Elogiado como un hito histórico en el momento de su adopción en mayo de 2024, el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE aún no ha demostrado su valor. Pero los retos que nos aguardan en 2025 no serán fáciles: en un entorno geopolítico excepcionalmente incierto, la complejidad inherente al Pacto y el ajustado plazo para su aplicación requerirán cautela y la búsqueda de un delicado equilibrio – Análisis de Camille Le Coz, del Migration Policy Institute Europe (MPI Europe)

A principios de 2025 se plantean cuestiones apremiantes sobre el futuro de las políticas migratorias en la Unión Europea (UE). La nueva Comisión Europea ha trazado un rumbo claro con su plan de aplicación del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, pero las circunstancias cambiantes amenazan con desviar la atención política y los recursos a otros asuntos. Las próximas elecciones de Alemania han añadido otra dimensión de incertidumbre, junto con las consecuencias del colapso del régimen de Assad y la impredecible trayectoria de la guerra en Ucrania. Prosiguen los debates sobre los modelos de externalización, pero estos esfuerzos a menudo se producen como maniobras políticas aisladas y no como parte de una estrategia europea coherente. Mientras tanto, la migración sigue siendo utilizada como arma en la frontera polaca con Bielorrusia, y esta instrumentalización da lugar a un número creciente de incumplimientos del Derecho de la Unión. Este año será fundamental para determinar si la Unión Europea puede adoptar un enfoque que fomente la confianza y posibilite una muy necesaria acción colectiva, o si se enfrentará a una mayor fragmentación.

En mayo de 2024, muchos responsables políticos europeos acogieron con satisfacción la adopción del Pacto como un hito histórico logrado tras años de arduas negociaciones. Justo antes de las elecciones europeas, este acuerdo puso de manifiesto la capacidad del bloque para unirse y hacer frente a algunos de sus problemas más complejos. Los objetivos del Pacto son fundamentales para abordar las tensiones en materia de responsabilidad y solidaridad, resolver la percepción de una crisis migratoria perpetua y acabar con las discrepancias entre los procedimientos de asilo entre los Estados miembros, con el fin de armonizarlos. Si bien el nuevo marco se basa en gran parte en el sistema existente, introduce medidas más estrictas, tales como el control sistemático, la mejora de los procedimientos de asilo y retorno en las fronteras y las excepciones a las normas comunes en tiempos de crisis. El Pacto también apuesta por una mayor europeización, ya que prevé la solidaridad obligatoria, el refuerzo del papel de las instituciones y agencias de la UE y el aumento de la financiación y la supervisión europeas.

Sin embargo, este impulso para la credibilidad de la UE en lo referente a la gestión de la migración como bloque podría acabar siendo efímero si los europeos no empezamos a aplicar las nuevas normas en mayo de 2026 a más tardar. Este plazo tan ajustado supone un reto especialmente difícil, ya que el Pacto requiere la creación de un sistema complejo, la movilización de recursos y la contratación y formación de personal, especialmente para los Estados miembros que se encuentran en primera línea. Aunque los Estados miembros han elaborado planes de acción nacionales, gran parte de este trabajo se ha llevado a cabo a puerta cerrada y sin difundir un mensaje político. Esta discrepancia plantea un riesgo cada vez mayor, ya que el liderazgo político es crucial para mantener el frágil equilibrio a escala de la UE.

Además, la aplicación del nuevo sistema requiere la formación de coaliciones entre las partes interesadas. Las agencias nacionales de asilo son fundamentales para que textos legislativos complejos puedan plasmarse en marcos prácticos, y las agencias de la UE —en particular la Agencia de Asilo de la UE— ya desempeñan un papel fundamental en este proceso. Igualmente importante es la participación de organizaciones no gubernamentales a fin de aprovechar sus conocimientos especializados y garantizar el acceso al control y el asesoramiento jurídicos de los nuevos procedimientos, entre otras cosas. Para apoyar estos esfuerzos hacen falta más enfoques colaborativos que incluyan consultas periódicas, mecanismos sólidos de intercambio de información y grupos operativos que se reúnan periódicamente.

En cambio, una parte importante de la atención se ha trasladado a las estrategias de externalización, que son consideradas por un número creciente de capitales europeas como una solución a los retos migratorios de la UE. El acuerdo Italia-Albania ha suscitado numerosos debates sobre su potencial para gestionar mejor los flujos migratorios mixtos, situando a Giorgia Meloni como una figura líder en este ámbito en toda Europa. Sin embargo, todavía no ha dado resultados y sigue siendo un acuerdo bilateral, lo cual excluye las contribuciones de otros socios europeos. Mientras tanto, otros Gobiernos están presentando modelos alternativos —como los centros de retorno— y formas de integrarlos en un enfoque a escala de la UE.

El retorno ocupará el centro del debate político en los meses venideros. De hecho, parte del Pacto depende del incremento de la celeridad de los retornos, especialmente en el caso de quienes estén siendo objeto de procedimientos fronterizos en los Estados de primera línea. La Comisión y los Estados miembros tratan de hacer frente a esta urgencia, dejando margen para determinar la idoneidad de los centros de retorno y con propuestas para revisar la Directiva sobre retorno previstas para marzo. Dada la brevedad de los plazos, el riesgo es que los europeos no reflexionen cabalmente sobre las lecciones aprendidas sobre el terreno, a pesar de los avances realizados durante la última década en ámbitos como el trabajo de acercamiento, el asesoramiento, el apoyo a la reintegración y el aprendizaje mutuo a escala de la UE. Además, Europa debe ser prudente para que la experimentación con modelos de externalización no perjudique sus relaciones con los países de origen ni debilite su posición en términos generales.

Este delicado número de equilibrismo se está desarrollando en un entorno excepcionalmente incierto, lo cual convierte la aplicación del Pacto en una prueba no solo para la gestión de la migración, sino también para el proyecto europeo de forma más general. La situación en la frontera polaca, en particular, pone de relieve los retos específicos que se plantean a la hora de observar normas vinculantes bajo presión de un vecino hostil. Por lo que se refiere a Siria y Ucrania, las capitales europeas deben estar preparadas para acontecimientos imprevistos. En el próximo año, será fundamental fomentar un liderazgo sólido a escala de la UE con el fin de aplicar nuevas normas y seguir explorando innovaciones que sean compatibles con un enfoque conjunto y lo fortalezcan. Esto implica centrar los esfuerzos en la creación de asociaciones resilientes con países prioritarios y evitar el desvío de recursos hacia maniobras políticas.

Camille Le Coz es directora asociada del Migration Policy Institute Europe, un instituto de investigación con sede en Bruselas que busca una gestión más eficaz de los sistemas de inmigración, integración de los inmigrantes y asilo, así como resultados satisfactorios para los recién llegados, las familias de origen inmigrante y las comunidades de acogida.