Los Estados miembros de la UE deben fomentar el compromiso inclusivo, la transparencia y la apertura con la sociedad civil en todas las zonas en que se lleve a cabo la gestión de residuos radiactivos. Esto atañe tanto a las actuales comunidades receptoras como a aquellas que puedan tener interés en serlo, especialmente teniendo en cuenta que la generación anual de residuos radiactivos aumentará durante el próximo decenio y en años sucesivos.

En un dictamen aprobado en su pleno de octubre, el CESE adopta una posición firme. Arguye que la financiación disponible debería destinarse a la creación de capacidad entre los grupos de la sociedad civil —en particular las comunidades locales próximas a las instalaciones nucleares— para tomar parte de forma independiente en proyectos y estudios destinados a evaluar la participación y la transparencia en materia de gestión de residuos radiactivos.

El CESE recomienda que los Estados miembros informen sobre los métodos de participación pública en el proceso de toma de decisiones relativas a la gestión de los residuos radiactivos y sobre el modo en que se garantiza la transparencia. «El Comité pide a los Estados miembros que tomen medidas para garantizar el seguimiento y la divulgación periódica de la evolución medioambiental, socioeconómica y de salud pública en lo que respecta a la gestión de los residuos radiactivos», afirmó la ponente, Alena Mastantuono.

Los Estados miembros han de asumir sus responsabilidades y no trasladar a las generaciones futuras la carga de procesar los residuos nucleares, con independencia de su naturaleza, vida y grado de peligrosidad.

Dado que una elevada proporción del combustible nuclear usado puede reprocesarse, los materiales fisionables deben reciclarse, reduciendo así la necesidad de suministro de uranio natural para la explotación de los reactores nucleares. El uso de estrategias de economía circular permitiría a los Estados miembros minimizar la cantidad de residuos que deben tratarse mediante estrategias de gestión de residuos.

«Los Estados miembros deben asegurarse de que los análisis de costes de clausuras y de gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos tengan en cuenta la actualización de los costes. También deben velar por que la financiación sea suficiente para cubrir los costes reales», afirmó el coponente, Christophe Quarez. (mp)