Por Christian Moos

La preocupación por las injerencias malévolas de Estados hostiles como Rusia no son en absoluto infundadas, como ponen de manifiesto los numerosos casos de concesiones de préstamos ventajosos a partidos de extrema derecha, nombramientos de viejas glorias políticas en consejos de supervisión, adjudicaciones de contratos lucrativos a empresas con fines cuestionables y financiación de presuntas ONG.

Ante tal panorama, queda claro que nuestro deber consiste extremar todas las precauciones de cara a las elecciones europeas. El paquete de Defensa de la Democracia formula algunas recomendaciones útiles para los Estados miembros, pero llega demasiado tarde. Para empezar, porque la Comisión lo publicó con retraso. Más tarde, a principios del verano de 2023, lo aplazó más de medio año ante las fuertes y, sobre todo, unánimes críticas que había recibido la propuesta legislativa que debía contener.

Sin embargo, la publicación del paquete en diciembre no hizo sino confirmar los peores temores: la propuesta de Directiva tendría el efecto de estigmatizar a las ONG que reciben financiación de Gobiernos de terceros países, como Estados Unidos. Por sí sola sirve de justificación para que los Gobiernos autoritarios invoquen leyes sobre agentes extranjeros en un intento por silenciar a la oposición democrática.

Además, la propuesta de Directiva ofrece definiciones vagas y sirve en bandeja enormes lagunas a los verdaderos agentes de Moscú. Los representantes de la sociedad civil organizada se preguntan los motivos por los que la Comisión no establece un registro general de transparencia cuyo ámbito se extienda a todos los grupos de interés y que sea compatible con la legislación vigente a escala nacional y cree una base jurídica clara y segura para todas las partes interesadas.

La Comisión debería retirar este proyecto de Directiva y adoptar un enfoque más global para el texto que le sucederá en 2025 que no haga el juego a los enemigos de la democracia.