por el Grupo de Trabajadores del CESE

Las transformaciones industriales podrían traducirse en una mejora del empleo y las condiciones de trabajo, además de un crecimiento sostenible e integrador o podría dar lugar a una desigualdad y pobreza rampantes, una elevadísima tasa de desempleo para determinados grupos y, en última instancia, una fractura en la cohesión social que supondrá un peligro para la UE y la propia democracia.

No es ninguna casualidad que los cambios históricos en las condiciones materiales de producción y las relaciones laborales hayan sacudido en más de una ocasión los fundamentos mismos de la sociedad.

No obstante, la forma en que se produzca el cambio dependerá en gran medida de las decisiones políticas. En el último pleno de diciembre de 2020, el CESE aprobó un trascendental Dictamen sobre la transición industrial, solicitado por el Parlamento Europeo, que servirá de modelo de referencia para satisfacer la necesidad de equidad y justicia en la evolución tecnológica y económica de la industria y el mundo del trabajo.

La receta para superar la recesión económica provocada por la pandemia y establecer una economía y una sociedad más resistentes, modernas, ecológicas, digitales e inclusivas requerirá, ante todo, un fuerte componente social. El pilar europeo de derechos sociales debe estar en el centro de la transformación, para la cual es necesaria una participación clara, amplia y nutrida de los interlocutores sociales, así como un marco normativo firme y claro.

Este Dictamen establece, por tanto, el equilibrio necesario, que muchas veces se pasa por alto, no solo en términos medioambientales y económicos, sino también sociales: no dejar a nadie atrás no es un mero principio bien intencionado. Se trata de una necesidad si queremos impedir, por un lado, que el populismo termine lo que empezó tras la crisis de 2008 y, por otra, que se repitan las medidas de austeridad a las que dio lugar. (prp)