Por Stefano Palmieri
Grupo de Trabajadores del CESE

Los solapamientos entre los informes Letta y Draghi son abundantes, pese a presentar análisis y proponer estrategias sumamente diferentes.

Centrémonos por ejemplo en la política de cohesión, que desempeña un papel crucial en el informe Letta, al asegurar que los beneficios del mercado único se distribuyen entre el conjunto de la ciudadanía y de las regiones de la Unión. Además, destaca el vínculo entre aquella y los servicios de interés general, esenciales para que los ciudadanos de la UE puedan residir y trabajar en el lugar de su elección. En cambio, el informe Draghi parece restar importancia tanto a la política de cohesión como a las dimensiones social y territorial de la competitividad. En el caso de Europa, aborda la competitividad sin tener en cuenta las disparidades territoriales, lo que deja leer entre líneas que tan solo por impulsar la competitividad global de la UE se resolverían los problemas que afrontan las regiones. Además, pasa por alto que, para muchas regiones, una baja competitividad y las desventajas territoriales representan las dos caras de una misma moneda.

En ambos informes se reconoce que la Unión ya no puede limitarse simplemente a mantener el statu quo. La urgencia y complejidad de las actuales crisis exigen un cambio de paradigma en la elaboración de las políticas europeas, posiblemente incluso mediante una reforma de los Tratados. ¿Estamos de verdad en condiciones de hablar sobre ampliación sin antes abordar la necesaria profundización de la integración política? Este debe ser también un cambio de escala. El marco financiero plurianual (MFP) vigente no es suficiente, está anclado en algo más del 1 % de la RNB de la UE y se ve limitado por la lógica desfasada del «justo retorno». Es necesario adoptar un nuevo enfoque que se inspire en el modelo del NextGenerationEU. Los retos extraordinarios deben aplacarse con soluciones contundentes, por ejemplo mediante la emisión de «activos seguros comunes» como ya ocurriera durante la pandemia.

El próximo MFP 2028-2034 pondrá a prueba las verdaderas intenciones de la UE, ya que establece prioridades para esos siete años. En este contexto, cabe esperar un debate abierto sobre los retos que afronta la UE, habida cuenta de las numerosas crisis en las que se ve sumida, y sobre los objetivos clave y los bienes comunes europeos que pretende proporcionar a sus ciudadanos.

Si se planteara la posibilidad de acometer una reforma legislativa, tal como se recomienda en ambos informes, sería importante recordar que la UE es la «economía social de mercado» más avanzada del mundo. Sus estrictas normas económicas, sociales y medioambientales constituyen elementos esenciales del éxito de este modelo, y no obstáculos al mismo. Por lo tanto, comparar la normativa europea con la estadounidense o la china carece de todo fundamento. Todos los esfuerzos de simplificación de la normativa europea deben seguir protegiendo y defendiendo las condiciones laborales, la seguridad de los trabajadores, los derechos de los consumidores, la cohesión social y económica y el crecimiento sostenible.

Europa ha llegado a entender, si bien tarde, que ya no basta con ser un gran mercado, sino que debe aspirar a lograr una mayor unidad, a profundizar la integración política y a elaborar políticas económicas, industriales, comerciales, exteriores y de defensa verdaderamente unificadas para salir adelante. Los próximos meses serán decisivos para configurar el futuro de Europa.