La Comisión Europea presentará en breve el conocido como «paquete ómnibus», un paquete de reformas legislativas en materia de obligaciones de información corporativa,  que tiene por objeto simplificar y racionalizar la normativa en materia de sostenibilidad y reducir las obligaciones de presentación de información por parte de las empresas. Desde que se anunciara en noviembre, ha causado conmoción en toda Europa, suscitando un amplio debate y un gran rechazo de varios grupos. A organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, empresas, inversores, juristas y académicos les preocupa que el paquete ómnibus pueda dar lugar a una desregulación, así que instan a la Comisión a que proteja instrumentos disponibles, en lugar de debilitarlos.  Andriana Loredan, de la Coalición Europea para la Justicia Corporativa, explica lo que está en juego y las razones por las que las organizaciones de la sociedad civil, como la suya, se oponen a este paquete.

La competitividad como pretexto para desregular la tan necesaria normativa en materia de sostenibilidad

El paquete ómnibus se centra en tres instrumentos clave de sostenibilidad que constituyen el núcleo del Pacto Verde Europeo, a saber, la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y el Reglamento sobre la taxonomía. Este paquete es consecuencia directa del cambio de rumbo de la nueva Comisión, que comenzó en septiembre de 2024 con el informe de Mario Draghi sobre el futuro de la competitividad europea, en el cual se achaca el estancamiento de los mercados de la UE en parte a la excesiva carga normativa que soportan las empresas. No obstante, el informe pasa por alto a su antojo otros factores clave, como la inflación de los precios del petróleo, el gas o los alimentos impulsada por la especulación de las empresas multinacionales. Según el informe Draghi, el marco de información en materia de sostenibilidad y diligencia debida de la UE constituye una fuente importante de cargas normativas. Sin pruebas que demuestren que la falta apreciable de competitividad en la UE se debe a la legislación en materia de sostenibilidad, esta perspectiva restringida se ha convertido en un pretexto para poder desmantelar por completo la legislación en dicha materia.

Concretamente, con este paquete ómnibus la Comisión pretende simplificar algunos de los instrumentos más importantes que se han adoptado en los últimos tiempos para abordar el impacto que las grandes empresas tienen en las personas y el medio ambiente. Entre dichos instrumentos figura la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que no se adoptó hasta el año pasado y sigue en período de transposición.

Por el momento, debatir el contenido del paquete ómnibus equivale a especular. No obstante, uno de los mayores riesgos que entraña es reabrir la tramitación legislativa de los instrumentos de sostenibilidad, que podría llevar a una renegociación de disposiciones clave (como la responsabilidad civil o los planes de transición para la mitigación del cambio climático aprobados en el marco de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad). La Coalición Europea para la Justicia Corporativa se opone con firmeza a devolver a trámite una legislación que ya ha sido objeto de negociación, ya que ello supondría aumentar la incertidumbre normativa, correr el riesgo de que las empresas no respeten los derechos humanos ni el medio ambiente y penalizar a los pioneros en este ámbito.

Una influencia empresarial desproporcionada en un proceso de consulta deficiente

La Comisión ha anunciado y elaborado la propuesta del paquete ómnibus sin ninguna transparencia y sin tener en cuenta el Derecho primario de la UE ni sus propias normas de procedimiento.

La Comisión tiene la intención de presentar su iniciativa ómnibus en breve, sin dejar tiempo para efectuar una evaluación de impacto ni una consulta pública adecuadas. Este enfoque contraviene el derecho de participación en los procesos decisorios de la UE —un principio democrático protegido por el Derecho primario de la Unión— y las propias directrices para la mejora de la legislación de la Comisión, que exigen llevar a cabo consultas amplias y transparentes con las partes interesadas durante el procedimiento de elaboración de políticas de dicho órgano ejecutivo.

En cambio, en febrero de 2025 la Comisión celebró una suerte de «consulta» —a la que llamó reality check («comprobación de la situación real»)— con una pequeña selección de partes interesadas, principalmente grandes empresas y asociaciones empresariales, muchas de las cuales se enfrentan a acusaciones por haber vulnerado los derechos humanos o por haber dañado el medio ambiente con sus propias actividades o a lo largo de su cadena de valor. Vemos así que el debilitamiento de la legislación en materia de sostenibilidad responde a los intereses particulares de dichas empresas, y ello a expensas de los trabajadores, las comunidades locales y el clima. Además, la representación desproporcionada de grandes empresas contrastó considerablemente con la poca presencia de la sociedad civil: la concurrencia de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y las pequeñas empresas fue simbólica, y las víctimas de abusos empresariales y las empresas que abogan por normas de sostenibilidad quedaron completamente excluidas del debate.

El paquete ómnibus puede suponer una amenaza a las ambiciosas políticas climáticas

La presidenta Ursula von der Leyen y el comisario Valdis Dombrovskis, que supervisa todo el impulso de la «simplificación», parecen estar ajustándose a los planes de las empresas más grandes y poderosas. En particular, entre los principales socios de la Comisión presentes durante la denominada reality check se encontraban corporaciones cuyas actividades contribuyen significativamente al cambio climático y que tienen interés por reducir las obligaciones en materia de clima, como las empresas en los sectores del petróleo, el gas, la petroquímica, la automoción y las finanzas. La actual crisis climática y sus efectos adversos en las personas y el medio ambiente hace temer que el paquete ómnibus suponga un retroceso para las políticas climáticas.

La prioridad de la Comisión debería ser la aplicación, no la desregulación

Si a la Comisión de verdad le preocupara la competitividad y la reducción de la carga normativa, así como los derechos humanos y la justicia climática, buscaría formas efectivas de aplicar los instrumentos de sostenibilidad, lo cual puede lograrse fácilmente elaborando directrices para prestar asistencia a las empresas y a las autoridades de los Estados miembros, tal como se especifica en la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, e impulsando la financiación y el desarrollo de capacidades. Tal enfoque daría respuesta a las críticas formuladas en el informe Draghi sobre la falta de orientaciones para facilitar la aplicación de la legislación de la legislación de la UE en materia de sostenibilidad.

En definitiva, cuesta creer que reformular las normas esenciales en materia de sostenibilidad junto a algunas de las mayores empresas del mundo, en secreto y a puerta cerrada, sea el camino para lograr una verdadera competitividad. 

Andriana Loredan es responsable de políticas en la Coalición Europea para la Justicia Corporativa y ha defendido la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad desde que la propuesta se publicara por vez primera en 2022. Anteriormente trabajó para la organización internacional contra la esclavitud sobre las empresas y los derechos humanos desde la perspectiva del trabajo forzoso.