El CESE defiende un conjunto de principios comunes para los servicios públicos con el fin de ayudar a los Estados miembros a respetar plenamente la democracia y el Estado de Derecho.

En un Dictamen aprobado por el pleno el 2 de diciembre, el CESE señala que los servicios públicos, al garantizar un acceso equitativo y universal a los servicios para todos, incluidos los colectivos vulnerables y desfavorecidos, contribuyen al progreso social y a una sociedad dinámica. Pueden actuar como «estabilizadores automáticos» cruciales en períodos de crisis, que han aumentado en los últimos años en ámbitos como la seguridad, la economía, el asilo, el medio ambiente, el clima y la salud.

El ponente del CESE, Christian Moos, explica: «La administración pública y los servicios públicos son el vínculo más importante entre los gobiernos y la sociedad civil. Son fundamentales para la resiliencia de la democracia liberal en Europa. La UE necesita mecanismos eficaces para garantizar el pleno respeto del Estado de Derecho y la imparcialidad de la administración pública en todos los Estados miembros».

Un conjunto de principios comunes

El CESE ha definido un conjunto de principios comunes para los servicios públicos y las administraciones públicas:

• El derecho a una buena administración refuerza la confianza de la sociedad. La transparencia de los servicios públicos garantiza una supervisión independiente y contribuye a la lucha contra la corrupción.
• Los servicios públicos tienen una función de protección en relación con el Estado de Derecho. Las condiciones de empleo del personal de los servicios públicos deben garantizarles la posibilidad de negarse a obedecer instrucciones de servicio ilegales. 
• A pesar de la digitalización, los servicios públicos deben garantizar el libre acceso a la información y permanecer a disposición de cada persona.

El CESE también señala que los servicios públicos deberían ser interoperables a nivel europeo. Deberían permitirse los intercambios y la rotación de puestos de trabajo entre los servicios públicos de los Estados miembros. Todos los servicios públicos que participan en la asignación de los fondos europeos deben respetar y aplicar los principios relativos a los servicios públicos. (na)