El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha pedido modificaciones en las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea con el fin de que reconozcan y respondan mejor a las necesidades de las entidades de la economía social, que desempeñan un papel fundamental a la hora de hacer frente a los retos sociales.

En su Dictamen «Cómo apoyar a las entidades de la economía social de conformidad con las normas sobre ayudas estatales: algunas reflexiones a raíz de las propuestas del informe de Enrico Letta», aprobado en su pleno de enero, el CESE advierte de que las normas vigentes no están sirviendo para prestar un apoyo adecuado a esas empresas, que a menudo reinvierten sus beneficios en esfuerzos dirigidos a alcanzar objetivos sociales en lugar de repartirlos entre sus inversores.

«Queremos sensibilizar a más personas sobre los beneficios que reporta una regulación eficaz de la competencia y las ayudas estatales, tanto para las empresas de la economía social como para todo el sistema de servicios de interés general», ha afirmado el ponente del Dictamen, Giuseppe Guerini.

Las entidades de la economía social, que van desde cooperativas hasta mutualidades y fundaciones, emplean a más de once millones de personas en toda la UE, es decir, el 6,3 % de la población activa. Operan en ámbitos como los servicios sociales y sanitarios, las energías renovables y la reducción de la pobreza. A pesar de sus contribuciones, muchas de ellas se enfrentan a obstáculos sistémicos para garantizar el capital de inversión a largo plazo y transitar por los procesos de contratación pública, ya que es frecuente que el marco regulador actual no tenga en cuenta su carácter no lucrativo o solidario.

Entre otras cosas, el Dictamen del CESE destaca que las autoridades públicas están infrautilizando los instrumentos a su disposición, como el Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC) y el marco para los servicios de interés económico general.

Es por esa razón que el Comité pide que se simplifiquen y modernicen las normas excesivamente complejas y obsoletas que aún perviven en el marco del RGEC para apoyar el empleo de los trabajadores desfavorecidos y discapacitados, en consonancia con algunas de las recomendaciones del informe Letta sobre el mercado único.

Si bien se acoge con satisfacción el reciente aumento en los límites máximos de las ayudas de minimis (300 000 EUR para las empresas ordinarias y 750 000 EUR para las entidades de servicios de interés económico general), el CESE también sostiene que instrumentos más adaptados, como el RGEC o las disposiciones específicas sobre los servicios de interés económico general, abordarían mejor las necesidades de las entidades de la economía social en ámbitos como la salud y los servicios sociales. (ll)