Si la UE está realmente decidida a contribuir a la sostenibilidad y a la movilidad inteligente —en particular a través del ferrocarril— es aconsejable y necesario proponer una actualización del Reglamento sobre las redes transeuropeas de transporte. Este es el principal mensaje del Dictamen titulado Revisión del Reglamento RTE-T y relativo a los corredores ferroviarios de mercancías, aprobado en el pleno de marzo.

El nuevo Reglamento actualizará el marco regulador vigente que se remonta a 2013 y contribuirá a alcanzar —en lo referente a la infraestructura— los objetivos fijados por el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente y el Plan de acción ferroviario. 

Al comentar la aprobación del Dictamen, el Sr. Back señaló queya es hora de proponer un nuevo Reglamento adaptado al contexto político actual y que integre las lecciones aprendidas en los últimos años. El enfoque consistente en reforzar las normas de implantación de la RTE-T constituye una excelente noticia, porque el despliegue de las normativa vigente ha acumulado considerables retrasos y resulta insatisfactorio.

El Comité valora particularmente la intención de la Comisión Europea de centrar su propuesta en la cohesión, lo cual significa garantizar la accesibilidad y conectividad de todas las regiones de la Unión, tanto para el tráfico de pasajeros como para el de mercancías. Por otra parte, el nuevo Reglamento favorecerá también una coordinación y una interconexión eficientes entre, por un lado, el tráfico de larga distancia y, por otro, el tráfico regional y local y los servicios de transporte en los nodos urbanos.

Desde un punto de vista técnico, el CESE está de acuerdo en armonizar cada vez más los requisitos de infraestructura de la red básica y la global y para permitir básicamente diferenciar entre las dos categorías mediante la fijación de un plazo hasta 2030 para la ejecución de la red básica, hasta 2040 para la denominada red básica ampliada y hasta 2050 para la red global. En cuanto al plazo de 2030, el CESE vuelve a expresar las dudas que manifestó sobre su viabilidad en su informe de evaluación de 2020, aunque considera que el plazo debe mantenerse para ejercer presión sobre los Estados miembros. (mp)