El Comité Económico y Social Europeo ha instado a las instituciones de la UE a mostrar tolerancia cero ante las actitudes y prácticas de los Estados miembros que obstaculizan el trabajo de la sociedad civil y reducen su espacio en Europa.

A fin de combatir estas tendencias, el CESE pide a la UE que adopte una serie de medidas —como retener los fondos de la UE en el caso de los países que no respeten los valores de la UE— para garantizar la plena participación de la sociedad civil en todas las etapas de la elaboración de políticas y proteger la democracia participativa en Europa.

En su Dictamen sobre el tema El papel de las organizaciones de la sociedad civil como guardianas del bien común en la recuperación posterior a la pandemia, el CESE señaló que siguen existiendo numerosos obstáculos para la sociedad civil europea, cuyo espacio se está reduciendo de forma drástica en algunas partes de la UE. Esto es así a pesar de que la sociedad civil desempeñó un papel clave para amortiguar los efectos de la pandemia y de que su ayuda a los refugiados ucranianos fue ejemplar desde el primer día de la agresión rusa.

«La sociedad civil ha sido un factor poderoso para ayudar a nuestra sociedad a sobrellevar la pandemia de COVID-19. Y, ahora, la crisis de Ucrania ha demostrado claramente el valor y la importancia de la sociedad civil para nuestras democracias», afirma el ponente del Dictamen, Ioannis Vardakastanis.

En un momento en el que la sociedad civil va a desempeñar un papel clave en la reconstrucción tras los efectos devastadores de la crisis de la COVID-19, que exigirá la participación de todos los sectores de la sociedad, la UE debe garantizar el diálogo entre la sociedad civil y los responsables políticos. La ausencia de ese diálogo es uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta la sociedad civil europea en todos los niveles.

Otro obstáculo es la ausencia de una participación significativa de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones relativos a políticas y leyes de calado.

El CESE considera que las instituciones de la UE deben mostrar «tolerancia cero» ante estas actitudes y reaccionar «con firmeza y sin concesiones», ya que la inclusión de la sociedad civil en el proceso de elaboración de políticas es inseparable de los valores y Tratados de la UE. Deben establecerse normas legales a nivel europeo y nacional para acabar con estas prácticas.

Las organizaciones deben recibir apoyo financiero y técnico de las autoridades de la UE, nacionales y locales para desarrollar sus funciones, pero sin que se vea comprometida su independencia. (ll)