El CESE considera que unas medidas más contundentes en cuatro ámbitos específicos mejorarían su eficacia, aunque celebra que se hayan aceptado muchas de sus propuestas.

En un Dictamen aprobado en su pleno de mayo, el CESE dio el visto bueno al plan de acción para la economía social de la Comisión Europea, que recoge muchas de las propuestas que el CESE ha formulado durante más de una década.

«Estamos encantados de que se apruebe este plan tan esperado, pero el trabajo no ha hecho más que empezar», afirma el ponente del Dictamen, Giuseppe Guerini. «Ahora es el momento de aplicar este plan con medidas audaces y a largo plazo. El CESE tiene muchas propuestas innovadoras y concretas para que el potencial de la economía social se aproveche plenamente en el mayor número posible de Estados miembros de la UE».

En el plan, el CESE señala cuatro ámbitos clave en los que cree que podrían adoptarse medidas más contundentes:

•    Formas más ágiles de cooperación entre las administraciones públicas y las empresas de la economía social que colaboran en el plano local en la prestación de servicios de interés general. La Directiva sobre contratación pública debe distinguir claramente entre la búsqueda del interés general y las actividades impulsadas por la competencia.

•    Una acción reguladora, posiblemente en forma de directrices, para aclarar los requisitos de acceso a las ayudas estatales y el importe de las ayudas disponibles para los Estados miembros, de modo que puedan utilizar toda la flexibilidad disponible para ayudar a las empresas de la economía social. No bastará con organizar talleres y seminarios web, como propone la Comisión.

•    Un sistema de créditos y préstamos garantizados, como el que ya existe para las pymes en toda la UE, establecido por los Estados miembros con el apoyo de la Unión. Está muy bien lanzar nuevos productos financieros para movilizar la financiación privada de las empresas de la economía social, pero muchas de ellas necesitan apoyo simplemente para acceder al crédito habitual.

•    Está bien aplicar a la economía social una fiscalidad específica, pero es preciso ayudar a los Estados miembros en su camino hacia una armonización fiscal coordinada, tal vez inspirada en las buenas prácticas de algunos de ellos, como exenciones fiscales sobre los beneficios no distribuidos, tipos reducidos del IVA y reducciones o exenciones de los costes de la seguridad social. (dm)