Por el Grupo de Empresarios del CESE

El Grupo de Empresarios del Comité Económico y Social Europeo ha presentado sus prioridades políticas para 2023 y el período posterior.  En un documento titulado «Impulsar la prosperidad para todos – Agenda de competitividad para la UE», el Grupo ha esbozado una serie de medidas necesarias para restaurar la confianza de las empresas y lograr la prosperidad para toda la ciudadanía.

«Las empresas contribuyen al bien común día tras día. Son parte integrante de la sociedad, desempeñan un papel fundamental en la creación de empleo y proporcionan bienes y servicios sostenibles que mejoran la calidad de vida de las personas, incluso en tiempos de crisis», afirmó Stefano Mallia, presidente del Grupo de Empresarios. «Pero si queremos garantizar que las empresas sigan marcando la diferencia, necesitamos una agenda de competitividad de la UE».

El documento del Grupo describe una nueva senda económica e industrial que sería válida para todas las empresas (industria, servicios y agricultura).  Las prioridades del Grupo de Empresarios, que se basan en dos pilares —crear un bien común y centrarse en los aspectos esenciales—, preconizan tres ámbitos de actuación:

en primer lugar, el acceso a los recursos de producción básicos a precios competitivos. Esto se aplica tanto a la energía, las materias primas y la mano de obra como al capital y los datos, lo que supone no solo mejorar las condiciones para la producción interna de energía y materias primas y para crear ecosistemas resilientes y diversificar los proveedores extranjeros, sino también garantizar la disponibilidad de una mano de obra cualificada adecuada, facilitando la movilidad y la migración económica, así como establecer sistemas eficaces de aprendizaje permanente que anticipen el cambio.

En segundo lugar, debemos mejorar los mercados abiertos para que se apliquen las mismas normas. Sobre la base de los beneficios y los avances realizados en los últimos treinta años de funcionamiento del mercado único, la UE debe determinar de manera continua y decidida las barreras del mercado y eliminarlas sistemáticamente, evitando al mismo tiempo crear otras nuevas. Los Estados miembros deben adherirse a normas comunes y evitar la sobrerregulación y la adopción de nuevas normativas nacionales contrarias a las normas de la UE, con el fin de evitar la fragmentación del mercado y la pérdida de economías de escala.

En tercer lugar, debemos garantizar una regulación y una fiscalidad que sean favorables a las empresas. Las empresas necesitan un marco político que fomente el espíritu empresarial y anime a las empresas a innovar, invertir y comerciar. Este requisito se aplica tanto a la regulación y la fiscalidad como a la asignación de fondos públicos. La introducción de un «control de la competitividad», que nosotros los empleadores hemos reclamado durante los dos últimos años, forma parte de la solución. Pero también es necesario acelerar los procedimientos de concesión de permisos para impedir la deslocalización e impulsar la competitividad

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