por el Grupo de Trabajadores del CESE

El 10 de noviembre fue el Día de la Igualdad Salarial 2021, una oportunidad para concienciar sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, que se sitúa por término medio por encima del 14 % en toda Europa y es aún mayor en algunos países. La tendencia está mejorando en algunos casos, mientras que en otros la actual tasa de mejora solo dará resultados satisfactorios dentro de unos cuantos milenios.

Esta divergencia desvela el problema subyacente del empleo precario, que suele afectar más a las mujeres que a los hombres (las mujeres ocupan el 58 % de los empleos con salario mínimo en Europa). Los salarios bajos afectan a todos los trabajadores, pero sobre todo a los más vulnerables. Una manera clave de colmar esta brecha es aumentar los salarios mínimos en Europa, garantizando así que todo el mundo reciba un salario digno.

Como muestra ETUC, aumentar el salario mínimo hasta el 60 % del salario mediano y el 50 % del salario medio reduciría la brecha salarial entre hombres y mujeres en un 25 % en Rumanía, un 19 % en Grecia, un 12 % en Polonia, un 11 % en Eslovaquia y un 10 % en España y Luxemburgo. Esta es otra de las razones fundamentales para reforzar la Directiva de la UE sobre salarios mínimos adecuados.

Como señaló el CESE en marzo de este año, garantizar que los salarios mínimos sean dignos y reforzar la negociación colectiva es imperativo para hacer que la sociedad sea estable e innovadora y promover el bienestar. Sin embargo, los salarios dignos también son importantes para sacar a las personas de la pobreza y protegerlas de ella, así como para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas vulnerables, una categoría que por desgracia sigue incluyendo a las mujeres. La brecha va más allá de los salarios y afecta también a las pensiones: la brecha para los jubilados se sitúa en el 30 % como resultado de las considerables diferencias en las contribuciones a la seguridad social a lo largo de la vida laboral de cada grupo. En algunos casos, como Malta, esta brecha en materia de pensiones se eleva a más del 42 %.

La sociedad civil y los interlocutores sociales, junto con las instituciones europeas y los gobiernos nacionales, deben seguir presionando para colmar la brecha. Esta presión es una parte esencial de una campaña más amplia que tiene por objetivo garantizar la justicia social y construir un futuro mejor para Europa. (prp)