La UE debe resistir los cantos de sirena de la desregulación, que solo generaría inseguridad para las empresas, debilitaría la competitividad impulsada por la sostenibilidad y erosionaría el bienestar y la confianza de los ciudadanos, afirma Danny Jacobs, director general de la red medioambiental de Flandes Bond Beter Leefmilieu – BBL, que compartió con nosotros las preocupaciones de las ONG medioambientales en relación con la última propuesta de la UE de simplificar los Reglamentos, al temer que queden relegadas las principales ambiciones del Pacto Verde Europeo.

¿Podría comentar las últimas iniciativas de la Comisión en materia de desregulación, como la Brújula para la Competitividad o el paquete ómnibus?

La Comisión Europea ha presentado un programa de desregulación y simplificación motivado por consideraciones económicas que puede poner en peligro los logros medioambientales, sociales y económicos alcanzados con mucho esfuerzo. Esta tensión entre la adaptación y la preservación del acervo europeo dificulta que la UE adopte un rumbo claro.

La Brújula para la Competitividad de la Comisión, presentada a finales de enero, se hace eco de la preocupación de las empresas por los costes de la energía y los retos económicos, pero relega a un segundo plano prioridades clave como la contaminación cero y el bienestar de los ciudadanos, al no orientar la economía europea hacia un futuro limpio, próspero y circular. La Brújula entraña el riesgo de desviar a Europa de sus objetivos. Fomentar una descarbonización competitiva sin integrar objetivos sociales y medioambientales socava la finalidad misma de las instituciones de la UE de servir al bien común y defenderlo.

Lo que preocupa a las organizaciones de la sociedad civil es el arriesgado objetivo de simplificación del 25 % en el marco de la Brújula. Aunque la racionalización de la normativa es positiva, la simplificación sin evaluaciones exhaustivas podría socavar protecciones sanitarias, sociales y medioambientales fundamentales. No es la regulación la que obstaculiza la innovación empresarial, sino la falta de normas claras. Una mayor desregulación solo crearía un clima de incertidumbre, penalizando a los pioneros (las empresas que asumen el liderazgo), al tiempo que dañaría el progreso y la sostenibilidad.

También tememos que este impulso simplificador vaya en detrimento de los objetivos medioambientales y sociales. La Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y la taxonomía de la UE presentan muchas deficiencias y no han llegado todo lo lejos que hubieran podido. Si se debilitan aún más, dado que el punto de partida ya era bajo, estas Directivas dejarían de tener sentido.

Otro ejemplo concreto pone de relieve la situación actual.  Flandes se ha enfrentado a un inmenso problema con las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) en los últimos años: gran parte de nuestro territorio está contaminado por estas sustancias químicas y cientos de miles de ciudadanos se ven afectados. Establecer una restricción o prohibición en virtud de la legislación sobre sustancias químicas (REACH) se considera la herramienta más eficaz para controlar los riesgos que plantean las sustancias, como las PFAS, que se utilizan en procesos industriales, así como en productos (mezclas y artículos). Si la Comisión Europea dejara de reconocer la importancia de una normativa REACH estricta, aumentaría el riesgo de exposición a sustancias químicas peligrosas, algo perjudicial para la salud pública. Las empresas tendrían menos obligaciones de buscar alternativas seguras, lo que inhibe la innovación en química sostenible. La contaminación ambiental podría aumentar, ya que unas normas menos rigurosas dan lugar a vertidos y residuos más peligrosos. Los consumidores corren un mayor riesgo porque los productos no se someterían a un control tan exhaustivo de las sustancias tóxicas. Esto podría dar lugar a que las empresas europeas se queden rezagadas en la transición mundial hacia productos más seguros y respetuosos con el medio ambiente, perdiendo cuota de mercado en favor de los competidores que adopten innovaciones preparadas para el futuro.

¿Es optimista sobre el destino del Pacto Verde a la luz del nuevo curso que ha anunciado la Comisión para impulsar la economía europea?

El programa de trabajo de la Comisión Europea para 2025 es prometedor, pero también conlleva peligros. Si bien sus compromisos con la descarbonización y la energía asequible apuntan a una posible senda hacia una Europa más limpia y resiliente, las principales ambiciones del Pacto Verde Europeo corren el riesgo de quedar relegadas. La propuesta de Reglamento ómnibus suscita una creciente preocupación, dado que podría servir de puerta trasera para la desregulación de la responsabilidad de las empresas bajo el pretexto de la «simplificación». Las tendencias recientes muestran que la simplificación se utiliza con demasiada frecuencia para debilitar las salvaguardias esenciales, desde la legislación sobre sustancias químicas hasta la agricultura. La reforma precipitada de la política agrícola común (PAC) en marzo de 2024, que eliminó las salvaguardias ecológicas, es un claro ejemplo. Ahora, la tan esperada revisión del Reglamento REACH, diseñado en su día como una herramienta para proteger la salud pública y el medio ambiente, entraña el riesgo de reconvertirse en una medida de «simplificación» para facilitar las normas del sector.

Hace solo unos meses, la presidenta Von der Leyen prometió mantener el rumbo de todos los objetivos del Pacto Verde Europeo. Sin embargo, el actual programa de trabajo ofrece una visión diferente, quitando prioridad a los objetivos en los que más urge actuar, especialmente la ambición de lograr una contaminación cero.

¿Considera que la desregulación, tal como se propone, podría tener un impacto negativo en la sostenibilidad y en los avances logrados hasta la fecha?

La UE debe resistir los cantos de sirena de la desregulación, que solo socavaría la seguridad y la previsibilidad de la reglamentación para las empresas, debilitaría la competitividad impulsada por la sostenibilidad a largo plazo y erosionaría el bienestar y la confianza de los ciudadanos.

La UE debe velar por que la reducción de la burocracia no suponga una reducción de la protección del medio ambiente y de la salud pública. La aplicación inteligente debe reforzar y no socavar el Pacto Verde Europeo. Debilitar las principales protecciones medioambientales y sociales, so pretexto de reducir la burocracia, no es una estrategia de fortaleza económica. Se trata de un paso atrás imprudente que minará las normas concebidas con vistas a preparar nuestra economía para el futuro. Todo ello refuerza el alarmante riesgo de que se deshaga una década de avances en materia de sostenibilidad.

Al mismo tiempo, la sociedad civil está sometida a una presión cada vez mayor en toda la UE, mediante leyes restrictivas en materia de agentes extranjeros, represión de las protestas y recortes de financiación que suponen una amenaza para los derechos fundamentales. El Escudo Europeo de la Democracia y la próxima estrategia para la sociedad civil europea deben cumplir compromisos que no sean meramente simbólicos, sino que deben proporcionar protección jurídica, financiación sostenible y un diálogo civil estructurado con las instituciones de la UE. El programa de trabajo de la Comisión debe dar prioridad a la salvaguardia de la democracia mediante el fortalecimiento de la sociedad civil. Sin una sociedad civil independiente y dotada de recursos suficientes, la propia democracia europea está en peligro.

Danny Jacobs es el director general de Bond Beter Leefmilieu – BBL (una federación de 135 ONG medioambientales de Flandes, Bélgica) y representante belga en la Oficina Europea del Medio Ambiente (la mayor red europea de organizaciones ciudadanas medioambientales, que representa a unos treinta millones de miembros y simpatizantes).