia contra las mujeres en la UE y diseñar mecanismos para definir las conductas perseguibles como violencia, establecer las penas y sus circunstancias agravantes. Pero también es necesario fijar procedimientos para proteger a las víctimas y garantizar el acceso a los procedimientos judiciales en condiciones de seguridad y sosiego además de asegurar mecanismos de ayuda e inserción para ellas.

El CESE propone que se incluyan medidas concretas como parte del diálogo social y de la negociación colectiva para garantizar el mantenimiento del empleo de las víctimas de violencia contra las mujeres y la inserción laboral de aquellas víctimas que carezcan de empleo.

Por otro lado, todos sabemos que los problemas sociales no se resuelven solo a través de la vía penal, que el castigo no debe ser la única vía y que por lo tanto deben establecerse políticas multidisciplinares educativas y de sensibilización: debemos evitar que surjan maltratadores a través de la educación y la cultura, educando en igualdad y respetando la diversidad

Habida cuenta del papel que la educación tiene en la conformación de roles y estereotipos de género, debiera proyectarse su papel preventivo —en particular mediante una educación integral en materia de sexualidad— sobre todas las etapas educativas, y debiera incluirse de forma explícita en la cooperación institucional la participación de la comunidad educativa, de las organizaciones de la sociedad civil (especialmente de las asociaciones feministas), de los interlocutores sociales y de las comunidades afectadas.

Finalmente, el CESE muestra su profunda preocupación por que la actividad de la extrema derecha haya situado como objetivo a combatir las propuestas de igualdad entre hombres y mujeres y, especialmente, por la negación sistemática de la violencia estructural contra las mujeres, aquella que sufren por el mero hecho de ser mujeres. Dicha negación no solo intoxica la convivencia en igualdad, sino que ataca los valores y principios consagrados en el artículo 2 del TUE.