CESE info: ¿Qué impacto ejerce la transición energética en el empleo de las regiones que la están atravesando y qué propuestas tiene el CESE para mitigar ese impacto?

María del Carmen Barrera Chamorro: Las experiencias hasta ahora han sido muy variadas, con algunos éxitos y muchos fracasos. Sin embargo, es fundamental garantizar el éxito de la transición energética en lo que respecta al empleo. Sin garantías de empleo sostenible, protección social y apoyo a las empresas para que puedan afrontar la transición, no habrá un futuro competitivo y próspero en Europa.

El CESE considera que los planes territoriales de transición energética deben ir acompañados de los debidos convenios o acuerdos de concertación social justa en los que la creación, la preservación y el mantenimiento del empleo sostenible de calidad y el acompañamiento de las personas sean condiciones necesarias al diseñar, aplicar y evaluar las medidas previstas, entre las que se cuentan los fondos destinados a promover la transición energética.

Igualmente, necesitamos integrar mejor las políticas del mercado laboral en la legislación y las políticas medioambientales y energéticas, ofreciendo incentivos para el empleo sostenible de calidad. Se necesitarán fondos para compartir los costes de los procesos de reestructuración temporal o permanente y los programas de reciclaje profesional que tienen por objetivo mejorar la empleabilidad en una economía descarbonizada.

Todo esto debe respaldarse con políticas de bienestar social, como unas garantías de acceso universal a los servicios energéticos, ingresos de sustitución, ingresos mínimos adecuados, etc. La integración de estas políticas, como parte del plan de desarrollo del pilar europeo de derechos sociales, debe lograrse siempre a través del diálogo social y la negociación colectiva.

Asimismo, revisten gran importancia unas políticas públicas y privadas de inversión y compensación social más sólidas, dados los efectos negativos en la competitividad de las empresas y las pymes de la UE y en los hogares más vulnerables.

Por último, necesitamos una política de cohesión renovada que dé prioridad a los vínculos mutuos entre la transición energética, los mercados laborales y el desarrollo regional. Y para ello son necesarios mecanismos de seguimiento y evaluación del buen uso de los fondos para aumentar la participación de los entes locales y regionales y los interlocutores sociales.