Por Thomas Kattnig

El aumento de los alquileres, la fuerte subida de los precios de los bienes inmobiliarios y unos salarios que no siguen el ritmo de la inflación hacen que un número cada vez mayor de personas no pueda permitirse una vivienda. La crisis de la vivienda en la UE es un fenómeno real,

que se refleja en un incremento de los costes sanitarios, pérdidas de productividad, daños medioambientales y consecuencias económicas negativas derivadas de la reducción del poder adquisitivo.

Como portavoz de la sociedad civil organizada, el CESE considera que deben adoptarse medidas urgentes para subsanar las deficiencias del mercado de la vivienda. En consecuencia, pedimos a la Comisión que colabore con el Parlamento, los Estados miembros y la sociedad civil para elaborar un paquete integral de medidas de la Unión en que se determinen condiciones marco y se consagre el derecho a la vivienda, de conformidad con el pilar europeo de derechos sociales y la Carta de los Derechos Fundamentales.

Por este motivo, acogemos favorablemente el nombramiento de un comisario de Energía y Vivienda y el anuncio de que se presentará un plan europeo de vivienda asequible en los próximos cien días. Entre otras cosas, necesitamos crear un registro de transparencia a escala de la UE para las transacciones inmobiliarias, alcanzar una coordinación más racionalizada, establecer unos procedimientos de concesión de permisos más eficientes, mejorar la ordenación del territorio, disponer de suelos asequibles para la edificación de viviendas sociales, impulsar las inversiones en renovación y construcción respetuosa con el clima, y poner en marcha el programa «Housing First» (La vivienda primero), cuyo objetivo es volver a ofrecer seguridad y perspectivas a las personas sin hogar. Reclamamos que se reconozca la vivienda como un derecho fundamental, y no una mercancía, mediante su consagración en el Derecho primario de la UE.

Al mismo tiempo, manifestamos nuestro acuerdo con la afirmación formulada en el informe Letta de que el acceso a la vivienda social debe definirse de manera más amplia en la legislación sobre ayudas estatales.

Además, el CESE pide un aumento significativo de las ayudas financieras a la vivienda social. En primer lugar, la inversión pública en vivienda social debe quedar excluida de las normas de endeudamiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En segundo lugar, los promotores inmobiliarios sin ánimo de lucro y las cooperativas, así como los entes locales, deberían poder obtener préstamos a largo plazo con tipos de interés cero a través de la plataforma de inversión prevista o del Banco Europeo de Inversiones.

Los alquileres de corta duración, que constituyen un problema en muchas grandes ciudades europeas, reducen aún más la cantidad de viviendas disponibles. Para hacer frente a este fenómeno, es preciso aprobar un conjunto de instrumentos a escala de la UE con diversas herramientas, como los impuestos sobre los inmuebles desocupados y los límites máximos de los alquileres, a fin de permitir a los Estados miembros adoptar las medidas adecuadas.

También deberá prestarse una atención especial a satisfacer las necesidades de vivienda de los jóvenes a través de programas específicos como «Housing First for Youth» (HF4Y) (La vivienda primero para la juventud) e incluir a las personas con discapacidad.

Para garantizar que la vivienda no solo sea asequible, sino también sostenible, debe darse prioridad a la renovación y la rehabilitación frente a las nuevas construcciones. A fin de facilitar dichas renovaciones, pedimos una combinación de medidas obligatorias y de apoyo para garantizar que se lleva cabo una acción justa por el clima. Se necesitan instrumentos de financiación para que cualquier persona pueda llevar a cabo renovaciones térmicas y energéticas, independientemente de su situación económica. Al mismo tiempo, deben establecerse obligaciones para los propietarios, en particular los arrendadores, a fin de proteger a los inquilinos de los aumentos desproporcionados de los alquileres como consecuencia de la repercusión a los segundos de los costes que los primeros soportan.

Por último, subrayamos que la crisis de la vivienda no solo afecta negativamente a la calidad de vida de la ciudadanía europea, sino que también amenaza el buen funcionamiento del mercado interior de la UE. Por consiguiente, se requiere una estrategia de vivienda de la UE que permita aumentar la oferta, introducir medidas para reducir los costes de construcción, ayudar a mejorar las capacidades de los trabajadores, incrementar la productividad y mejorar el comportamiento medioambiental de la industria de la construcción.